Escándalo de los Tesla en la UAM crece: ¿quién permitió gastar 7.5 millones?
La compra de seis autos Tesla y Volvo por 7.5 millones de pesos en la UAM pone bajo presión al rector, Patronato, Contraloría y Jurídico.
Por Mario Victorino
La compra de seis vehículos eléctricos de las marcas Tesla y Volvo, autorizada por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) por más de 7.5 millones de pesos, abrió un nuevo frente de cuestionamientos contra el rector Gustavo Pacheco López y las instancias responsables de vigilar el uso de los recursos universitarios.
La polémica ya no se limita a la decisión de adquirir automóviles para directivos. Integrantes de la comunidad universitaria revisan si el rector excedió sus atribuciones y si el Patronato, la Contraloría y otras áreas administrativas incumplieron sus responsabilidades de supervisión al modificar criterios de adquisición o permitir la operación sin los controles correspondientes.
Mientras se analizan posibles vías legales para establecer responsabilidades, el descontento estudiantil continúa creciendo. Los universitarios han cuestionado que la institución destinara millones de pesos a vehículos eléctricos mientras persisten problemas de infraestructura, bibliotecas cerradas y falta de espacios adecuados para estudiar y alimentarse.
Patronato y Contraloría, bajo cuestionamiento por compra de Tesla y Volvo
La revisión de la legislación orgánica de la UAM abrió la discusión sobre las facultades del rector para autorizar la adquisición de los seis automóviles, así como sobre el papel de las instancias encargadas de vigilar el patrimonio institucional.
La comunidad universitaria busca determinar si hubo modificaciones a los criterios de compra y si los órganos de control cumplieron con sus obligaciones. El objetivo es establecer si existen elementos para sancionar posibles irregularidades administrativas.
El gasto autorizado ascendió a 7 millones 509 mil 90 pesos, una cifra que se convirtió en uno de los principales símbolos del conflicto entre las autoridades y los sectores inconformes de la universidad.
La controversia se produjo en medio de un paro que, de acuerdo con el texto proporcionado, mantenía sin actividades a las cinco unidades académicas: Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Xochimilco y Lerma. La suspensión afectaba a cerca de 62 mil estudiantes.
En los planteles, los jóvenes mantienen resguardadas las instalaciones y defienden sus pliegos petitorios, mientras académicos y otros integrantes de la comunidad realizan asambleas para discutir los cambios que requiere el gobierno universitario.
SITUAM cuestiona prioridades presupuestales de la Rectoría
El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM) también cuestionó la decisión de destinar recursos a los vehículos cuando, sostuvo, existen necesidades pendientes en infraestructura, contratación académica y servicios universitarios.
“¿Por qué se autorizó ese gasto, cuando ya existían necesidades de infraestructura, contratación académica y servicios universitarios?”, planteó el sindicato.
Aunque aclaró que la adquisición de los automóviles no está relacionada directamente con el paro estudiantil, el gremio sostuvo que el debate debe centrarse en las prioridades del gasto y los resultados que obtiene la comunidad con los recursos públicos.
También advirtió que la venta de los vehículos, anunciada días antes por el rector Gustavo Pacheco López, no resolverá por sí misma las carencias de la institución.
El SITUAM exigió transparencia sobre el ejercicio presupuestal, información verificable acerca del cumplimiento del Acuerdo 03/2026 UAM-SITUAM y una política financiera que reconozca la importancia del trabajo académico y administrativo.
El sindicato se encuentra además en proceso de definir su demanda salarial para 2027, como parte de la revisión que acompañará su emplazamiento a huelga.
Rector defiende la compra y cuestiona el estigma sobre las marcas
En entrevista con Radio UAM, Pacheco López volvió a justificar la adquisición de los vehículos bajo el argumento de reducir la huella de carbono de la universidad y avanzar en la transición energética.
El rector consideró que existe un “estigma” alrededor de las marcas Tesla y Volvo, debido a la percepción de que se trata de automóviles de lujo.
Aseguró que la decisión se tomó a partir de un estudio integral que, según explicó, no consideró únicamente el precio de compra, sino también los costos de mantenimiento y el consumo de combustible. Al tratarse de unidades eléctricas, sostuvo, la operación permitiría reducir determinados gastos y emisiones.
También defendió la instalación de paneles fotovoltaicos y afirmó que, durante este año, la Rectoría General producirá por esa vía 65 por ciento de la electricidad que consume.
Sin embargo, los argumentos ambientales no han frenado las críticas sobre la pertinencia de destinar millones de pesos a vehículos para directivos en una universidad que enfrenta reclamos por sus condiciones materiales.
Por su parte, el SITUAM recordó que durante este año se destinaron 122 millones de pesos al mantenimiento de las unidades académicas y casi 200 millones adicionales a las funciones sustantivas de la institución.
La discusión, por tanto, ya alcanza no sólo al rector, sino también a los órganos que debían supervisar la adquisición y garantizar el uso adecuado del patrimonio universitario. La comunidad busca respuestas sobre quién autorizó la operación, qué controles se aplicaron y si hubo responsabilidades que deban investigarse.