Ayotzinapa, 12 años después: una historia que todavía no termina

REDACCIÓN (con información de La Jornada)

Doce años después de los ataques contra estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014 continúa siendo reconstruida desde distintos testimonios y líneas de investigación.

Mientras los familiares de los 43 normalistas desaparecidos mantienen abierta la exigencia de conocer qué ocurrió con sus hijos, un sobreviviente ha vuelto a relatar las horas que transcurrieron entre los primeros ataques, las balaceras y la llegada de los militares a un hospital.

Al mismo tiempo, una nueva etapa de las investigaciones ha llevado nuevamente la atención hacia el Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala. La familia del médico forense Julio César Valladares Baranda, detenido y posteriormente vinculado a proceso este año, cuestiona que el trabajo que realizó durante aquella madrugada pueda utilizarse ahora como un elemento para responsabilizarlo por la desaparición de los estudiantes.

Son dos relatos que ocurren alrededor de una misma noche: el de quienes sobrevivieron a los ataques y el de quienes, desde el Semefo, recibieron los cuerpos derivados de la violencia.

“Yo pude haber sido uno de ellos”

Ulises Martínez Juárez era estudiante de tercer grado de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. La noche del 26 de septiembre de 2014 tenía previsto regresar a su casa, en Tixtla, y no contemplaba viajar a Iguala.

Una llamada telefónica hizo que permaneciera unos minutos más en la Normal. Esa decisión terminó convirtiéndolo en uno de los sobrevivientes de la jornada en la que seis personas fueron asesinadas y 43 estudiantes desaparecieron.

Durante aquella tarde, los estudiantes se preparaban para conseguir autobuses con los que participarían en las actividades relacionadas con la marcha del 2 de octubre. Cerca de las 17 horas comenzaron a concentrarse vehículos y alumnos.

Ulises finalmente decidió acudir a Iguala después de enterarse de que sus compañeros habían sido atacados y que había estudiantes detenidos y heridos.

La primera Urban salió aproximadamente a las 21:20 horas. La que transportaba a Ulises partió unos minutos después y se detuvo para cargar gasolina en las afueras de Tixtla. Ese retraso modificó el momento de su llegada a Iguala y, con ello, el escenario que encontró.

Relámpagos sobre Iguala

Durante el trayecto, los estudiantes intercambiaban llamadas y mensajes para intentar reconstruir lo que estaba sucediendo.

Al aproximarse a Iguala, observaron una camioneta atravesada en el camino. Pensaron inicialmente que podía tratarse de un accidente o un bloqueo. Después vieron hombres armados que les ordenaban detenerse.

El conductor preguntó qué debía hacer. Los estudiantes le pidieron continuar. La Urban logró atravesar el punto y posteriormente los jóvenes se dirigieron hacia los lugares donde presumían que estaban sus compañeros.

Al entrar en Iguala encontraron un autobús de Estrella de Oro con las cajuelas abiertas, los vidrios rotos y señales de haber sido atacado.

Más adelante llegaron hasta donde se encontraban otros estudiantes. Allí observaron autobuses baleados y jóvenes que intentaban reconstruir lo sucedido. Algunos habían colocado piedras alrededor de los casquillos para marcar los lugares donde habían caído y evitar que fueran movidos.

La dimensión de la agresión comenzó a hacerse evidente.

La segunda balacera

Las horas avanzaron mientras los estudiantes esperaban que llegaran peritos o agentes del Ministerio Público para investigar los ataques.

Pasada la medianoche, decidieron realizar una rueda de prensa antes de trasladarse a la Normal de Iguala. Ulises acudió para contar lo que había observado durante el trayecto.

De acuerdo con su testimonio, mientras se encontraban reunidos comenzaron nuevamente los disparos.

Ulises se refugió detrás de una llanta de un autobús. Calculó que inicialmente había entre 100 y 150 personas, pero después del ataque quedaron aproximadamente 25. Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís fueron alcanzados durante esa agresión. Édgar Andrés Vargas también resultó herido.

El sobreviviente utilizó su teléfono para tomar fotografías y posteriormente revisó los registros de las imágenes. Con base en las horas que aparecen en esos archivos, ubicó algunos de los acontecimientos de aquella madrugada.

Su relato también contiene una advertencia importante: al describir a los hombres que participaron en los ataques, reconoce que no puede asegurar si se trataba de sicarios o policías. Esa distinción forma parte de las dudas que persisten alrededor de la reconstrucción de los hechos.

La llegada del Ejército

Después de los ataques, los estudiantes se refugiaron en un hospital.

Ulises recuerda que posteriormente llegaron militares. Los soldados ordenaron a los estudiantes bajar con las manos en la cabeza y los hicieron descender por las escaleras.

Los jóvenes intentaron explicar que había compañeros heridos y solicitaron atención médica. Según el testimonio de Ulises, los militares les dijeron que llegarían policías municipales debido a una denuncia por allanamiento. Los estudiantes respondieron que precisamente policías habían sido quienes les habían disparado.

Los militares se retiraron alrededor de la una o una y media de la mañana.

Los cuerpos permanecieron en el lugar hasta las primeras horas del 27 de septiembre. Después llegaron agentes ministeriales y periodistas y los estudiantes fueron trasladados para rendir declaraciones.

