Vulnerabilidad y desastres

Por Mario Victorino


El 14 de agosto pasado se publicó en este espacio mi columna: “La lección de Tula… en el olvido”. El mensaje era claro: del desastre natural de 2021 muy poco se aprendió. Principalmente las autoridades no fueron a fondo para conocer los orígenes, las causas, errores cometidos y los impactos del fenómeno meteorológico en esta región de Hidalgo.

Lamentablemente, todas las advertencias de los expertos en cambio climático para diseñar planes de mitigación, adaptación y resiliencia en los estados del país, no son escuchadas por las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Las acciones son cortoplacistas que no permiten llegar a planear y generar acciones para mitigar eventos de magnitudes catastróficas. Podemos decir que todo se olvida, la política pulveriza planes y no hay una conciencia de la compleja vulnerabilidad en que viven millones de personas en zonas de alto riesgo.

Este fin de semana Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí fueron los estados más afectados por las intensas lluvias que generaron, entre el 9 y 10 de octubre pasado, una vaguada sobre el Golfo de México y  la depresión tropical 90E (con potencial ciclónico). La mayor devastación ocurrió en el norte de Veracruz con 38 municipios seriamente dañados, siendo Poza Rica el caso más grave tras desbordarse en algunos puntos de su cauce el río Cazones e inundar por más de 72 horas zonas urbanas.

El saldo total hasta el 15 octubre, es de 66 fallecidos y 75 desaparecidos. Veracruz encabeza la cifra de muertos 30, seguido por 21 decesos en Hidalgo, 14 en Puebla y uno en Querétaro. Solo San Luis Potosí no registró víctimas mortales, solo daños materiales. Además, en total son 150 municipios los que resultaron con diversos daños materiales. El reto de la reconstrucción será enorme.

Aún no se han cuantificado los daños materiales en los cinco estados, solo la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se tienen 19 mil millones de pesos para destinarlos a los damnificados y para la reconstrucción. No sabemos si serán suficientes para la magnitud del impacto.

Nuevamente se atiende la emergencia, pero no se previene; las autoridades omiten que el cambio climático no espera, lo tenemos encima con sus extremos climáticos: intenso calor y sequías y lluvias muy potentes. Las lluvias ya no son atípicas, serán tan típicas e intensas en los siguientes años y décadas.

Es hora de que todos los organismos de Protección Civil en los estados sean evaluados en lo humano y en lo material. Se requiere personal certificado con alto nivel de conocimientos en la materia, no politiqueros. Basta de improvisaciones y compadrazgos. Y Veracruz es uno de esos casos. La gobernadora Rocío Nahle quedó rebasada junto con su gabinete de Protección Civil.

Hasta ahora no se ha hecho la Declaratoria de Emergencia para que los municipios accedan a los fondos extraordinarios (ahora sin un Fondo de Desastres Naturales). Y el Consejo Nacional de Protección Ciivil (que preside la presidenta e integra a los gobernadores) apenas se reunieron este domingo de forma virtual, después de más de un año sin sesionar.

Esta trágica lección de la naturaleza obliga a las autoridades federales, estatales y municipales a que, a partir de este momento, todo crecimiento poblacional debe ser planeado; ya no más poblaciones asentadas cerca de los caudales de los ríos y de las zonas costeras. En zonas vulnerables el crecimiento urbano debe ser cero.

Los políticos sobran en México; nos urgen estadistas.

UN DESASTRE QUE SE OLVIDÓ

El desastre y la tragedia ocurridas el lunes 6 de septiembre de 2021 en Tula, Hidalgo, y que debió haber sido una lección para los tres niveles de gobierno, no lo fue.

Pese a que el cambio climático está reformulando los patrones de lluvias a nivel global, y en el caso concreto en México con récords históricos, aún existen deficiencias marcadas para enfrentar con mayor capacidad de infraestructura, con estrategia de comunicación y con planes efectivos de Protección Civil a los fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes.

Hace cuatro años, la tormenta de grandes dimensiones que impactó la región de Tula fue un serio llamado de atención para que las autoridades replantearan cómo operan los sistemas de Protección Civil a nivel nacional y regional, pero no ocurrió tal efecto. Tampoco
hubo un serio análisis sobre qué tipo de tecnologías se poseen para anticipar las tormentas y poder prevenir y movilizar con oportunidad a la población.

En 2021 quedó claro que la Coordinación Nacional de Protección Civil, que encabeza desde agosto de 2020, Laura Velázquez Alzúa, falló en transmitir la información a las autoridades del municipio de Tula. Aunque ella dijo que sí informó.

