La “legalidad” perversa de los “autos chocolates”

Por Alejandro Ramos Magaña

Desde 2021, miles de  “autos chocolates”cruzaron la frontera norte del país bajo la protección de este gobierno federal (que hoy termina su gestión), y dejaron de inmediato la ilegalidad al ser regularizados mediante un programa con claros tintes clientelares, sin importar la proliferación de redes de contrabando, ni los daños a la economía nacional y al ambiente.

Andrés Manuel López Obrador presumió que, de 2021 a la fecha, se han regularizado 2 millones 559 mil autos chocolates, mediante un simple pago de 2,500 pesos. Y según él, se han recaudado 6,398 millones de pesos, “los cuales se destinan para pavimentar calles” en los 16 estados que forman parte de este programa.

Sin embargo, quien recorra las ciudades fronterizas y otras regiones se dará cuenta de las avenidas principales y secundarias están llenas de baches y agrietamientos.

Y lo reprobable es que López Obrador ordenó continuar con este programa hasta septiembre de 2026; es decir le endosa a Claudia Sheinbaum —presidenta constitucional a partir de este 1 de octubre—, este plan clientelar que seguro ella lo extenderá hasta 2030. 

Cabe precisar que el fenómeno de los autos chocolates proviene del siglo XX, cuando la frontera norte era lejana y la producción nacional no alcanzaba a llegar a la región fronteriza y era mucho mas accesible adquirir productos de los Estados Unidos, desde refrigeradores y lavadoras, entre otros, hasta vehículos, primero porque los nacionales eran muy pocos y salían extremadamente caros, comparados con los usados de la Unión Americana.

Y vale contextualizar que los automóviles usados de Estados Unidos son las unidades que “venden” las aseguradoras, que han estado relacionados en accidentes o cualquier otro evento por el que se les haya declarado en término de vida útil, lo que hace que esos vehículos se conviertan en “chatarra”, pues ya no pueden circular en suelo estadounidense; se les retira la documentación que les permitía que circular.

Además, los autos chocolates son viejos, con más de 10 años de antigüedad, lo que implica que las armadoras ya no fabrican refacciones para esos coches y si se tiene que reparar, pues se “canibaliza”, se incorporan piezas de otros vehículos.

Partamos de la base de que esos vehículos cuestan 200 dólares, aparentemente un regalo, pero si son vehículos en término de vida útil, puede ser un gran precio por el riesgo que pueden implicar, no sabemos si están mal de la dirección, motor, suspensión o de cualquier otra parte de seguridad del vehículo, que ponen en peligro incluso de vida del conductor y de los ocupantes. Son autos que tienen una historia profunda, pero desconocida.

El existen testimonios de compradores mexicanos que, al mandar esos autos al taller para sustituir piezas, han encontrado droga oculta en el tablero o en los ductos del aire acondicionado.

Ahora que la industria automotriz de México ha evolucionado y la distribución de automotores ya cubre a todo el territorio nacional, ese esquema de importación o de regularización de vehículos usados se debería haber prohibido de manera total con el fin de evitar la incorporación de un parque vehicular al país de pésima calidad.

Y veamos el severo impacto al ambiente, ya que los vehículos entre mas viejos peor desempeño tienen en eficiencia energética, lo cual se traduce en mayores emisiones a la atmósfera, y requieren de mayores cantidades de combustible, lo que produce un efecto muy perverso, pues se tiene que proveer combustible a la frontera para vehículos usados importados o introducidos al país, que van a consumir ingentes cantidades de gasolina.

Ahora bien, cabe cuestionar: ¿Porqué existe la presión a los gobiernos locales y federal de “regularización” de los autos chocolates que ya están en territorio nacional o bien se permita la “importación” de vehículos usados?, la respuesta es fácil, pero complicada. Los grupos de presión son las redes de mafias de importadores, que traen los vehículos en las conocidas unidades “madrinas”, y así introducen varios automotores en cada viaje.  Tan es así que en las autopistas de Estados Unidos fronterizas, estos grupos que han adquirido en subastas de las aseguradoras los coches usados, en cualquier parte de Estados Unidos, se bajan y venden la carga, todo mundo sabe cuándo van a estar por allá, simplemente se reúnen y arreglan la venta.

Efectos de esto, la industria automotriz mexicana tiene una competencia desleal total con este programa de regularización, no se puede competir con lo que se vende como coche, cuando aquello, ya es un “refrigerador” desechado; camina el auto, sí, pero las autoridades de Estados Unidos ya le quitaron la calidad o condición de vehículo, no puede circular en la Unión Americana.

El mercado de autos mexicanos usados también se ve muy afectado, porque si alguien puede comprar un vehículo en 200 dólares para qué va a pagar más por un auto que está legal en México.

Lo que realmente hizo el gobierno de López Obrador fue frenar el progreso de esta rama industrial e impactó negativamente a todo el mercado. Lo que sigue entrando a México es basura automotriz, con riesgos e implicaciones muy serias para todo el país.