“Traidora y malagradecida”: el PAN lanzan duras acusaciones contra Maru Campos

Por Mario Victorino

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, defendió la cooperación internacional en materia de seguridad y respaldó la actuación de las autoridades tras la detención de César Jáuregui Moreno, quien dejó la Fiscalía General del Estado en abril pasado y ahora enfrenta una investigación por la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en un operativo contra un presunto narcolaboratorio.

“Nadie que sirva o haya servido en mi Gobierno está por encima de la ley. En Chihuahua, la ley se aplica sin distinción. No se protege a nadie ni se persigue a nadie”, afirmó Campos en un video difundido en sus redes sociales el lunes 19 de octubre.

La mandataria sostuvo que colaborar con otros países es legítimo y necesario para combatir al crimen organizado, pero subrayó que esa cooperación debe realizarse por canales institucionales y con apego a las disposiciones legales mexicanas.

“La cooperación con otros países es legítima y muy necesaria, pero debe darse con apego a la ley, como siempre lo hemos venido haciendo”, expresó.

El pronunciamiento se produjo después de que Jáuregui fuera detenido el sábado 17 de octubre y trasladado al penal federal del Altiplano, en el Estado de México, tras la ejecución de una orden de aprehensión relacionada con el caso de los agentes estadounidenses.

La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de presuntos hechos constitutivos de traición a la patria en materia de seguridad nacional. Por separado, las autoridades estatales lo investigan por posibles delitos del fuero común relacionados con el ejercicio del servicio público.

La detención representa un giro en el caso que comenzó con la muerte de dos agentes estadounidenses y dos funcionarios de Chihuahua en un accidente automovilístico, después de un operativo realizado en la Sierra Tarahumara en abril. También abrió una disputa política entre Campos y antiguos aliados de Jáuregui, quien buscaba mantener presencia dentro del PAN de cara a las elecciones de 2027.

Maru Campos explica cómo se llegó a la detención del exfiscal

La gobernadora recordó que, después de una reunión con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, en abril se acordó establecer un grupo interinstitucional dentro de la Fiscalía estatal para investigar las circunstancias de la participación de agentes estadounidenses en el operativo.

El grupo debía revisar posibles delitos o faltas graves cometidos por servidores públicos y establecer responsabilidades por la presencia de personal extranjero en una operación de seguridad en territorio mexicano.

De acuerdo con Campos, la primera etapa de las investigaciones concluyó la semana anterior a la detención. A partir de esos resultados, las autoridades estatales llevaron el caso ante un juez y se ejecutó una orden de aprehensión contra el exfiscal.

Jáuregui había renunciado a su cargo el 27 de abril, días después del operativo y de que se hiciera pública la presencia de agentes estadounidenses.

La gobernadora aseguró que su administración colaborará con la FGR y entregará la información que le sea requerida dentro del marco legal. También afirmó que la Fiscalía estatal actuó conforme a sus atribuciones y que la resolución de los procesos corresponde al Poder Judicial.

Sin embargo, la existencia de investigaciones estatales y federales abre distintas líneas de análisis: una se refiere a las decisiones que permitieron la participación de agentes extranjeros; otra, a las posibles irregularidades cometidas durante el operativo y las actuaciones posteriores. Las responsabilidades individuales deberán determinarse mediante los procedimientos correspondientes.

¿Por qué detuvieron a César Jáuregui?

La investigación se relaciona con el operativo realizado en abril de 2026 contra un presunto narcolaboratorio en la comunidad de El Pinal, en la Sierra Tarahumara, Chihuahua.

La presencia de agentes de la CIA en la operación se conoció después del accidente automovilístico ocurrido el 19 de abril, en el que murieron dos funcionarios de la Fiscalía estatal y dos ciudadanos estadounidenses identificados como agentes de esa agencia.

El caso provocó una crisis política y diplomática debido a que los agentes extranjeros habrían participado directamente en una operación contra el crimen organizado sin la autorización federal que exige el marco jurídico mexicano para este tipo de actividades.

La FGR informó que la orden de aprehensión contra Jáuregui se sustentó en más de cien actos de investigación. Según la versión de la fiscalía federal, el exfuncionario habría permitido o coordinado la intervención de personal extranjero en territorio nacional en circunstancias que podrían constituir el delito de traición a la patria.

La autoridad federal considera que los hechos implican una posible vulneración de la soberanía nacional y de las atribuciones que corresponden a las instituciones federales en materia de seguridad.

El exfiscal también enfrenta una investigación estatal por presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Se trata de procedimientos distintos, por lo que las acusaciones, sus fundamentos y las resoluciones judiciales deberán examinarse por separado.

La detención no equivale a una sentencia condenatoria. La responsabilidad de Jáuregui deberá establecerse durante el proceso, con respeto a su derecho de defensa y a la presunción de inocencia.

La defensa de Jáuregui niega que autorizara a los agentes de la CIA

La defensa del exfiscal ha rechazado la versión de que su cliente autorizó la participación de los agentes estadounidenses en el operativo.

Su abogado, Héctor Villasana, sostuvo que Jáuregui no sabía que elementos de la CIA participarían en la intervención contra el presunto narcolaboratorio. También señaló que el exfiscal mantenía reuniones con responsables de las áreas de investigación y operaciones de la Fiscalía, pero que ello no significaba que conociera todos los operativos programados o en curso.

La defensa ha señalado a Pedro Oseguera Cervantes, entonces titular de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, como el funcionario que habría autorizado la participación de los agentes extranjeros. Oseguera murió en el accidente del 19 de abril junto con los dos agentes estadounidenses y otro funcionario estatal.

Esta versión contradice la hipótesis que las autoridades federales atribuyen a Jáuregui. La investigación tendrá que establecer quién conocía la presencia de los agentes, quién autorizó su participación, qué responsabilidades tenía cada funcionario y si existió una cadena de mando o coordinación previa.