El propio Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aseguró que nadie les informó ni oficial ni informalmente que se avecinaba una tormenta de grandes dimensiones en dicha región, y la consecuencia fue la inundación en el Hospital General de Zona No. 5, donde se atendían a pacientes con COVID-19, que al colapsar el sistema de energía eléctrica (pues hasta la planta de emergencia falló) se quedaron sin ventilación asistida y murieron 14, otros dos fallecieron previo al siniestro. 

Además, en Tula hubo más de 30 mil personas damnificadas por las inundaciones de aguas negras (por el desbordamiento del río Tula) y pérdidas mayores a los 100 mil millones de pesos por daños a la infraestructura urbana, viviendas, escuelas y comercios.

Al respecto, hoy siguen vigentes muchas preguntas: ¿No hubo otra forma de comunicarse? ¿A quién o quiénes sí les informó? ¿Qué protocolos tiene la Coordinación de Protección Civil cuando se cortan las comunicaciones convencionales? ¿Fallaron los radares meteorológicos y sus sistemas de transmisión de datos? ¿Cómo se coordinan autoridades de Protección Civil Nacional con las sedes regionales o estatales? ¿Quién falló en 2021 y por qué nadie fue sancionado, al menos con la renuncia? 
Y ahora, qué falló en 2025 ante el desastre.

Hoy, el fenómeno climático La Niña (que se produce en la zona ecuatorial del Océano Pacífico y se caracteriza por el enfriamiento de las aguas superficiales), ha originado un aumento en el patrón de lluvias en diversas regiones del mundo (incluyendo México); también el fenómeno meteorológico regional: el monzón provocó precipitaciones intensas y prolongadas. Y en el país el monzón abarca de junio a septiembre próximo.

Junio pasado registró el récord histórico nacional de precipitaciones, que de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no ocurría desde 1941. Y las entidades afectadas fueron en las regiones noroeste, centro y sur del país.

En el caso del Valle de México el récord histórico se registró el jueves 31 de julio pasado, cuando las precipitaciones alcanzaron 78 millones de metros cúbicos de agua entre la tarde y noche.

Y durante el 10 de agosto y la noche del lunes 11 las intensas lluvias desquiciaron al Valle de México y provocaron serias afectaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Grupo Aeroméxico informó que 140 vuelos fueron cancelados desde el domingo, y la empresa pidió a las autoridades del AICM garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura del aeropuerto y tomar las medidas preventivas que se requieran.

Estos fenómenos meteorológicos ha sido pronosticados con oportunidad por el Servicio Meteorológico Nacional (dependiente de la Conagua), pero en todas las zonas vulnerables a inundaciones y deslaves, los planes son reactivos y quedan rebasados.

Bien se sabe que los sistemas de drenajes del país y sistemas de bombeo son viejos y sin mantenimientos mayores, sumado a los hundimientos diferenciales (caso del Valle de México); también los malos hábitos de amplios sectores de la población que tiran basura en calles, cuerpos de agua y en barrancas lo que colapsa a los ductos del drenaje.

Es el momento en que las autoridades deben ir a fondo en la revisión y actualización de programas de prevención ante fenómenos meteorológicos y de mitigación ante el cambio climático; de igual forma se deben de mantener y proteger las zonas lacustres para que funcionen como zonas de amortiguamiento ante las intensas lluvias de cada año. Asimismo, se debe multiplicar en espacios verdes y en parques la creación de pozos de absorción que ayuden a infiltrar el agua pluvial al subsuelo.

La desastrosa planeación en el país ha tolerado que se construyan millones de viviendas en barrancas, cerca de cauces de ríos, áreas lacustres, zonas de minas, laderas y en regiones con fallas geológicas.

Y uno de los errores más significativos de Andrés Manuel López Obrador fue la extinción de 109 fideicomisos, entre ellos el Fondo de Desastres Naturales (creado en 1996 y desaparecido en 2021, contando al cierre de operaciones un paquete de recursos por 35 mil 140 millones de pesos).

Hoy, la inversión para la prevención de desastres, y de ayuda a las comunidades afectadas por fenómenos naturales, es totalmente incierta.

¿Estamos preparados institucional, política , técnica y socialmente para enfrentar las contingencias provocadas por fenómenos naturales? Tal vez se tengan avances pero no son suficientes. Aún en materia de protección civil estamos muy lejos de alcanzar tasa cero en pérdidas humanas.

¿Cuánto nos costará la prevención en los próximos? No lo sabemos, y tal vez por eso los desastres se siguen desarrollando.