Ante la crisis hídrica, poner orden en el agua nacional
“Se abre una buena oportunidad para poner orden y seguridad al tema del agua en México. Ojalá los legisladores lo entiendan.”
Por Alejandro Ramos Magaña
Se abre una buena oportunidad para poner orden y seguridad al tema del agua en México. Ojalá los legisladores lo entiendan.
Después de 12 años de estar congelada la Ley General de Aguas fue turnada por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados, el 1 de octubre pasado, con el fin de ser promulgada y con ello garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, entre otros lineamientos jurídicos. Asimismo, se reformará la Ley de Aguas Nacionales con lo que se busca poner orden a las concesiones y sacarlas del esquema de ser una mercancía entre privados (transmisible y vendible el esquema de títulos), donde tampoco había control sobre cuánta agua se utilizaba con las concesiones “eternas”.
El desorden llegó al extremo que los agricultores hacían negocio con los títulos de concesión con grupos industriales y de desarrolladores quienes se quedaban con la explotación del agua sin llegar a beneficiar al campo.
Muchos grupos de poder abusaron de la ley que en 1992 impulsó el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y mediante la cual se estableció que entre particulares se podían negociar los títulos de concesión, que en el mayor de los casos nunca se le reportaban a la Comisión Nacional de Agua (Conagua). Y en ese esquema de abuso se detonó hasta el tráfico de agua.
Próximamente ya no será legal transmitir títulos de concesión entre particulares. Queda claro que el Estado será el único en regular y garantizar el uso de agua.
Es importante citar que la distribución de agua potable en México es el siguiente: 76% se destina al sector agropecuario mediante el esquema de concesiones; 15% se destina vía redes a viviendas y sector industrial; 5% del total concesionado se otorga a empresas que utilizan agua de ríos, acuíferos, lagos y arroyos; 4% del agua concesionada se utiliza en las Centrales Termoeléctricas.
También es la oportunidad para investigar dónde se encuentran pozos clandestinos de agua potable que explotan industrias, hoteles y desarrollos inmobiliarios. Las sanciones deben ser ejemplares, pues se robustecerán las facultades jurídicas de la Conagua.
Mediante estas iniciativas el gobierno federal busca poner orden a la regulación y administración sobre el uso de agua en el
país, y con ello, lograr un mejor aprovechamiento de las aguas nacionales.
El reto que enfrenta el gobierno federal en el tema del agua no es cuestión menor, sobre todo si se considera la crisis hídrica que en las últimas décadas enfrenta México (principalmente en norte y centro del país), y que cada año se agrava por el calentamiento global y por la sobreexplotación de los acuíferos (de los 653 que tiene el país, 114 están en condición grave, y el del Valle de México es el más crítico).
Estaremos atentos a los debates en la Cámara de Diputados sobre ambas iniciativas y le daremos la puntual seguimiento a los resultados.
VALLE DE MÉXICO; CASO CRÍTICO
La búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento de agua para el Valle de México —ante la incesante sobreexplotación del acuífero—, es un tema de alta prioridad para la agenda pública.
Desde 2012, un ambicioso proyecto de las entonces autoridades de la Ciudad de México, con el apoyo de la UNAM, PEMEX, CFE y la Conagua, hallaron un megacuifero a 2 kilómetros de profundidad con agua potable de alta calidad y totalmente independiente del acuífero superficial que nos abastece de agua desde mediados del siglo XIX (1850).
Pese a las recomendaciones de las pasadas autoridades de la CDMX de continuar los estudios técnicos para definir el potencial y capacidad de producción sustentable, así como establecer su prioridad con respecto a otros proyectos de abastecimiento, desde el inicio (2019) del entonces gobierno capitalino de Claudia Sheinbaum se suspendió la investigación.
Hasta el momento sólo se perforaron cinco pozos megaprofundos en las zonas de San Lorenzo Tezonco, Iztapalapa; en Agrícola Oriental, Iztacalco, y en el Mirador en el Cerro de Estrella, también Iztapalapa. En el vivero Nezahualcóyotl, en Xochimilco se abrió otro megapozo. Hasta ahora únicamente el pozo de San Lorenzo Tezonco aporta entre 70 y 100 litros por segundo de agua a la red de Iztapalapa.
Recordemos que más de 2 millones de habitantes tienen problemas de abastecimiento todos los días en la Ciudad de México, y solo tienen abasto mediante las pipas, que se han convertido en auténticas mafias que han elevado el tráfico de agua en el centro del país.
Ahora bien, la perforación de cada megapozo con fines experimentales fue de 70 millones de pesos aproximadamente, mientras que traer agua de Temascaltepec (aún frenado por conflictos sociales desde 1992), sería de más de 15 mil millones de pesos; y de Tecolutla oscila la inversión en casi 25 mil millones de pesos, y traerla del Valle del Mezquital, es de una inversión aproximada de 14 mil millones de pesos, aunque también hay brotes de resistencia social para extraer esa agua y destinarla al Valle de México.
Es deseable, que las investigaciones multidisciplinarias continúen en el acuífero ultraprofundo para determinar si será una fuente de abasto para los próximos siglos.
Se deben revisar prioridades en busca de nuevas fuentes de abasto o en impulsar la instalación masiva de plantas de tratamiento de agua residuales en municipios para frenar la sobreexplotación de acuíferos y reutilizar el agua.
El reto no admite errores ni oportunismos políticos en el Valle de México ni en el país. Es el momento de poner orden y planear para las siguientes décadas. Se tratará del desafío por al agua.