¿Austeridad o privilegios? Morena contrata a Broxel para dar dinero extra a sus diputados
Morena contrató a Broxel para repartir monederos de 10 mil pesos a sus diputados. El gasto, los privilegios y la empresa generan dudas.
Por Mario Victorino
Mientras el discurso de Morena insiste en la austeridad y el combate a los privilegios en el servicio público, su bancada en la Cámara de Diputados contrató a la empresa Broxel para proporcionar monederos electrónicos con saldos precargados a sus legisladores, un beneficio adicional que no forma parte de las prerrogativas establecidas por ley para los diputados.
Se trata de tarjetas de la modalidad Tengo Negocios, con recursos de 10 mil pesos cada una, destinadas a los 254 integrantes de la bancada morenista. La operación abre interrogantes sobre el origen del dinero, la justificación del gasto y las condiciones bajo las cuales se eligió a la compañía para administrar estos recursos.
El esquema representa una prestación adicional para los legisladores de Morena, quienes ya reciben las remuneraciones y apoyos correspondientes a sus funciones parlamentarias. Sin embargo, hasta ahora no se ha explicado públicamente cuál es la justificación para entregarles dinero mediante monederos electrónicos ni qué mecanismos existen para fiscalizar su utilización.
Tarjetas empresariales para diputados: ¿en qué pueden gastar el dinero?
Los monederos contratados corresponden al producto Tengo Negocios de Broxel, una herramienta financiera diseñada para administrar viáticos y gastos empresariales.
Entre sus características están la posibilidad de realizar compras en establecimientos físicos y plataformas digitales, pagar servicios, retirar efectivo en cajeros automáticos y utilizar las tarjetas internacionalmente.
La empresa también promociona ventajas fiscales, con deducciones de hasta 100%, sujetas a los requisitos legales y fiscales correspondientes.
Es decir, los diputados cuentan con instrumentos financieros que permiten disponer de recursos mediante diferentes modalidades de pago, mientras persisten las preguntas sobre el propósito específico de este beneficio y la rendición de cuentas sobre el dinero utilizado.
La cuestión central es por qué una bancada que presume combatir los privilegios mantiene beneficios adicionales para sus integrantes y bajo qué criterios decidió contratarlos.
Broxel, una proveedora bajo la lupa por denuncias e investigaciones
La elección de Broxel también genera cuestionamientos por los antecedentes de la compañía en contratos con instituciones públicas.
De acuerdo con las investigaciones periodísticas difundidas sobre la empresa, enfrenta denuncias por presuntos conflictos de interés, evasión fiscal, opacidad en contrataciones y posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos.
En diciembre de 2025 se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), relacionadas con contratos y operaciones financieras de la compañía.
También se han documentado sanciones administrativas y observaciones sobre contratos gubernamentales, entre ellos los relacionados con la dispersión de recursos mediante tarjetas electrónicas.
La controversia llegó incluso a la conferencia presidencial, donde Claudia Sheinbaum solicitó a Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, revisar las denuncias e informar sobre el avance de las investigaciones.
Pese a estos señalamientos, Broxel continúa participando como proveedora de servicios financieros para instituciones públicas.
El gasto de Morena exige explicaciones
La contratación de los monederos coloca a la bancada mayoritaria frente a preguntas que no se resuelven con la simple entrega de tarjetas: ¿de qué partida salen los recursos?, ¿quién autorizó la contratación?, ¿por qué se eligió a Broxel y cuáles fueron las condiciones del acuerdo?
También debe aclararse cuánto dinero representa realmente la operación y qué controles existen para evitar que los recursos terminen utilizándose como una prestación personal sin justificación pública.
La información difundida señala que cada monedero tiene 10 mil pesos y menciona un gasto de 63 millones 500 mil pesos para los 254 diputados. Sin embargo, las cifras no coinciden: cinco tarjetas de 10 mil pesos por legislador representarían 12 millones 700 mil pesos. Para alcanzar los 63 millones 500 mil pesos tendrían que entregarse 25 tarjetas por diputado.
La diferencia hace indispensable transparentar el número de tarjetas, los saldos asignados y el monto total del contrato.
En un partido que ha convertido la austeridad en una de sus principales banderas políticas, la entrega de dinero adicional a sus legisladores mediante monederos electrónicos obliga a explicar si se trata de un gasto necesario para la actividad parlamentaria o de un beneficio que contradice el discurso de eliminación de privilegios.