¿Y la gestión estratégica?

Por Alejandro Ramos Magaña

La renovación urbana y la revitalización de zonas naturales, cascos históricos, colonias decadentes y corredores culturales y académicos, se mantienen rezagados en las principales ciudades de México.

Los instrumentos de planificación y desarrollo urbano (junto con el desarrollo económico), no han logrado consolidar programas estratégicos que faciliten los cambios y transformaciones urbanas del siglo XXI. Solo hay “parches” urbanos que indican nuevos desarrollos, modernos, pero sin conexión con el tejido de la propia ciudad.

Prácticamente en todas las ciudades capitales de México existe la falta de visión en las normativas del uso del suelo. En casos donde hay déficit de suelo urbanizable (Ciudad de México), se debería impulsar la normatividad de mayor altura y densidad, así como favorecer los cambios de uso de suelo.

Por ejemplo, es sabido que el costo de la vida continúa en ascenso en las metrópolis, ya que existe un aumento sistemático del suelo y de las construcciones. Y ante esto, los expertos urbanistas nos dicen que, por lo menos, se debería fortalecer la colaboración entre gobiernos, grupos desarrolladores y de la construcción (de vivienda asequible), así como compradores de vivienda para establecer nuevos modelos de desarrollo económico-urbano orientados a la transportación.

Desde mediados de la década de los 70, los urbanistas ya advertían de los riesgos por la tendencia acelerada de crecimiento urbano desordenado de potenciales Zonas Metropolitanas, como la del Valle de México (ZMVM), Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Saltillo, Puebla, Oaxaca, Xalapa, Veracruz puerto, Mérida y Cancún, entre otras.

Las políticas públicas de entonces no pudieron darle un orden, una planeación sustentada en marcos jurídicos, ecológicos, económicos, administrativos, de salud y servicios, entre ellos la movilidad. El fenómeno de los desafíos del desarrollo urbano en general superó a la agenda pública. En las zonas céntricas de las ciudades se generó un acelerado despoblamiento e hizo crisis la escasez de vivienda asequible. Faltó y ha faltado el desarrollo de un plan metropolitano que reformule la expansión urbana horizontal por una proyección espacial y de movilidad integral.

Sin duda, ha habido esfuerzos, pero la desarticulación institucional es la que impone sus reglas, predomina el conflicto, el caos y la corrupción sobre la cooperación y/o colaboración planificada. Los gobiernos federal, estales y municipales no terminan por concretar un compromiso formal de desarrollo urbano-económica con normatividad metropolitana y de planificación espacial y de movilidad.

El problema no es que falten estudios metropolitanos ni de planificación urbana, por supuesto que los hay, tanto de los gobiernos como de instituciones académicas, ONG’s, de gremios de urbanistas, arquitectos e ingenieros. El país está sobrediagnosticado, ya se sabe qué es lo que se debe hacer, pero falta la instrumentación legal integral para echar a andar un plan que rebase los esquemas reduccionistas, de bandera política y parciales, que no terminen con trienios y sexenios ni con las alternancias en el poder.

Por la magnitud regional del crecimiento de las ciudades y su complejidad que ha rebasado a las administraciones en turno, ahora es necesario acelerar la colaboración entre gobiernos, instituciones y sociedades. Las leyes en la materia no terminan de articular un rumbo definido de crecimiento urbano-metropolitano, persisten las inequidades y las injusticias; se le sigue dejando a que sea el conflicto el que determine qué tipo de reacciones se emprenderán, y no a la inversa que sería actuar con visión y misión estratégica.

Vale citar un caso especial: A finales de diciembre de 2019, un grupo de investigadores del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad (LANCIS), del Instituto de Ecología de la UNAM, presentó un estudio sobre los mapas de urbanización proyectados al 2060 en la Zona Metropolitana del Valle de México, y con base a las modelaciones científicas reveló que, de continuar la misma tendencia de crecimiento urbano desordenado, la temperatura en esta región aumentará hasta 3 grados Celsius, sólo por esa causa, aunado al incremento de mayor calor por el cambio climático.

El estudio, que coordinó Yosune Miquelajauregui Graf, advierte que las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo,Tlalpan, Iztapalapa, Iztacalco, Gustavo A. Madero, Tláhuac y Xochimilco, así como municipios mexiquenses como Chalco, Cuautitlán, Ecatepec, Texcoco, Atenco y Zumpango, entre otros, experimentarán las altas temperaturas y por consiguiente demandarán más agua a un acuífero cada vez más sobreexplotado.

