Guadalupe Urban no murió, la ejecutaron: ¿quién se beneficia del silencio en San Juan Cacahuatepec?
Guadalupe Urban Caballos, regidora de San Juan Cacahuatepec, fue asesinada en Oaxaca. El crimen desata exigencias de justicia y alerta sobre violencia política contra mujeres.
Por Mario Victorino
La mañana del 6 de noviembre, Guadalupe Urban Caballos, regidora de Parques y Jardines del municipio de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca, fue asesinada a balazos cerca de su domicilio en la comunidad de San Antonio Ocotlán. El ataque fue perpetrado por personas armadas que huyeron del lugar, según los primeros reportes. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó el crimen e inició una investigación con perspectiva de género para esclarecer los hechos.
Urban Caballos formaba parte del cabildo municipal para el periodo 2025–2027, electa por representación proporcional. Su labor como funcionaria pública era reconocida por su compromiso con las causas comunitarias y el fortalecimiento democrático local. El Ayuntamiento condenó el asesinato y exigió justicia, señalando que la impunidad no puede ser tolerada en un Estado de Derecho.
⚠️ Violencia política en Oaxaca
El asesinato de Guadalupe Urban se suma a una preocupante tendencia de violencia política contra mujeres en Oaxaca. Con este caso, el estado acumula al menos 75 feminicidios en lo que va del año. La agresión contra una funcionaria pública en ejercicio de sus funciones refuerza los llamados de organizaciones civiles y autoridades locales para reforzar los mecanismos de protección a mujeres en cargos públicos.
La región de la Costa oaxaqueña, donde se ubica San Juan Cacahuatepec, ha sido escenario de múltiples hechos violentos en los últimos años, lo que ha generado un clima de inseguridad para líderes comunitarios, activistas y autoridades municipales.
🧩 Exigencias de justicia
Diversas voces en Oaxaca han exigido una investigación seria, pronta y con enfoque de género. El crimen de Urban Caballos no solo representa una pérdida para su comunidad, sino también un desafío para las instituciones encargadas de garantizar seguridad y justicia. El caso ha reactivado el debate sobre la violencia estructural que enfrentan las mujeres en política, especialmente en municipios rurales.
La Fiscalía estatal ha prometido dar con los responsables, mientras el cabildo municipal y la ciudadanía exigen que el caso no quede impune. La violencia contra mujeres en cargos públicos no puede seguir siendo parte del paisaje político mexicano.