FGR debe explicar clasificación de ataque en Coahuayana, Michoacán: Sheinbaum
Claudia Sheinbaum señaló que la FGR debe aclarar por qué el ataque con coche bomba en Coahuayana fue inicialmente clasificado como terrorismo y posteriormente reclasificado como delincuencia organizada.
REDACCIÓN
El sábado 6 de diciembre, un coche bomba explotó frente a las instalaciones de la policía comunitaria en Coahuayana, Michoacán. El atentado dejó seis personas fallecidas y al menos doce heridas, generando alarma nacional. La FGR, encabezada por Ernestina Godoy, informó en un primer momento que el caso sería investigado como un acto de terrorismo.
La reclasificación del delito
Un día después, la Fiscalía modificó la tipificación y señaló que el ataque se investigaría bajo el marco de delincuencia organizada. Este cambio de criterio provocó cuestionamientos sobre los fundamentos legales y técnicos que llevaron a la institución a variar la clasificación en tan corto tiempo.
La postura de la presidenta
Claudia Sheinbaum subrayó que corresponde a la FGR explicar públicamente las razones detrás de esta decisión. La mandataria enfatizó que la clasificación de delitos como terrorismo tiene implicaciones jurídicas y políticas de gran alcance, por lo que la ciudadanía merece claridad sobre los criterios aplicados y sobre quiénes son los responsables del ataque.
Implicaciones nacionales
La discusión sobre la tipificación del ataque en Coahuayana abre un debate sobre cómo se define el terrorismo en México y cuáles son los criterios que diferencian este delito de otros vinculados a la delincuencia organizada. La falta de claridad puede impactar en la confianza pública hacia las instituciones de justicia y en la percepción de seguridad en regiones afectadas por la violencia.
Perspectiva estratégica
La exigencia de explicación por parte de la presidenta se enmarca en un contexto donde el gobierno busca fortalecer la coordinación en materia de seguridad y justicia. La transparencia en la clasificación de delitos es vista como un elemento clave para garantizar credibilidad institucional y enviar un mensaje claro sobre la gravedad de los ataques que afectan directamente a comunidades vulnerables.