El esclarecimiento de esos puntos es clave para determinar si hubo decisiones individuales, fallas de supervisión o actuaciones que rebasaron las facultades de las autoridades estatales.

El caso pone bajo presión a Maru Campos

Aunque la gobernadora ha respaldado la investigación y la detención de su exfiscal, el caso no elimina las preguntas sobre el conocimiento que pudo tener el Gobierno estatal de la operación.

Desde Morena se ha exigido que Campos explique qué sabía sobre la presencia de los agentes estadounidenses, cuándo lo supo y qué decisiones tomó después de conocer los hechos. La posición de la oposición es que la investigación no debe limitarse a Jáuregui si existen otros funcionarios que pudieron tener información o responsabilidad.

La mandataria, por su parte, sostiene que la investigación se realizó mediante una unidad especializada y que su administración colaborará con las autoridades federales.

El punto central es distinguir entre la responsabilidad penal que se atribuya al exfiscal y las posibles responsabilidades administrativas o políticas de otros integrantes del Gobierno. La detención de un exfuncionario no demuestra por sí sola que la gobernadora conociera la operación ni tampoco resuelve las dudas sobre el funcionamiento de los mecanismos de supervisión.

La investigación deberá determinar qué información circuló dentro de la administración estatal, qué decisiones se tomaron antes y después del operativo y si los protocolos de cooperación con autoridades extranjeras fueron respetados.

Una ruptura política dentro del PAN

La detención también provocó una fractura entre sectores del Partido Acción Nacional (PAN) en Chihuahua. Jáuregui había mantenido una relación política de años con Campos y era considerado un aspirante a competir por la alcaldía de la capital del estado en 2027.

Su arresto generó críticas entre militantes y figuras panistas que consideran que la gobernadora se distanció de uno de sus antiguos colaboradores en medio de una investigación de alto impacto político.

Entre los cuestionamientos difundidos por integrantes de la oposición está la acusación de que el proceso podría tener consecuencias político-electorales, debido a las aspiraciones de Jáuregui y a las diferencias que mantenía con el grupo cercano a Campos. Esas afirmaciones forman parte de la disputa política y no constituyen, por sí mismas, evidencia de que la investigación haya sido fabricada o utilizada con fines electorales.

Otros integrantes del PAN han cuestionado que el caso se encuadre en el delito federal de traición a la patria. El dirigente nacional del partido, Jorge Romero, criticó esa calificación y sostuvo que el Gobierno federal no debería utilizarla para construir una narrativa contra la oposición.

La dirigencia panista ha enfrentado así una disyuntiva: defender a una gobernadora que había recibido respaldo de sectores opositores por su postura frente al Gobierno federal o exigir que se esclarezcan las responsabilidades por la participación de agentes estadounidenses en el operativo.

El conflicto ocurre mientras los partidos comienzan a preparar sus estrategias para los comicios de 2027, en los que Chihuahua será uno de los escenarios relevantes de la disputa entre PAN y Morena.

Cooperación con Estados Unidos: el límite de la soberanía

La controversia también reabrió el debate sobre los alcances de la colaboración entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.

Los gobiernos de ambos países mantienen mecanismos de intercambio de información e inteligencia para combatir al narcotráfico y otras actividades delictivas. Sin embargo, la cooperación no elimina la obligación de respetar las leyes mexicanas ni autoriza automáticamente a agentes extranjeros a realizar operativos armados por su cuenta en territorio nacional.

La posición expresada por Campos es que la cooperación internacional resulta necesaria, pero debe realizarse mediante canales institucionales y dentro del marco legal. La postura del Gobierno federal coincide en que puede existir colaboración con Estados Unidos, aunque ha insistido en que la participación directa de agentes extranjeros en operaciones de seguridad debe sujetarse a las autorizaciones y disposiciones correspondientes.

El caso de Chihuahua puso esa diferencia en el centro de la discusión: no se cuestiona únicamente la utilidad del intercambio de inteligencia, sino quién autorizó la operación, bajo qué condiciones se desarrolló y si las autoridades mexicanas competentes tuvieron conocimiento de la participación de los agentes.

La respuesta tendrá consecuencias que van más allá del expediente de Jáuregui. También podría definir responsabilidades institucionales y establecer criterios sobre la supervisión de la cooperación internacional en operaciones contra el crimen organizado.

Un caso que seguirá teniendo consecuencias políticas y judiciales

La detención de César Jáuregui abrió una nueva etapa en una investigación que comenzó con un operativo antidrogas y terminó convirtiéndose en un conflicto entre autoridades estatales y federales.

Maru Campos sostiene que nadie de su administración está por encima de la ley y que su gobierno colaborará con las investigaciones. La defensa del exfiscal niega que él haya autorizado la participación de los agentes de la CIA, mientras la FGR sostiene que existen elementos para investigarlo por presuntos delitos relacionados con la intervención extranjera.

Al mismo tiempo, las diferencias dentro del PAN y los cuestionamientos de Morena han convertido el expediente en un asunto central de la disputa política rumbo a 2027.

El esclarecimiento del caso dependerá de que las autoridades determinen quién autorizó la presencia de los agentes, qué sabían los funcionarios involucrados, si se incumplieron normas mexicanas y qué responsabilidades corresponden a cada persona. Hasta que existan resoluciones judiciales, las acusaciones deben mantenerse diferenciadas de los hechos probados.

La frase de Campos —“nadie está por encima de la ley”— coloca a su propia administración frente a una exigencia de transparencia: que las investigaciones no se detengan en un solo funcionario y que las responsabilidades, si las hay, se establezcan con pruebas y conforme a derecho.