El panorama de seguridad pública y nacional en México ha sido un tema de constante debate y ajustes normativos. Las recientes reformas constitucionales y la creación de nuevas leyes en materia de seguridad pública apuntan a fortalecer la soberanía nacional y optimizar la lucha contra el crimen organizado. 

El “Edén” dejó de serlo. El otrora paraíso tabasqueño no solo ha sido golpeado en los últimos años por la desbordada inseguridad, sino también por los impactos del cambio climático, el cual se ha exacerbado por la actividad humana.

En un entorno donde hay crecientes presiones para aprovechar comercial y políticamente los datos personales, México ha hecho reiterados intentos para fortalecer su marco normativo en la materia.

En 2021 el expresidente Andrés Manuel López  aseguró que, ante fenómeno migratorio de Centroamérica y el Caribe, que se desbordó en México, se debía hacer algo diferente: “una política migratoria fincada en la cooperación para el desarrollo”.

Los ministros son la máxima instancia para interpretar la Constitución y las leyes federales para así, garantizar su correcta aplicación.

El criminal convicto, Donald Trump, regresó a la Casa Blanca con una sólida base electoral y respaldado por grandes grupos económicos multinacionales. Las primeras víctimas, de lo que él llama “hacer a Estados Unidos grande otra vez”, son los millones de migrantes irregulares (entre ellos 5 millones de mexicanos), a los que promete combatir con “medidas más agresivas “.