El riesgo permanente de las inundaciones en Tabasco

Por Alejandro Ramos Magaña

En noviembre de 2020, una catástrofe en Tabasco envió señales de alta vulnerabilidad en la entidad. Las inundaciones provocadas por dos frentes fríos y dos ciclones dejaron un saldo más de 200 mil viviendas afectadas, más de 800 mil personas afectas y daños en 2 mil kilómetros de carreteras.

Esta catástrofe, aún se le puede abordar desde varios enfoques: meteorológico, de protección civil, social, económico, técnico o ambiental; cualquiera incidirá en el análisis y la reflexión. Pero en esencia, este desastre, como los que cada año ocurren en la entidad tiene su origen en el gran desperfecto del sistema político mexicano: no darle continuidad a programas, planes ni a iniciativas.

Los gobernantes al inicio de cada sexenio destruyen, congelan o cambian planes de acuerdo a su signo político; no se toma en cuenta el nivel de la investigación-técnico-científica de programas que sus antecesores realizaron en conjunto con las universidades o institutos de investigación.

Ese es el lamentable caso del Programa Integral Hídrico de Tabasco, creado en 2007 durante el gobierno de Felipe Calderón, y que fue coordinado por el Instituto de Ingeniería de la UNAM, en el que también participaron la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el personal técnico, con años de trayectoria, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Marina, entre otros.

El diseño de este programa –que se llevó dos años de elaboración– tuvo su origen a raíz de las inundaciones de 2007 en Tabasco, cuyo desastre fue más severo que el ocurrido en 2020 por el alto volumen de agua.  

Dicho programa fue calificado en ese momento por la comunidad científica y académica como de vanguardia. Incluía medidas a corto, mediano y largo plazo, con obras específicas y planes de mantenimiento sistemáticos para evitar que un desastre de esa magnitud volviera a repetirse.

En su momento, las autoridades destinaron 7 mil millones de pesos, entre 2008-2012, y se realizaron grandes obras vehiculares; se construyó la Estructura de Control El Macayo (para reducir el riesgo de inundación en la ciudad de Villahermosa), que se ubica después de la Presa Peñitas, y que incluye dos sistemas de compuertas al margen derecho e izquierdo. El derecho controla el agua que entra a Villahermosa por el río Grijalva, y el de la izquierda controla al río Samaria que rodea a toda la ciudad capital y desemboca al sistema de lagunas de los Pantanos de Centla. Se construyó también un sistema de desbordamiento controlado del río Grijalva, entre otras obras más.

Pero el primer problema surgió cuando inició el gobierno de Enrique Peña (2012-2018), hicieron a un lado los estudios técnicos y pretendieron hacer uno nuevo. Presupuestaron para la ejecución del nuevo plan 16 mil millones de pesos, un presupuesto excesivo, pero donde ya no hubo obras de gran calado, ni tampoco se le dio seguimiento a los trabajos programados a largo plazo.

No es el sentido declarar ampliamente exitosa la iniciativa de Felipe Calderón, pero el programa que se diseñó durante su gobierno y que estuvo en manos de expertos con huella de la UNAM, no se le dio continuidad ni con Peña Nieto ni en el gobierno de López Obrador, próximo a concluir.

Por ejemplo, los organismos operadores de agua municipales –que recibieron fuertes aportaciones al entrar en vigor dicho programa– están en la ruina, no operan cárcamos, sistemas de bombeo ni plantas de tratamiento de aguas.

Otra cuestión grave que se dejó sin atender es el relacionado a las colonias que se encuentran a la margen derecha del río Grijalva, que forman parte del Municipio Centro de Villahermosa, ahí los sistemas de seguridad son bordos hechos de arcilla, y que sólo deberían servir como pasos de vehículos para darle mantenimiento, se han convertido en auténticas vialidades con paso continuo del transporte pesado y no están diseñados para eso. Son bordos para protección y se deben reparar anualmente para reparar posibles fracturas. Esto es un terrible descuido de las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Ha quedado constancia que obras de mantenimiento se dejaron de hacer, y se deben realizar cada año, como lo han indicado los expertos de la UNAM.

