Tráfico de agua

Por Alejandro Ramos Magaña

El servicio de agua en el país sigue un modelo insostenible: sobreexplotación crónica de los acuíferos (de los 653, se encuentran en estado crítico, 105); infraestructura cada vez más envejecida; urgencia de importar agua de otras cuencas lejanas y costosas; fugas; hundimientos; tráfico de agua; pozos ilegales, tomas clandestinas; falta de inversiones, débiles medidas de adaptación al cambio climático y deficiencia institucional, entre otras.

Ahora el crimen organizado mueve sus redes para explotar ilegalmente ductos y pozos. Ha rebasado a las autoridades con la tala clandestina en bosques y cuencas, y tal parece que también gana la batalla con el huachicoleo del agua.

Ante el creciente desabasto de agua en México, es importante subrayar que, en los últimos años, el crimen organizado se vinculó al tema del agua, mediante la explotación ilegal de pozos o tomas clandestinas, así como el tráfico del vital líquido mediante el servicio de pipas utilizando fachadas de supuestos sindicatos.

De acuerdo con el INEGI, en 2024, más de un millón de viviendas dependían de las pipas para el abastecimiento diario de agua. A este universo se suman también algunos hospitales, hoteles, restaurantes, gasolineras e industrias que dependen del abasto pipero. Las entidades que encabezan la lista son el Estado de México y Veracruz.

Un notable golpe simultáneo lo dio, el 25 de octubre pasado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a través de la “Operación Caudal” en 48 municipios mexiquenses, entre ellos: Tlalnepantla, Amecameca, Ecatepec, Chalco, Naucalpan, Tecámac, Atizapán, Tepotzotlán, Chimalhuacán. Cuautitlán y Toluca, mediante la cual desmantelaron redes de robo agua en 51 pozos y 138 tomas clandestinas de ductos municipales. Las autoridades detuvieron a 7 personas, aseguraron 189 inmuebles, 332 pipas con capacidades de 10 mil y 20 mil litros, así como 37 camiones cisterna. Y por ejemplo, la cuota por una pipa de 10 mil litros alcanza los 2 mil pesos (cuando el costo promedio es de mil 100 pesos).

Detrás de este delito de defraudación fiscal en materia de suministro de agua potable, se encuentran los llamados “sindicatos” como son: Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON); Libertad; Los 300; Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (Acme); 25 de Marzo; 22 de Octubre; Choquiza; Movimiento Zavala Sector Comercio y Autotanques Martinez. Y de acuerdo con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), estos “sindicatos” tienen nexos con el crimen organizado.

Además, al CNI llegaron denuncias ciudadanas que señalan que, también en esta ilegalidad del huachicol del agua, existe complicidad de autoridades municipales y del estado. Tal vez por eso estas redes han lucrado por años con el vital líquido.

Esta red de piperos opera en forma similar al cobro de piso de los criminales, ya que obliga a los consumidores a comprarles el agua a sobreprecio y hacerlo solo con los “sindicatos”.  Las presiones y la necesidad de abasto doblan a los consumidores y quedan envueltos en los círculos del delito.

Este columnista platicó con hoteleros, restauranteros, comerciantes y gasolineros del Estado de México, quienes aseguran que en este gremio de “sindicatos” hay gente armada, grupos violentos y de choque, que no solo se dedican a robar y vender a sobrecosto el agua, sino que también aprovechan sus unidades para comerciar drogas en colonias y zonas industriales.

La Operación Caudal destapó a las redes criminales del agua camufladas en gremios, pero también se debe de ir a fondo con las autoridades coludidas. Este tipo de huachicoleo requiere de personal técnico, de información clave de ductos, de mapeos con zonas de desabasto crítico. Además, una buena cantidad de pipas y camiones cisterna no tienen la documentación en regla para transitar. Muchos bolsillos de diferentes órdenes institucionales se han llenado de dinero ilícito por años. Ya veremos hasta dónde llega la investigación de la FGJEM.

Un operativo similar también es necesario en la Ciudad de México, pues en alcaldías como Tlalpan, Iztapalapa, Iztacalco, Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Coyoacán, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, entre otras, proliferan las tomas clandestinas en ductos de agua potable y la explotación ilegal de pozos.
Obviamente, este tipo de actividades ilícitas afecta al suministro regular e impacta en la calidad del agua. La propia Secretaría de Gestión Integral del Agua ( Segiagua) reconoce que el huachicoleo de agua se incrementó un 128% entre 2022 y 2023, y hasta 2025 no hay mayores variantes.

Actualmente en el Congreso de la CDMX la presidenta de la Comisión de Planeación del Desarrollo, Olivia Garza, promueve una iniciativa de ley para tipificar el delito de huachcoleo de agua y que se apliquen penas de hasta 10 años de prisión. La diputada argumenta que la sanción debe servir para disuadir a los delincuentes.

El contexto amerita acelerar un nuevo marco legal. Hasta ahora Ley de Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México establece que: los usuarios domésticos que instalen ilegalmente conexiones en las redes de agua serán acreedores de multas de entre 10 mil 857 a 32 mil 571 pesos. Y en el caso de los usuarios no domésticos, las sanciones son de los 54 mil 285 a 108 mil 570 pesos.

Queda claro que el robo de agua se debe pagar con cárcel y para ello urgen las reformas al Código Penal de la CDMX.

De acuerdo con los urbanistas el Valle de México crece en promedio una hectárea por día, y con ello aumenta la demanda de agua en la población. Por eso es urgente poner orden en la prestación y eficiencia del servicio. Además, es hora de impulsar una gestión metropolitana del agua en el actúen los gobiernos federal, del Edomex, CDMX e Hidalgo.

Sin duda, la sobreexplotación del acuífero pone en riesgo su sustentabilidad para las siguientes décadas.

Este llamado es para todo el país, y las autoridades estatales y municipales deben enfocar toda la fuerza institucional para combatir, por ahora, al huachicoleo del agua y sus redes criminales.

Los recursos naturales siempre requerirán vigilantes o defensores, y para ello se requiere contar con una sociedad civil informada y organizada. Nunca habrá normatividad suficiente si no comenzamos con la educación y el involucramiento directo de las personas para mejorar su medio ambiente más próximo.