La herencia contra el ambiente

México no sólo tiene aún encima los impactos económicos y de salud tras la pandemia de COVID-19, también se suman asuntos de alta repercusión como es el incumplimiento de compromisos internacionales en materia de cambio climático, así como actuar en contra de acuerdos comerciales internacionales y golpear a los inversionistas privados lo que en suma afecta también la competitividad del país.

gob.mx
today 26/04/2025

Por Alejandro Ramos Magaña


México no sólo tiene aún encima los impactos económicos y de salud tras la pandemia de COVID-19, también se suman asuntos de alta repercusión como es el incumplimiento de compromisos internacionales en materia de cambio climático, así como actuar en contra de acuerdos comerciales internacionales y golpear a los inversionistas privados lo que en suma afecta también la competitividad del país.

Las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, que promovió el expresidente Andrés Manuel López Obrador, en febrero de 2021, y que se mantienen,muestran una clara tendencia de una política cerrada, envuelta en una falsa soberanía nacional que atenta contra compromisos globales en cuanto a promover y aumentar el uso de las energías renovables.

El Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 plantea que, al cierre de este sexenio, apenas logrará la generación de energía limpia en un 21.5% del total, lo que representa 23.5% menos de lo que procuraba generar en 2024.

Como bien se recordará, la Secretaría de Energía (Sener) estableció como meta en 2024 lograr 35% de generación con energías renovables; y para el 2030 fijó la meta de alcanzar el 45% del total.

El incumplimiento ambiental está a la vista, el gobierno federal solo alcanzó a generar energía con fuentes limpias en un 11%, mientras que el 89% fue con energía fósil.

EL ANTECEDENTE

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) resultó ser una de las beneficiadas con esta iniciativa dañina al ambiente, pues seguirá produciendo energía eléctrica con carbón, combustóleo (que ha sido retirado del sistema eléctrico en muchos países por dañar severamente la salud y el ambiente), y gas natural. Es decir, se le “premió” por ser más contaminante y cara para el Estado, y se condenó de paso con falsedades de que el sector privado genera energía más cara.

En el 2021, no importó que la oposición en el Senado, principalmente de los legisladores panistas, calificaran la reforma en este sector eléctrico como violatoria de la Constitución y de tratados internacionales firmados por nuestro país, y advirtieron que las consecuencias serán muy graves para la nación.

También a ese reclamo se unieron científicos, intelectuales y académicos, quienes calificaron a dicha reforma como un grave retroceso ambiental.

Entre esos acuerdos internacionales se encuentra el T-MEC, en el que se estableció no privilegiar los monopolios de las empresas del Estado, y en el que la oposición legislativa junto con expertos advierten que a corto plazo habrá aranceles a los bienes y servicios que se produzcan con energía sucia; obviamente de la CFE.

La guerra perversa de Donald Trump son los aranceles, y contra México ya los movió en diversos ámbitos comerciales, y su política agresiva no tiene límites, y se prevé que este año el país caiga en recesión.

En el Acuerdo de París (firmado por 188 países en 2016 y con metas para 2030), el gobierno mexicano se comprometió a elevar la generación de energías limpias para lograr en 2024 un nivel del 35% del total producido. Y cuando inició el gobierno de López Obrador (2018-2024) el índice se ubicaba en 25%, pero todo se detuvo, y el odio del tabasqueño contra el sector privado congeló el compromiso del país con el planeta.

A la fecha todo sigue igual. Desde el inicio del gobierno de López Obrador planteó una política de que todo en materia energética debe ser controlado por el Estado (al estilo de las dictaduras de izquierda); el discurso agresivo y descalificador del expresidente contra inversionistas privados nos hizo recordar los oscuros pasajes de las dictaduras de los hermanos Castro, en Cuba; de Higo Chávez-Nicolás Maduro, en Venezuela; y qué decir del aprendiz de dictador, Daniel Ortega, en Nicaragua, que ha hundido a su país sin tener proyecto de nación, solo hay copias autoritarias que marcan ningún desarrollo efectivo.

Además, el golpe al ambiente marcó su preferencia de privilegiar el uso de combustibles fósiles –que generan el calentamiento global–, y cuya utilización a nivel mundial empiezan a marcar un claro descenso.

La empresa petrolera Pemex ha torcido esquemas legales para evitar que entren en funcionamiento normas ambientales como es el caso de la regulación de las emisiones de metano en el sector de hidrocarburos (gas de efecto invernadero más agresivo en la atmósfera que el dióxido de carbono, CO2). Y desde 2021 no ha hecho públicas sus emisiones de metano. Terrible retroceso.

La llamada Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente (Asea) se ha encargado de beneficiar –desde una posición de veleta–, a Pemex con los incumplimientos. En otras palabras, la ley se ajusta al interesado sin importar los daños que provoque al ambiente, la salud y a la economía.

Además, en el sexenio pasado, se presumió la obra de la refinería Olmeca- Dos Bocas, en Tabasco, la cual violó todas las leyes ambientales y triplicó su costo, y a la fecha se le ha seguido impulsando, cuando a nivel mundial están desechando dichos bienes por el descenso en la demanda.

Simplemente la producción de automóviles eléctricos e híbridos a escala internacional es cada día más elevada, así como la generación de energía eléctrica con sistemas solares y eólicos. Mientras que el gobierno federal sigue con la visión de seguir empleando los combustibles fósiles como estandarte de “soberanía nacional”.  

Tan mal se están haciendo las cosas en México en el pasado sexenio y en el actual, que hasta medios de comunicación internacionales han señalado a los gobernantes de “peligrosa adicción por los combustibles fósiles”, cuando la tendencia mundial es intensificar el uso de energías limpias o renovables.

Desde 2021, medios Internacionales y nacionales , así como expertos en México, le han insistido al gobierno federal que las reformas a dicha ley impactaron a la inversión privada de 17 mil 600 millones de dólares en el sector eléctrico, lo que impactó en costos a clientes y empresas, tal y como lo ha denunció en su momento el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Lo más grave es que México contribuirá de forma agresiva con el calentamiento global y con elevados picos de contaminación atmosférica. Hasta ahora no se vislumbra otro panorama; gran daño del fundamentalismo de la llamada izquierda.