Para Ulises, sin embargo, esa noche no terminó con el amanecer.

Tampoco terminó cuando regresó a Tixtla o cuando posteriormente egresó de Ayotzinapa. La ausencia de sus compañeros y las preguntas de las familias permanecieron como parte de su vida.

“Yo pude haber sido uno de ellos”, recuerda.

La historia continúa en el Semefo

Mientras los estudiantes intentaban localizar a sus compañeros, en otra parte de Iguala comenzaba una labor distinta.

Los cuerpos derivados de los ataques fueron trasladados al Semefo. Allí se encontraba el médico forense Julio César Valladares Baranda, quien, de acuerdo con el relato de su familia, acudió aquella noche para apoyar al médico que estaba de guardia. Su esposa lo acompañó y ambos dejaron a su hija al cuidado de la abuela.

El lugar se encontraba lleno de personal de distintas instituciones. Había elementos de Marina y Sedena, policías, periodistas, personal de la Fiscalía y peritos.

El trabajo se distribuyó entre los especialistas: algunos tomaban fotografías y muestras, otros examinaban las ropas y realizaban distintas labores periciales, mientras los médicos practicaban las necropsias.

La familia sostiene que las necropsias requirieron varias horas debido a la cantidad de lesiones que debían ser examinadas y documentadas.

También afirma que la documentación generada aquella noche fue entregada a las autoridades correspondientes, recibida, sellada y cotejada. La esposa del médico sostiene que ninguno de los dictámenes realizados por Valladares Baranda durante aquellos hechos fue posteriormente señalado como incorrecto por alguna autoridad u otro médico.

¿Qué responsabilidad tiene un médico forense?

Esa es una de las preguntas centrales que plantea la familia del médico detenido.

Su esposa sostiene que dentro de la acusación se están mezclando funciones que corresponden a distintas autoridades y especialistas.

Según su explicación, el Ministerio Público y la Fiscalía intervienen en la recepción de los cuerpos y solicitan al Semefo la realización de las necropsias.

El médico forense determina la causa de muerte, mientras que la identificación de un cuerpo requiere otros procedimientos y la participación de especialistas en áreas como antropología forense, odontología forense y genética.

La familia también cuestiona que se pretenda atribuir al médico responsabilidad sobre la cadena de custodia de los cuerpos, pues sostiene que esa tarea corresponde a las autoridades encargadas de la investigación y no exclusivamente al médico que practica una necropsia.

La pregunta que plantean es directa: cómo el trabajo realizado durante aquella madrugada, frente a otros peritos y autoridades, puede convertirse doce años después en un elemento para responsabilizarlo por la desaparición de los estudiantes.

Una nueva etapa de la investigación

La detención y vinculación a proceso de personas relacionadas con el Semefo y funerarias de Iguala forma parte de una nueva etapa de las pesquisas.

En julio de 2026, medios locales reportaron que siete personas, entre ellas Julio César Valladares Baranda, fueron vinculadas a proceso. Entre los acusados también aparecen funcionarios relacionados con el sistema forense y personas vinculadas con una funeraria de Iguala.

La nueva línea de investigación ha vuelto a colocar en el centro de la discusión qué ocurrió con los cuerpos que llegaron a Iguala durante las primeras horas posteriores a los ataques.

Reportes recientes señalan que las pesquisas también han alcanzado a funerarias de la ciudad y exploran la posible utilización de instalaciones de estos establecimientos para ocultar o destruir cuerpos. Estas hipótesis forman parte de una investigación todavía abierta y no equivalen, por sí mismas, a una determinación judicial de responsabilidad.

En el caso del médico forense, su familia rechaza que su trabajo profesional pueda ser utilizado como prueba de participación en la desaparición de los estudiantes y sostiene que durante años continuó colaborando con las autoridades cuando fue requerido.

Doce años y la pregunta que permanece

A doce años de los ataques, la investigación sobre Ayotzinapa continúa acumulando nuevas detenciones, diligencias y líneas de investigación, pero el paradero de la mayoría de los 43 estudiantes continúa sin esclarecerse.

Hasta septiembre de 2026, tres estudiantes han sido identificados mediante restos: Alexander Mora Venancio, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz, mientras los otros 40 continúan sin ser localizados.

La investigación también continúa marcada por controversias sobre información militar. Organizaciones de derechos humanos han señalado que persisten obstáculos relacionados con la entrega de información del Ejército y han pedido que los datos relevantes sean compartidos con las familias.

Así, doce años después, Ayotzinapa vuelve a mirarse desde distintos puntos de aquella noche: los autobuses baleados, los estudiantes que sobrevivieron, los cuerpos que quedaron en las calles de Iguala, los peritos que trabajaron durante la madrugada y las familias que todavía buscan respuestas.

El testimonio de Ulises reconstruye una parte de lo ocurrido desde la perspectiva de un estudiante que logró sobrevivir.

La defensa de la familia Valladares plantea otra pregunta: qué ocurrió con los procedimientos forenses de aquella madrugada y hasta dónde puede llegar la responsabilidad de quienes participaron en ellos.

Ambas historias forman parte de un expediente que, doce años después, continúa abierto.