Un Modelo Rural para la Tierra y el Agua

Por Alejandro Ramos Magaña

ATENCO, Estado de México.- Los ejidatarios se han unido en defensa de la agricultura regional y por el agua. Su principal objetivo no solo es proteger la tierra, sino también preservar los recursos naturales ante el cambio climático y el desabasto de agua, así como combatir las omisiones de las autoridades federales, estatales y municipales.

La Asociación de Productores Agropecuarios y de Pozos de Riego y Agua Potable del Oriente del Valle de México (APAR), fundada hace tres años y que recientemente cumplió su tercer aniversario el 22 de noviembre, representa este esfuerzo colectivo.  Los ejidatarios se enorgullecen de su lucha, heredando las banderas políticas de Emiliano Zapata para asumir la responsabilidad de los asuntos de sus comunidades.  Hoy, la tierra y el agua imponen la imperiosa necesidad de unirse para establecer un nuevo orden que garantice el desarrollo sustentable de sus comunidades.

Bernardino Cruz Cardona, presidente de la APAR, afirma que la misión de la asociación es unir a los trabajadores del campo para asegurar el abasto de agua potable y de riego para los cultivos, así como promover el desarrollo económico y agropecuario integral, equitativo y sustentable para los pueblos de la región.

Los ejidatarios acusan al gobierno federal de abandono institucional al campo, argumentando que la política actual de las autoridades se opone al impulso de la agricultura y al bienestar de las poblaciones.

“Somos ignorados por gobiernos que se dicen de izquierda”, afirma un grupo de ejidatarios.

Bernardino Cruz me comenta que carecen de numerosos títulos de concesión de agua y de casi todos los de asignación. “Nuestra infraestructura es deficiente y se encuentra en mal estado.  Existen poblaciones sin infraestructura de agua potable; nuestra agricultura, que utiliza norias para el riego de cultivos, no ha sido reconocida ni apoyada por las autoridades responsables. No existen proyectos institucionales que realmente apoyen e impulsen la agricultura regional de esta zona oriente”.

En esta región caracterizada por la presencia de comunidades rurales y semirrurales, los habitantes, mediante una organización eficiente, han desarrollado un modelo de comités de agua potable. Estos comités no solo administran el recurso hídrico, sino que también asumen el rol de guardianes de este vital líquido.

“Antes de que el agua sea impulsada por una bomba o fluya a través de las tuberías, es sometida al esfuerzo humano de los vecinos, quienes no reciben una compensación económica por esta labor. Estos individuos se levantan temprano para inspeccionar el pozo, asisten a reuniones con las autoridades, gestionan permisos, reparan fugas, dan mantenimiento a los equipos y recorren las comunidades para atender las necesidades de la población en cada calle”, declaran los ejidatarios.

La APAR ejerce una influencia significativa en la región, específicamente en 12 municipios del Estado de México: Chimalhuacán, Texcoco, Chiconcuac, Atenco, Chiautla, Tezoyuca, Acolman, Teotihuacan, San Juan de las Pirámides, Axapuxco, Tepetlaxtoc y Otumba.

Para la producción agropecuaria, la organización se realiza con base en las unidades de riego, las cuales se encuentran principalmente dentro de los ejidos y, en menor medida, en pequeñas propiedades.

“Podemos afirmar —sostiene Bernardino Cruz— que en determinados momentos estamos trabajando con entre 40 y 60 unidades de riego, las cuales cuentan con un promedio de 60 socios o usuarios. Por lo tanto, estimamos que nuestro trabajo como APAR involucra a entre 3,000 y 4,000 ejidatarios o pequeños propietarios de la tierra.”

En cuanto al agua para consumo humano, la APAR colabora estrechamente con los comités de agua comunitarios y ha identificado un problema significativo: “En esta región existe una situación lamentable, ya que, aunque la mayoría de los pozos de agua potable fueron construidos y financiados por la Federación, con una cantidad mínima construida y financiada por la población, en la mayoría de los casos los gobiernos (federal, estatal y municipal) no han completado la construcción de estos pozos o nunca han realizado la entrega recepción a los municipios para su administración. En algunos casos, el servicio de agua fue administrado por la extinta Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (hoy Comisión Nacional del Agua -Conagua-), pero en general, estos pozos fueron finalmente abandonados por las autoridades”.

Ante este abandono institucional, que los ejidatarios consideran una violación a los Artículos 4 y 115 de la Constitución, las comunidades de los pueblos, ante su necesidad del servicio de agua, retoman el suministro utilizando dichos pozos no terminados o abandonados en malas condiciones. Sin embargo, cuando los comités comunitarios solicitan apoyo a la Conagua para programas federalizados destinados a la relocalización, reposición o mantenimiento de los pozos, se les niega el apoyo y se les califica de irregulares.

Los ejidatarios afirman que la Conagua los amenaza con el cierre de los pozos, “criminalizándolos o extorsionándolos”.

“Cuando se confrontó a la Conagua y al
gobierno del Estado de México, en 2012, sobre las asignaciones de los volúmenes de agua correspondientes, tal como lo establece el Artículo 4° Constitucional. La Conagua respondió que había entregado en bloque el volumen asignado al entonces gobernador, Eruviel Ávila. Sin embargo, este volumen en bloque nunca fue reasignado a las comunidades.  Se observa que los gobiernos estatales vendieron estos volúmenes a desarrolladores inmobiliarios, lo que resultó en la creación de organismos administradores de agua en algunos municipios, como Acolman, cuya función se limita a administrar los pozos proporcionados por las inmobiliarias para sus fraccionamientos, dejando de lado las necesidades del sector agrícola”, según lo precisa Bernardino Cruz Cardona.

