SCJN compra camionetas blindadas de lujo; debate sobre austeridad y seguridad
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) adquirió camionetas blindadas de más de un millón de pesos para sus nueve ministros. La Corte justificó la compra por motivos de seguridad y renovación de flotilla, mientras el gobierno federal destacó un ahorro superior a mil millones de pesos.
Por Mario Victorino
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la compra de nueve camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee, con un costo que oscila entre 1.07 y hasta 3 millones de pesos por unidad, destinadas a sus ministros. La adquisición se realizó como parte de un proceso de renovación de flotilla y bajo criterios de seguridad institucional.
La decisión ha generado debate público, pues contrasta con la política de austeridad promovida en otros poderes del Estado. Sin embargo, la Corte defendió que se trata de una medida indispensable para garantizar la integridad de sus integrantes.
Justificación oficial
En un comunicado, la SCJN explicó que la compra responde a la necesidad de sustituir vehículos que ya no cumplían con estándares mínimos de protección. La normatividad interna vigente desde 2019 establece que las unidades deben renovarse cada cuatro años o antes, cuando las condiciones del automotor no sean seguras.
Reacción del gobierno federal
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el cambio de contrato de arrendamiento por compra directa representó un ahorro superior a mil millones de pesos, ya que la Corte dejará de rentar vehículos y pasará a tenerlos en propiedad. Subrayó que corresponde a la SCJN transparentar la operación y detallar los criterios de seguridad que motivaron la adquisición.
Comparativo con otros poderes
Mientras la SCJN optó por camionetas blindadas de lujo, el Senado y la Cámara de Diputados también destinan recursos a seguridad y transporte oficial, aunque bajo esquemas distintos. En el Legislativo, los vehículos suelen ser de gama media y se complementan con apoyo de la Guardia Nacional en situaciones de riesgo.
En contraste, el Ejecutivo federal mantiene un esquema más amplio de seguridad vehicular, con camionetas blindadas para secretarios de Estado y funcionarios de alto nivel, aunque estas adquisiciones suelen estar centralizadas y justificadas por protocolos de seguridad nacional.
Debate público
La compra ha sido criticada por sectores que cuestionan la coherencia con la narrativa de austeridad. Sin embargo, la Corte insiste en que se trata de una medida indispensable para garantizar la protección de sus ministros, quienes enfrentan riesgos derivados de su función en la impartición de justicia.
Implicaciones
El caso refleja la tensión entre seguridad institucional y percepción ciudadana sobre el gasto público. Aunque otros poderes también destinan recursos a transporte y protección, la visibilidad y el costo de las camionetas de la SCJN han colocado a la Corte en el centro del debate sobre austeridad y privilegios en el servicio público.