‘Herencia’ de alto riesgo
Este gobierno federal que está por terminar su gestión va a dejarle a la siguiente administración el incumplimiento de compromisos internacionales en materia de cambio climático, pues su postura de actuar en contra de acuerdos comerciales globales y bloquear a los inversionistas privados dejaron al país en un rezago de alto ruedgo.
Por Alejandro Ramos Magaña
Este gobierno federal que está por terminar su gestión va a dejarle a la siguiente administración el incumplimiento de compromisos internacionales en materia de cambio climático, pues su postura de actuar en contra de acuerdos comerciales globales y bloquear a los inversionistas privados dejaron al país en un rezago de alto riesgo.
Las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, que Andrés Manuel López Obrador impulsó en 2021, fueron una clara muestra de una política cerrada, dañina y engañosa que atentó contra compromisos de aumentar el uso de las energías renovables.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) resultó ser una de las beneficiadas con esta iniciativa, pues seguirá produciendo energía eléctrica con carbón, combustóleo (que ha sido retirado del sistema eléctrico en muchos países por dañar la salud y el ambiente), y gas natural. Es decir, se le premió por ser más contaminante y cara para el Estado mexicano, y se condenó de paso, con falsedades, de que el sector privado genera la energía más cara.
En su momento, la oposición en el Senado, principalmente de los legisladores panistas, calificaron la la reforma en este sector eléctrico como violatoria de la Constitución y de tratados internacionales firmados por nuestro país; y advirtieron que las consecuencias serán muy graves para la nación y la población.
Entre esos acuerdos internacionales se encuentra el T-MEC, en el que se estableció no privilegiar los monopolios de las empresas del Estado. Además, los legisladores de oposición, junto con expertos en la materia, advirtieron que a corto plazo se aplicarán aranceles a los bienes y servicios que se produzcan con energía sucia, de la CFE.
En el Acuerdo de París (firmado por 188 países en 2016 y con metas para 2030), el gobierno mexicano se comprometió a elevar la generación de energías limpias para lograr en 2024 un nivel del 35% del total producido. Y cuando inició el gobierno de López Obrador, en diciembre de 2018, el índice se ubicaba en 25%, pero todo se detuvo, pues el presidente atacó al sector privado al congelar el compromiso del país con el planeta.
López Obrador planteó una política de que todo en materia energética debe ser controlado por el Estado; el discurso agresivo y descalificador del presidente contra inversionistas privados nos hizo recordar los oscuros pasajes de las dictaduras de izquierda de los hermanos Castro, en Cuba, y de Chávez-Maduro, en Venezuela. Además, el golpe al ambiente marcó su preferencia de privilegiar el uso de combustibles fósiles –que generan el calentamiento global.
Por ejemplo, en esta administración la empresa petrolera Pemex torció esquemas legales y con ello evitó que entraran en funcionamiento normas ambientales como fue el caso de la regulación de las emisiones de metano en el sector de hidrocarburos (gas de efecto invernadero más agresivo en la atmósfera que el dióxido de carbono, CO2).
La llamada Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente (Asea) se encargó de beneficiar –desde una posición de veleta–, a Pemex con los incumplimientos. Es decir, la ley se ajustó a los intereses de AMLO sin importar los daños que fue provocando al ambiente, la salud y a la economía.
López Obrador presumió como máxima obra la refinería Dos Bocas, en Tabasco, cuando a nivel mundial están desechando dichos bienes por el descenso en la demanda. Simplemente la producción de automóviles eléctricos e híbridos a escala internacional es cada día más elevada, así como la generación de energía eléctrica con sistemas solares y eólicos. La tendencia global chocó contra la politica de AMLO, que hasta hoy sigue con la visión de seguir impulsando el uso de combustibles fósiles como estandarte de soberanía nacional.
Tan mal fue la postura de este gobierno, que en 2021 el editorial del medio global británico “Financial Times” calificó las políticas de López Obrador como una “peligrosa adicción” por los combustibles fósiles, cuando la tendencia mundial es intensificar el uso de energías renovables.
El medio inglés le reclamó en su momento al gobierno federal que las reformas a dicha ley abrieron una puerta a la expropiación de los 17 mil 600 millones de dólares de inversión privada en el sector eléctrico lo que impactó en costos a clientes y empresas, tal y como lo ha denunció el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Con esta tendencia quedó claro que la política de AMLO hacia el sector eléctrico, revirtió sustancialmente la reforma energética pionera de 2013-2014, la cual estableció a tomar primero la energía más barata.
El presidente llevó al país a escenarios de demandas y juicios de alto costo para el Estado, y lo más grave es que México contribuirá de forma agresiva con el calentamiento global y con elevados picos de contaminación atmosférica.
No hay duda que Claudia Sheinbaum, experta en cambio climático, hereda un escenario de alto riesgo con Pemex y la CFE. Está en sus manos aplicar la postura científica o seguir en la narrativa del falso nacionalismo.