Ecocidio institucionalizado

Por Alejandro Ramos Magaña

El crecimiento acelerado de las ciudades (que están dando paso a convertirse en megaciudades) han puesto en riesgo a las tierras agrícolas, y también intensifican los problemas ambientales y de salud. Hoy las urbes son grandes devoradoras de recursos naturales y altamente contaminantes.

En el caso de México, los gobiernos en turno han  permitido que predominen patrones de uso de suelo caóticos, extremadamente desordenados con grandes huellas de ilegalidad. De alguna manera se institucionaliza el ecocidio en las ciudades, y limita las posibilidades de desarrollo regional sustentable.

La baja rentabilidad del suelo agrícola, las invasiones y despojos de tierra, así como la insuficiencia de terreno para uso habitacional, la especulación del suelo y las migraciones internas en el territorio nacional por cuestiones socioeconómicas, entre otros factores, han provocado que asentamientos humanos se establezcan de manera ilegal en áreas de conservación ecológica, en ejidos y hasta el superficies con vestigios arqueológicos.

Este columnista ha podido documentar, desde principios de este año, la lucha que mantienen casi 400 ejidatarios del Ejido de San Francisco Tlaltenco, Tláhuac, quienes desde 2019 han enfrentado a 12 grupos del crimen organizado que invadieron el suelo agrícola y han levantado viviendas, desde muy precarias hasta bien construidas, que incluyen comercios y bodegas. Estos grupos continúan expandiéndose mediante el uso de las armas y las amenazas a ejidatarios, logrando que algunos vendan sus parcelas por miedo y en otros casos los titulares de la tierra ha decidido mejor huir de la zona. 
Y hasta el momento ninguna autoridad ha puesto orden.

El punto más impactado por las invasiones es el Paraje Arco, conocida como la ciénega y se trata de tierra ejidal cuya actividad es agroindustrial, y no habitacional, y está denominada como suelo de conservación ecológica, de acuerdo con el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Tláhuac 2008. 
Además, el Paraje Arco posee la declaratoria de Sitio Patrimonio Mundial, Cultural y Natural por la UNESCO. A la fecha esta superficie se encuentra prácticamente destruida por los invasores.

Asimismo, en este mismo ejido se encuentra el Sitio Arqueológico conocido como Terremote-Tlaltenco, el cual ha sido sido afectado por la construcción de viviendas. Y pese a que, los ejidatarios, han denunciado el hecho ante las autoridades del gobierno de la Ciudad de México y al Ejecutivo Federal no han obtenido ninguna respuesta efectiva que conduzca a una alternativa de solución. Mientras los delincuentes siguen devorando el ejido.

El suelo de conservación ecológico de dicho ejido es de 140 hectáreas, pero por las invasiones se encuentran afectadas severamente 130 hectáreas. Hoy solo se siembra en 40 parcelas de un total de 513.  Y vale precisar que, durante la pandemia de COVID-19, entre 2020-2022, fueron los años donde se intensificó el número de invasiones. El modus operandi de los invasores es amenazar con armas a los ejidatarios para que “vendan” o abandonen sus parcelas.

Pese a que las autoridades del gobierno de la CDMX han identificado que los grupos armados pertenecen al Frente Popular Francisco Villa (con vínculos con Morena) y Antorcha Campesina (con nexos con el PRI y Morena), no han actuado conforme a derecho lo que permite que la impunidad siga reinando. Los delincuentes han impuesto su modelo de desarrollo urbano.

Los ejidatarios denuncian que uno de los promotores de las invasiones es el diputado federal de Morena, Rigoberto Salgado (exjefe delegacional de Tláhuac, 2015-2018) y hasta las actuales autoridades de la Alcaldía Tláhuac (morenistas).

Durante los dos últimos gobiernos de la CDMX los ejidatarios se han reunido en asambleas con  diversos funcionarios, pero hasta ahora los avances suman cero. En cada reunión los servidores públicos prometen actuaciones de las autoridades ambientales y de la Guardia Nacional, el Ejército y de la Fiscalía capitalina. Sin embargo, ninguna dependencia local ni federal asume el control.

En tanto, el ecocidio institucional a mano armada sigue devorando lo que un día fue un importante humedal del Valle de México.

Lamentablemente este tipo de casos se multiplican en el país; y hoy ante los otros impactos del cambio climático vale reiterar que sin árboles no puede haber agua, y los árboles ayudan a regular el clima, disminuyen la contaminación atmosférica por la retención de partículas suspendidas, permiten la conservación de la diversidad biológica y la captura de dióxido de carbono (CO2), el cual genera el calentamiento global.

