La conservación que no conserva

Por Alejandro Ramos Magaña

En noviembre de 2025, en la COP30 de Belem, Brasil, México llevó el discurso: somos un país que protege. Se anunció un aumento de 50% en el presupuesto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) para 2026, la contratación de 110 nuevos directores y la ruta para sumar 50.2 millones de hectáreas a las 103.1 millones que ya están bajo el esquema de Área Natural Protegida (ANP).

En el mapa, el país se pinta de verde. En territorio, se queda en papel.

Ese 50% de aumento que se presumió en la Cumbre Climática no fue una política de Estado. Fue un rescate de última hora. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026 que envió el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión proponía para Conanp 1,002 millones de pesos, según el análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Era el monto más bajo en 21 años y representaba un recorte real de 12% respecto al modificado de 2025. Con ese monto, cada hectárea protegida tendría 10.22 pesos para todo el año: vigilancia, restauración, combustible, salarios.

Tras una carta firmada por 90 organizaciones —Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambienta (NOSSA), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Oceana, Pronatura— la Cámara de Diputados añadió 500.9 millones. El presupuesto final quedó en 1,503 millones de pesos. La cifra se vendió como incremento histórico. En términos reales es pasar de 10 a 15.33 pesos por hectárea al año. Menos de lo que cuesta una botella de agua para cuidar una cancha de fútbol durante 12 meses.

El propio gobierno reconoce el desfase. En la COP17 Cumbre sobre Biodiversidad en Ereván, Armenia (equivalente al Acuerdo de París 2015, y y que concluyó el 31 octubre, 2026), la delegación de Semarnat aceptó que la brecha financiera para cumplir la Meta 30-30 del Marco Mundial Kunming-Montreal es de 200 millones de dólares anuales. Sin cerrar esa brecha, la promesa de proteger 30% de territorio y mares al 2030 es contabilidad, no conservación.

El sistema no solo recibe poco, sino que no retiene lo que genera. En 2025, las ANP recaudaron 473.8 millones de pesos por cobro de derechos de acceso turístico, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas obtenidos por NOSSA. Es la cifra más alta de su historia y equivale a 46% del presupuesto total de la institución.

Por Ley Federal de Derechos, ese recurso debe regresar a las áreas que lo generaron para manejo y conservación. En 2023 y 2024, la Secretaría de Hacienda devolvía 94%. En 2025 solo devolvió 47%. El resto, 251 millones de pesos, se fue a gasto corriente y pago de cuotas de organismos internacionales. Las áreas que más turistas reciben —como el Parque Nacional Tulum o Islas Marietas— son las que menos mantenimiento reciben.

Para 2027 la tendencia no mejora. El PPEF 2027 contempla 1,591 millones para Conanp. Descontada la inflación, es una reducción real de 0.9% respecto a 2026. Serán 16.2 pesos por hectárea. Con ese monto se pretende administrar no solo las 232 ANP existentes —de las cuales solo 140 tienen programa de manejo vigente y obligatorio por ley— sino también los nuevos decretos, incluida el Área Natural Protegida subterránea de 2.5 millones de hectáreas en Yucatán, anunciada en Ereván.

La comparación presupuestal revela prioridades. Mientras Conanp cerrará 2026 con 1,503 millones, Pemex recibió 781,281 mil millones. Por cada peso que el Estado mexicano destina al financiamiento climático, menos de un centavo se va a biodiversidad y casi cuatro pesos a hidrocarburos, según Nuestro Futuro. No hay estrategia ambiental sin presupuesto, y no hay presupuesto sin prioridad.

El otro brazo del sistema está igual de precario. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ejerció en 2026 un presupuesto de 827 millones de pesos, 1.5% menos que en 2025. Tiene 500 inspectores en todo el país y 150 abogados para atender más de 14 mil denuncias al año por tala ilegal, tráfico de especies, cambio de uso de suelo, contaminación industrial, desarrollos en Zona Federal Marítimo Terrestre y maltrato animal.

Su propia titular, Mariana Boy Tamborrell, y la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, han reconocido públicamente que “no nos da la vida” y han solicitado 350 millones adicionales para 2027. En algunas oficinas estatales, el presupuesto mensual para combustible y operativos es de 26 mil pesos. Con eso deben recorrer miles de hectáreas.

El resultado es un sistema de protección que crece en decreto y se encoge en territorio. México reporta ante la ONU que 23.7% de sus mares están bajo conservación, pero un estudio publicado en 2026 en Science Advances demuestra que solo 4.6% está completamente protegido contra pesca y extracción. El resto son “parques de papel”, donde la actividad extractiva continúa con permiso.

Ningún caso condensa mejor esta simulación que el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl. Creado en 1935 con 96,600 hectáreas para proteger la Sierra Nevada y declarado en 2010 Reserva de la Biosfera Los Volcanes por la UNESCO, hoy conserva 39,819 hectáreas. Se le recortó 60% en 1947 por decreto presidencial para entregar bosques a las Fábricas de Papel San Rafael y Anexas.

Este parque no es un paisaje bonito. Es infraestructura hidráulica. Es la fábrica de agua que recarga los acuíferos que abastecen a los Valles de Puebla, Morelos y Estado de México. Sin bosque no hay infiltración. Sin infiltración no hay agua para ciudades que ya viven severa escasez.

Hoy amplias superficies están erosionadas y ya no infiltran lluvia. Donde hubo bosque de pino de alta montaña y oyamel hoy hay pastizales para ganadería extensiva, basura, robo de tierra de monte, extracción ilegal de grava, arena y balastre, y tala clandestina para fines comerciales. No tiene un programa de manejo que se cumpla con metas anuales ni vigilancia suficiente.

Hubo intentos. En marzo de 2008, Conanp firmó un convenio con Volkswagen México y Fundación Produce Puebla para restaurar 200 hectáreas a más de 3,900 metros de altura: 300 mil pinos de alta montaña, 11 mil tinas ciegas de captación de agua pluvial y de deshielo y mantenimiento a otras 25 mil fosas construidas en los gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox. Se invirtieron más de 400 mil dólares. El proyecto funcionó más de dos años. Luego la ganadería, la falta de seguimiento y la cambiante política sexenal se comieron la reforestación. Bimbo y otros grupos han hecho jornadas similares. Son esfuerzos loables y aislados, porque no están anclados en una estrategia de Estado.

La lección es clara. De 2019 a la fecha hemos confundido decretar con conservar. Un ANP sin personal, sin programa de manejo, sin guardabosques (figura que ni siquiera existe legalmente en la estructura de Conanp), que en 2026 opera con 717 personas operativas para 98 millones de hectáreas, cuando la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 1948), la organización medioambiental global más grande y antigua del mundo UICN recomienda uno por cada 500— no conserva: solo pinta el mapa de verde.

México no necesita más hectáreas decretadas para cumplir metas internacionales. Necesita que las 103 millones que ya tiene dejen de existir solo en papel. Necesita devolver a las ANP lo que recaudan, crear la figura de guardabosques con salario digno y poner metas medibles para parques nacionales en el Plan Nacional de Desarrollo. De lo contrario, seguiremos creciendo ambientalmente, pero solo en papel. Y el agua, que es el verdadero límite, nos recordará que los decretos no infiltran.

Mientras ya se prepara la COP31, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebrará en Antalya, Turquía, del 9 al 20 de noviembre próximo, y en entre la agenda de temas se abordará el caso de la crisis climática y cómo limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados Celsius, y lograr cero emisiones de gases de efecto invernadero en 2059, entre otras acciones.

Ya veremos hasta dónde se sigue avanzando contra el calentamiento global.