Alertamiento digital

Por Alejandro Ramos Magaña


Suena interesante el anuncio que hizo este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum, en el sentido de aprovechar la tecnología digital para crear un sistema nacional de alerta ante fenómenos meteorológicos y cuya señal llegará a los teléfonos celulares. Será un mecanismo similar al alertamiento sísmico. Ojalá funcione.

Para el gobierno federal se trata de complementar la actividad que realiza el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), cuando informa sobre un potencial fenómeno natural en una determinada región del país. 
Sin duda, esta iniciativa de alertamiento digital intenta fortalecer los sistemas de pronósticos del tiempo, de alertas y de riesgo ante tormentas y huracanes, entre otros fenómenos naturales.

Hoy ante el cambio climático es urgente implementar medidas más efectivas que ayuden a prevenir y a saber actuar ante el desastre natural. Es necesario invertir en la prevención de desastres naturales.

Si bien esto es un buen paso institucional para ayudar a las poblaciones vulnerables a tomar las medidas preventivas necesarias, vale preguntar: qué pasará cuando no se tenga internet ni teléfonos celulares en las comunidades rurales o asentadas en cauces de ríos, en barrancas, laderas y zonas costeras. Muchos asentamientos humanos han crecido de manera irregular y el suministro eléctrico no es tan efectivo en sus núcleos.

La Agencia de Transformación Digital, del gobierno federal, nos debe dar ese diagnóstico para saber si todas las regiones del país cuentan con internet y cuál será el tipo de teléfono celular básico para recibir este tipo de alertas digitales. Ojalá este proceso innovador no demore mucho, pues el cambio climático no espera.

Las autoridades dan por hecho que la población tiene la información suficiente sobre el grado de vulnerabilidad que tiene su región, pero esto no es así, ésta se encuentra concentrada en los altos niveles de los gobiernos o en las instituciones especializadas en la materia. Además, los Atlas de Riesgo por estados y municipios no se encuentran actualizados, y este es un problema que enfrentan los organismos de Protección Civil. Mientras los Atlas de Riesgo permanezcan concentrados en los tomadores de decisiones y no sean del dominio público, entonces los pobladores no sabrán qué medidas tomar ante este tipo de fenómenos.

Después del desastre natural que provocaron las tormentas entre el 6 y 10 de octubre pasado en cinco estados, con un saldo de 150 municipios severamente afectados por las inundaciones que cobraron la vida de 76 personas y más de 40 se encuentran desaparecidas, ahora el gobierno federal también anunció que integrará un comité científico para que coordine la actualización de los Atlas de Riesgo por estado y municipio. 
Y cabe preguntar: qué han hecho los organismos de Protección Civil en los últimos años. Ya hemos comprobado que tampoco estos organismos saben cómo coordinarse ni transmitir los alertamientos de forma efectiva a la población.

Es urgente que se hagan evaluaciones a fondo sobre quiénes encabezan los organismos de Protección Civil a nivel federal, estatal y municipal, y cuál es su formación en la materia, así como la rotación del personal capacitado. Ya basta de improvisaciones, de compadrazgos políticos y de burócratas inútiles. 
Hay un rezago enorme en relación a las políticas de prevención y de protección contra fenómenos hidrometeorológicos, geológicos o sanitarios, entre otros.

Después de lo ocurrido en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí serían conveniente en impulsar una gran cruzada de planeación urbana en el país. Y consolidar el marco jurídico dónde se puede crecer y cómo, y en qué zonas serán de cero crecimiento.

No hay duda, de que las inundaciones catastróficas constituyen el desastre natural que más daño económico provoca en el país.

Hoy, el daño a 100 mil viviendas y la afectación a 500 mil personas en los cinco estados, obliga a las autoridades a replantear la política de planeación urbana. ¿Será mucho pedirle a los funcionarios? Para eso están, y si no pueden, que se vayan.

Aflora el reto de superar las inercias heredadas de sólo actuar en la emergencia, y dar el salto para crear una agenda nacional de prevención de desastres y que funcione como una herramienta de planeación con recursos financieros suficientes para aspirar a una tasa cero de víctimas mortales. La prevención no debe verse como un gasto, sino como una inversión redituable.

Hasta el momento no sabemos el costo total de este desastre natural —que más afectó a la zona norte de Veracruz—, y de lo único que estamos seguros es de que la reconstrucción en los 150 municipios será multimillonaria y a largo plazo. Por ahora, se destinarán 10 mil millones de pesos para apoyos directos a las familias afectadas (cuya cifra es cercana a 100 mil familias), y para la recuperación de escuelas, clínicas y empleos.

PRECIPITACIONES HISTÓRICAS

El reporte del Servicio Meteorológico Nacional es muy preciso: el último récord de precipitaciones ocurrió en 1941, con un promedio mensual de lluvia de 99.8 milímetros; mientras que en 2025 el promedio mensual de caída de agua ha sido de 155.5 milímetros.

Estos datos representan un signo inequívoco de que las torrenciales lluvias ya no son atípicas. 
La lección es de que debemos estar mejor preparados para los fenómenos destructivos de la naturaleza.