Modificación al artículo 3 de la constitución de la CDMX: ¿Qué significa para la propiedad privada?
Aunque la propiedad privada sigue siendo un derecho protegido, ahora se encuentra en un contexto que prioriza el interés público y el desarrollo sostenible.
Por Mario Victorino
Ciudad de México. La reciente modificación al artículo 3 de la Constitución de la Ciudad de México ha generado un intenso debate entre ciudadanos y expertos en derecho. La reforma, promulgada por el Jefe de Gobierno Martí Batres, ha suscitado preguntas sobre el futuro de la propiedad privada en la capital.
¿Desaparece la Propiedad Privada?
Contrario a algunos rumores, la propiedad privada no desaparece en la Ciudad de México. La modificación establece que la propiedad privada ya no es el “principio rector” de la legislación capitalina. En su lugar, se prioriza el interés superior de la nación, de la ciudad y de lo público. Este cambio alinea la Constitución local con el artículo 27 de la Constitución Federal de México, que también pone énfasis en el interés público.
¿Qué Implicaciones Tiene Esta Modificación?
La reforma busca equilibrar los derechos individuales con las necesidades colectivas. Aunque la propiedad privada sigue siendo protegida, ahora se considera dentro de un marco más amplio que incluye el bienestar social y el desarrollo urbano sostenible. Esto podría influir en futuras políticas de desarrollo urbano, expropiaciones y uso de suelo.
Reacciones y Opiniones
Diversos sectores han expresado sus opiniones sobre esta modificación. Algunos expertos en derecho constitucional ven la reforma como un paso necesario para un desarrollo urbano más equitativo. Sin embargo, otros temen que pueda abrir la puerta a abusos y expropiaciones injustificadas.
La modificación al artículo 3 de la Constitución de la Ciudad de México representa un cambio significativo en la forma en que se concibe la propiedad privada en la capital. Aunque la propiedad privada sigue siendo un derecho protegido, ahora se encuentra en un contexto que prioriza el interés público y el desarrollo sostenible.