Cabe añadir un hecho igual de serio que ha sido el desmantelamiento de la Conagua, pues durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se despidió a casi todo el cuerpo técnico con amplia trayectoria y experiencia, y otros decidieron retirarse al enterarse de que les bajarían el salario.

Por ejemplo, la Gerencia de Atención a Emergencias, área especializada con 18 centros de atención que estaban bien equipadas aún en el gobierno de Peña Nieto, y uno de los más importantes estaba en Tabasco, con maquinaria pesada, traxcavos, plantas potabilizadoras, bombas de alta capacidad… Esa gerencia ahora está prácticamente anulada y sólo hay un subgerente con un presupuesto mínimo.

Obviamente todas las obras de mantenimiento y proyectos de infraestructura mayor quedaron truncadas. Las obras presupuestadas hasta 2024 fueron pequeñas, sólo paliativos. ¿Entonces cómo se pretende darle protección a la población? Tal parece que toda la atención sólo es para la refinería Dos Bocas, proyecto insignia, muy costoso e incompleto de este sexenio.

Y otro signo de la anarquía del crecimiento urbano se tiene en esta zona petrolera de Tabasco, en la que han proliferado, sin control, urbanizaciones muy precarias con servicios irregulares, con alta pobreza y se ubican en zonas de inundación natural. Otra falla de los tres órdenes de gobierno.

Además, las obras de dragado se quedaron muy cortas, pues el mayor presupuesto fue de 200 millones de pesos (en 2021), para dragar el río Usumacinta (el más grande del país), y con esos recursos no se limpia ni una cuarta parte de su longitud. El dragado de un cuerpo de agua requiere de un plan maestro y con una gran partida presupuestal por varios años.

En relación con todo lo anterior, también es imprescindible considerar las condiciones naturales de la planicie de Tabasco, pues es uno de los sistemas más grandes hidrológicos del mundo en cuanto a volúmenes de descarga, ya que en la planicie baja se juntan los ríos Grijalva con el Usumacinta, y ahí se forma un sistema lagunario como los Pantanos de Centla. Con esto aflora otro problema que se le ha dejado crecer, y es que hay muchos habitantes en esa zona, que en lugar de utilizar un sistema de construcción con palafitos han aparecido conjuntos habitacionales.

Y otro golpe más es la acción depredadora del hombre, que en casi 100 años arrasó con la selva tropical de Tabasco, el 90% de su superficie está destruida. Por eso cuando vienen los escurrimientos, que provienen desde las montañas de Guatemala, son más rápidos y provocan deslaves, y con ello la planicie tabasqueña se azolva.

Y qué ha pasado con el Comité Nacional de Grandes Presas (integrada por la Conagua, CFE, gobierno estatal y la Marina), que se supone debería de operar con oportunidad ante las intensas lluvias, pues simplemente no ha sabido operar, y por eso ahora en su momento Manuel Bartlett, titular de la CFE, culpó públicamente al entonces gobernador de Tabasco, Adán Augusto, por las inundaciones y negligencias gubernamentales. Las críticas también han alcanzado al gobernador interino Carlos Merino.

Indudablemente hay una gran responsabilidad de la Conagua con la estas inundaciones, tanto las del 2020 como las que le han seguido a la fecha, pues ésta es la responsable del manejo de compuertas de las presas.

En suma, ante el desastre sólo vemos de las autoridades –en los tres niveles de gobierno–, falta de comunicación, incompetencia, descoordinación, omisiones, desconocimiento, y lo más lamentable es el desmantelamiento técnico de la Conagua.

Sería muy conveniente que los investigadores del Instituto de Ingeniería de la UNAM, actualizaran la investigación de 2007 para ponerla al servicio de los tres órdenes de gobierno.

Urge una luz en el tema; la academia tiene la palabra ante las pésimas gestiones de los actuales gobiernos.