Cártel Inmobiliario en CDMX: Revés judicial limita la investigación y protege a exfuncionarios
Ha enfrentado una serie de obstáculos judiciales que complican los esfuerzos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) para llevar a los implicados ante la justicia.
Por Mario Victorino
La investigación sobre el llamado “Cártel Inmobiliario” en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, una red de presunta corrupción que involucra a exfuncionarios y empresarios que facilitaban permisos irregulares para desarrollos inmobiliarios, ha enfrentado una serie de obstáculos judiciales que complican los esfuerzos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) para llevar a los implicados ante la justicia.
El caso comenzó a ganar notoriedad luego de que la Fiscalía revelara los vínculos de exfuncionarios de Benito Juárez con permisos de construcción otorgados a cambio de favores y extorsiones, afectando a cerca de 130 propiedades que se construyeron fuera de la normativa urbana. Sin embargo, en las últimas semanas, los tribunales han suspendido varios procedimientos legales a petición de los acusados, quienes alegan que la FGJ ha vulnerado sus derechos al clasificarlos públicamente como parte de un “cártel.” Este fallo limita la capacidad de la Fiscalía para emplear este término en la documentación y comunicación pública, y establece pausas en las audiencias para algunos implicados.
Entre los principales exfuncionarios involucrados están Christian Von Roehrich, exdelegado, y Nicias Aridjis Vázquez, exdirector de Obras y Desarrollo Urbano, ambos señalados por aprobar proyectos irregulares y adquirir propiedades con descuentos millonarios en zonas de alto valor. La FGJ ha llevado a cabo múltiples cateos y ha detenido a diversos implicados, pero el fallo judicial reciente restringe su capacidad para avanzar con audiencias y comunicados de manera ágil.
Este desarrollo judicial representa un revés para la FGJ, que se enfrenta a complejidades legales adicionales en la batalla por desmantelar esta red de corrupción. La resolución también resalta los retos para combatir las prácticas irregulares en un sector inmobiliario competitivo, en el que el gobierno de Claudia Sheinbaum y ahora el de Clara Brugada intentan recuperar la legalidad y asegurar que los desarrollos urbanos se realicen con transparencia y en beneficio de los ciudadanos.