Se estima que la población atendida por la APAR en materia de agua potable asciende a aproximadamente a 500 mil habitantes, a través de una red de 50 pozos.

Actualmente, la APAR ha asumido la administración de proyectos importantes que han establecido un modelo de gestión hídrica exitoso, el cual también incluye la participación de la comunidad comercial y la iniciativa privada.

Bernardino Cruz señala que, en prácticamente tres poblaciones, se ha logrado resolver el problema del abastecimiento de agua.  Sin embargo, la única pendiente es la entrega por parte de Conagua del título de asignación de volumen de agua, el cual corresponde por derecho constitucional.  Señala que, al atender la solicitud sin conceder el título, se está adhiriendo al Decreto Presidencial de 2019, emitido por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que ordenaba la asignación de títulos de volumen de agua a las poblaciones.  A pesar de seis años de espera, no se ha obtenido una respuesta positiva, y la única explicación proporcionada es la falta de volúmenes disponibles, debido a que la región se encuentra en veda desde la década de 1950.  Esto implica que, desde su nacimiento, a los habitantes de la región se les ha negado el cumplimiento de lo establecido en la Constitución, lo que resulta en su etiquetado como irregulares, su criminalización o su extorsión por consumir el agua que les corresponde de manera natural y biológica.

El presidente de la APAR afirma que en el ámbito del agua potable aún no operan con autonomía, dado su posicionamiento crítico frente al gobierno federal, en particular hacia la Presidenta de la República y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).  A estas entidades se les han señalado omisiones constitucionales históricas, la falta de visibilización de la APAR, el olvido en el que se encuentran y el sesgo hacia intereses políticos gobiernistas que se entrelazan con los de grandes empresarios.

Los ejidatarios reiteran su compromiso de continuar abogando por la construcción de alternativas de solución que atiendan la crisis hídrica.

“Sin embargo, si este planteamiento no resulta en justicia hídrica para nuestras comunidades y pueblos, propondremos un acuerdo político social que subsane la falta de títulos de volúmenes de agua potable.  Finalmente, si no se logra un acuerdo político social, nos declararemos en rebeldía y no reconoceremos la institucionalidad de Conagua en la administración del agua en nuestros pueblos”, reafirma Bernardino Cruz.

En cuanto a la iniciativa federal de reforma de la Ley de Aguas Nacionales (LAN) y la propuesta de una Ley General de Aguas, actualmente en discusión en el Congreso de la Unión, la postura de la APAR es la siguiente: “Con la LAN, en el ámbito del agua de riego, durante los últimos 20 años, prácticamente perdimos en todas nuestras concesiones.  Existió una estrategia para la desaparición de nuestros pozos y nuestra agricultura, con el fin de dar cabida y asegurar el agua y la tierra para el megaproyecto del aeropuerto en Texcoco durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (el cual fue cancelado por López Obrador en 2019).  Logramos resarcir los daños ocasionados y casi recuperar las concesiones de agua agrícola.  Aún existen casos por resolver”.

Para la APAR, en el ámbito del agua potable, prácticamente nunca han recibido asignaciones.  Su objetivo no es combatir iniciativas o reformas de leyes, pero se mantienen atentos para prevenir nuevas vulneraciones a sus derechos.  

En el marco de las gestiones de diálogo con la Conagua y, recientemente, con el Congreso de la Unión, la APAR ha manifestado de manera directa sus observaciones respecto a las deficiencias presentes en la Ley de Aguas Nacionales, sus modificaciones propuestas y la nueva Ley General de Aguas.  
“La APAR se distingue por su postura revolucionaria, orientada a la resolución de los problemas de raíz, en lugar de adherirse a enfoques reformistas o simulaciones de transformación.  En cumplimiento con nuestra misión, servimos y atendemos a nuestras comunidades, organizándonos y sumando esfuerzos con quienes comparten nuestros principios de fraternidad, unidad y responsabilidad social.  Como organización soberana y autónoma, la APAR reafirma su compromiso con estos valores”, puntualiza Cruz Cardona.

Los ejidatarios de la APAR son conscientes de que la gestión responsable del agua implica no solo su uso eficiente, sino también la prevención de la contaminación antes de que ésta llegue a los pozos y sistemas de distribución.  En consecuencia, implementan medidas de vigilancia para garantizar la limpieza de barrancas, áreas naturales y vías públicas, evitando la acumulación de desechos domésticos e industriales.  Asimismo, monitorean los sistemas de drenaje para detectar y reparar cualquier fuga que pueda contaminar el acuífero.

Los ejidatarios de la APAR sostienen que el agua que se preserva en la actualidad es la misma que consumirán las próximas generaciones.

En paralelo, la APAR continúa con sus labores para la regularización jurídica de los pozos de riego, agua potable y norias.  Además, se enfoca en la recuperación de títulos de concesión y/o volúmenes, así como en el establecimiento de un programa integral de atención agropecuaria y forestal.