La propia investigadora fue contundente: “Se encienden los focos rojos, y en algunas áreas se debe tener más cuidado por las condiciones de vulnerabilidad ya existentes”.

La investigación señala que la ZMVM, en el 2014, tenía 2 mil 287 kilómetros cuadrados (INEGI), y de seguir el anárquico crecimiento podría alcanzar los 6 mil 459 kilómetros cuadrados para 2060, lo que implicaría un área 282% mayor. El impacto mayor sería en las superficies naturales, las cuales cederían al cemento y al concreto, y ese crecimiento arrasador lo mantiene muy dinámico el Estado de México y cada vez más cerca el estado de Hidalgo.

Y con relación a la cobertura agrícola de las cuencas del surponiente de la Ciudad de México se corre el riesgo de una disminución del 14%, entre 2014-2060, y la cobertura forestal también se vería reducida en un 7%.

En el 2001, las propias autoridades ambientales de la CDMX reconocieron que las invasiones a suelo de conservación en Tlalpan, Tláhuac, Álvaro Obregón, Xochimilco y Magdalena Contreras estaban fuera de control. Y muchos de esos asentamientos irregulares hoy, a 24 años de ese reporte, están consolidados; es decir, tienen servicios, se urbanizaron a costa de arrasar con la masa forestal –las “fábricas” de agua–.

Los ejidos, parcelas junto con las zonas de conservación están en vías de desaparición de forma exprés. Y este fenómeno se replica en casi todo el país.

El citado estudio lo precisa: “El crecimiento urbano sobre las cuencas altas también podría tener efectos sobre la disponibilidad del agua. Podría aumentar el escurrimiento superficial de agua pluvial; es decir, habría menos infiltración a mantos freáticos y, en consecuencia, menos recarga de los mismos”. 

¿Qué implica esto?, que la lluvia ya no se infiltraría al acuífero y los escurrimientos serán cada vez mayores a las partes bajas de las zonas urbanas provocando severas inundaciones, como ocurre hasta la fecha. La proyección al 2060 es que escurría hasta tres veces más agua a suelo urbano elevando la vulnerabilidad de inundaciones severas en colonias bajas.

Por eso el desabasto de agua cada año adquiere mayor relevancia, pues hay menos infiltración al acuífero y existe mayor demanda de líquido por el crecimiento poblacional.  

Vale recordar que el acuífero del Valle de México (dividido en cuatro para la gestión administrativa: Chalco-Amecameca, Zona Metropolitana de la Ciudad de México, Texcoco, y Cuautitlán-Pachuca), es el más explotado en todo el país. Ademas, se tienen los acuíferos agotados de la cuenca de Lerma: Valle de Toluca e Ixtlahuaca-Atlacomulco.

Yosune Miquelajauregui lo advirtió, ante un crecimiento urbano sin restricciones “no se respetan las áreas naturales protegidas federales y estatales, ni el suelo de conservación; la zona urbana no tiene restricciones físicas o legales para expandirse”.

Ahí tenemos la tragedia de la ZMVM, con memos superficie natural, menos agua, alteración en el clima local, más incendios forestales, más contaminación del aire y con un detrimento acelerado a la calidad de vida de las comunidades.

Sin embargo, este fenómeno se está multiplicando en las ciudades capitales del país, en el mayor de los casos convertidas en Zonas Metropolitanas con altos grados de caos urbano y destrucción ambiental.

En esta columna lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, mientras las autoridades y legisladores no creen una agenda pública con visión de Zona Metropolitana, como el Valle de México, los esfuerzos parciales sólo serán parches temporales que no atacarán la vulnerabilidad y la anarquía urbana que hoy enfrentamos.

Ante este escenario de vulnerabilidad creciente, es prioritario, y hasta urgente, una sólida Ley de Desarrollo Metropolitano federal y de estados, en el que se establezca una Autoridad Metropolitana –que trascienda las comisiones que se han creado con pírricos resultados–, un fondo metropolitano para proyectos hídricos, de vivienda asequible y de movilidad sustentable, y que se diseñen los instrumentos de evaluación para un plan maestro a 50 años.