Pemex y CFE regresan al control del Estado con Reforma Energética histórica
En una medida que busca restaurar el control estatal sobre los recursos energéticos estratégicos del país, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) han sido transformadas nuevamente en empresas públicas bajo una reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Por Mario Victorino
Ciudad de México. Este 30 de octubre de 2024 marca un momento clave en la historia energética de México con la firma del decreto de la reforma constitucional que devuelve a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al control del Estado. Con este cambio, las dos empresas vuelven a ser entidades públicas, destacándose como pilares de la soberanía energética en México, y promoviendo una visión en la que el acceso a la energía es considerado un servicio público esencial y no solo una mercancía.
La reforma establece que la CFE tendrá la capacidad de generar el 54% de la electricidad en el país, mientras que el sector privado podrá proveer hasta un 46%. Esto representa un cambio sustancial respecto a las reformas de 2013, que abrieron el sector a una participación más amplia de empresas privadas y extranjeras. Ahora, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) priorizará el uso de energía de la CFE en el sistema eléctrico nacional, sin considerar el costo comparativo con los generadores privados. Este rediseño pretende fortalecer la infraestructura nacional, especialmente en zonas rurales y comunidades que previamente no contaban con un suministro estable de electricidad.
En la nueva normativa se incluye una cláusula que define a la electricidad como un recurso estratégico nacional, estableciendo que su producción y distribución será supervisada como un servicio público. Esto significa que la energía eléctrica, al igual que el litio, estará controlada en su mayoría por el Estado, sin considerar la intervención de empresas privadas como una competencia directa. En el ámbito de hidrocarburos, Pemex vuelve a ser la empresa predominante, recibiendo inversión estatal significativa para aumentar la producción de combustibles y reducir la dependencia de las importaciones.
Sin embargo, los cambios han generado preocupación en el sector privado y en organismos internacionales, particularmente por la posibilidad de conflictos comerciales en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Inversionistas y representantes del sector advierten que esta reforma puede alejar la inversión extranjera, afectando el crecimiento de México en el ámbito energético y comprometiendo la innovación tecnológica en energías limpias. Además, los críticos argumentan que la medida podría llevar a desafíos financieros para CFE y Pemex, dada la necesidad de modernizar infraestructuras sin el apoyo de capital privado.
A pesar de estas preocupaciones, la administración de Claudia Sheinbaum ha defendido la medida como un paso hacia la independencia energética de México y un beneficio directo para los ciudadanos, al asegurar que los recursos energéticos del país estén controlados en su mayoría por el Estado. Aunque la reforma ha sido aprobada a nivel federal y firmada hoy por la presidenta, aún falta la ratificación de la mayoría de los congresos estatales para que entre en plena vigencia, un paso que se espera completar en las próximas semanas.