Esa ha sido una tendencia de expansión urbana en la Ciudad de México sobre el suelo de conservación ecológica. Los cambios de uso de suelo de agrícola y forestal a urbano han sido intensos, y con ello la proliferación de viviendas precarias, sobreexplotación del acuífero y el incumplimiento de reglamentos de construcción.
Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco son las alcaldías que resienten el crecimiento acelerado de la Ciudad de México, pero con la característica de la expansión de asentamiento irregulares, en donde las políticas públicas de ordenamiento territorial han sido laxas o han estado ausentes.

Ejidatarios que vendieron sus parcelas y la constante invasión hormiga originaron, en más de cuatro décadas, que el suelo de conservación en la alcaldía de Tláhuac disminuyera considerablemente.
Tláhuac tiene una extensión de 8 mil 534.62 hectáreas, de las cuales 5 mil 674 estaban catalogadas como suelo de conservación y 2 mil 860 a zona urbana, pero debido a la ocupación y la presión demográfica desordenada se ha urbanizado más del 60%.

En los poblados de San Andrés Mixquic, San Francisco Tlaltenco (pueblo y ejido), San Juan Ixtayopan, San Nicolás Tetelco, San Pedro Tláhuac, Santa Catarina Yecahuizotl y Santiago Zapotitlán se ubican más de 100 asentamientos irregulares.
San Juan Ixtayopan es el poblado que posee más núcleos irregulares con 45, seguido de San Francisco Tlaltenco, con 16 y San Pedro Tláhuac con 10.
En los más de 100 asentamientos irregulares se ubican alrededor de 10 mil viviendas, y en ellas residen aproximadamente 41 mil habitantes.
El asentamiento más joven fluctúa entre 1 y 5 años, y el más antiguo, de 45 años. La mayoría de las invasiones tienen entre 12 y 15 años, y las propias autoridades reconocen que ya es muy difícil reubicarlos, ya que hacerlo implicaría un costo social y económico muy alto. De tal forma que los asentamientos irregulares se han ido consolidando al paso del tiempo, pero los daños que provocaron a las áreas naturales son irreversibles.

Algunas autoridades de Tláhuac han promovido ante el Congreso capitalino regularizar las invasiones a través del Programa de Desarrollo Urbano. Lo que han planteado es que esta situación sea analizada desde el punto de vista técnico, jurídico y social, sin descartar el enfoque ambiental, y le han propuesto al gobierno de la Ciudad de México los pagos de derechos por restauración ambiental, la regularización de la tenencia y su incorporación catastral.

En las tierras en las que alguna vez hubo cultivos, pasto, arbustos y árboles, hoy ha cedido el espacio a la construcción desordenada, a montones de cascajo, a calles asfaltas o de terracería, aunque también hay zonas en las que se percibe que sus habitantes son personas con mayores recursos, como es el caso de “El Mirador”, en Santa Catarina Yecahuizotl, donde las calles están bien asfaltadas, con luz y servicios de agua potable.

También el comercio va en auge en los asentamientos irregulares, por lo que proliferan las tiendas, tlapalerías, fondas, sastrerías, cerrajerías, servicios eléctricos y de plomería, farmacias, peluquerías, papelerías, entre otros.
“Ampliación La Conchita”, en Santiago Zapotitlán, es uno de los asentamientos irregulares más desprotegidos, ya que se abastecen de agua por pipas y de energía eléctrica por una anárquica cantidad de cables que cuelgan a baja altura y roban la luz de la colonia La Conchita. Esta zona denominada “Ampliación La Conchita”, creció debido a que los ejidatarios vendieron sus parcelas, lo cual se dio con una dinámica fuerte desde mediados de la década de los 70.

Pese al severo impacto al suelo de conservación de Tláhuac, a esta región no se le ve como una zona estratégica y prioritaria para la ciudad. Los gobiernos de la Ciudad de México en turno han desatendido a la demarcación, y con ello los problemas como la escasez de agua, hundimientos y grietas del subsuelo, invasiones, inseguridad y pérdida de superficie natural siguen galopantes.

Sobra decir que urge una actualización del Diagnóstico Poblacional Territorial de Asentamientos Humanos Irregulares en Suelo de Conservación (lo conveniente sería que cada año se realizara), para identificar los núcleos invadidos y la situación social en la que se encuentran. Y de esta forma hasta las “pequeñas empresas” clandestinas quedarán en orden legal y pagarían sus impuestos.
También es necesario hacer efectiva la Ley para la Retribución por la Protección de los Servicios Ambientales del Suelo de Conservación de la Ciudad de México, en referencia a los asentamientos irregulares para mitigar los daños causados al territorio ocupado.
A Tláhuac le urge un desarrollo urbano y ordenamiento ecológico del territorio, pues de continuar con la pérdida del suelo de conservación, se elevará más el riesgo de la sustentabilidad de la ciudad.