Mineros denuncian amenazas del narco en mina de Zacatecas y falta de apoyo oficial
Obreros en Zacatecas denunciaron amenazas del narco con presunta anuencia de minera; autoridades ignoraron solicitudes de apoyo.
Por Mario Victorino
Trabajadores mineros en Zacatecas denunciaron una presunta colusión entre la empresa Orla Mining y grupos del crimen organizado, situación que derivó en amenazas, actos de intimidación y un clima de violencia durante un proceso laboral clave, sin que las autoridades atendieran oportunamente sus solicitudes de protección.
De acuerdo con documentos del procedimiento especial colectivo 758/2024, presentados ante el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, los integrantes de la sección 335 del Sindicato Nacional Minero alertaron con anticipación sobre la presencia de presuntos integrantes del narcotráfico en las inmediaciones del complejo minero Camino Rojo, en Zacatecas.
Solicitudes ignoradas a instancias de seguridad
Durante el proceso de recuento para definir la titularidad del contrato colectivo de trabajo, tanto el sindicato como el propio tribunal solicitaron la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad y evitar la participación de grupos criminales.
Sin embargo, las peticiones no derivaron en un despliegue que brindara protección efectiva a los trabajadores. En paralelo, la autoridad laboral también requirió apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la cual respondió que no contaba con personal suficiente para cubrir el operativo solicitado durante la jornada de votación.
Desde la organización gremial se sostiene que la omisión de las autoridades permitió que persistiera un ambiente de presión e intimidación en contra de los obreros.
Violencia y presión durante el proceso laboral
Los trabajadores denunciaron que las amenazas del crimen organizado no fueron hechos aislados, sino parte de una estrategia sistemática para influir en el resultado del recuento sindical. A pesar de que formalmente se garantizó el voto libre y secreto, se afirma que el entorno estuvo marcado por meses de intimidación.
El caso fue analizado por el panel del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC, el cual determinó que existió un efecto disuasivo derivado de la violencia y el silencio institucional, lo que habría incidido en el comportamiento de los trabajadores durante la votación.
En este contexto, se señala que el sindicato patronal Beneficio de Minas resultó favorecido, en medio de cuestionamientos sobre la equidad del proceso.
Conflicto por la titularidad del contrato colectivo
A pesar de las condiciones denunciadas, la titularidad del contrato colectivo de trabajo fue ratificada a favor del Sindicato Nacional Minero, encabezado por Napoleón Gómez Urrutia, tanto por tribunales federales como por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
No obstante, la empresa Orla Mining ha mostrado resistencia para reconocer plenamente dicho resultado, lo que ha prolongado el conflicto laboral y aumentado la tensión en la región.
Señalamientos directos contra la empresa
En los documentos presentados por el sindicato se sostiene que la minera habría permitido la presencia de presuntos integrantes del crimen organizado dentro de sus operaciones, incluso bajo la apariencia de proveedores o transportistas.
Las denuncias incluyen la entrega de material probatorio ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como videos, fotografías y testimonios que apuntan a la existencia de estas redes. Sin embargo, desde la dependencia se argumentó que los hechos corresponden al ámbito penal y no laboral, lo que limitó su intervención directa.
Por su parte, la propia empresa ha reconocido en documentos que enfrenta riesgos relacionados con la posible infiltración del crimen organizado, señalando que sus controles internos podrían no ser suficientes para contener este tipo de amenazas.
Caso de violencia contra dirigente sindical
Uno de los episodios más graves denunciados es el atentado contra Jaime Alberto Pulido León, integrante del comité local de la sección 335, quien sobrevivió a un intento de agresión armada cuando una persona desconocida intentó ingresar a su domicilio.
Este caso fue expuesto incluso ante la sede corporativa de la minera en Vancouver, Canadá, como parte de las acciones de denuncia internacional emprendidas por el sindicato.
Respuesta del gobierno federal
El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, ha mantenido la postura institucional de desacuerdo con la resolución preliminar del panel del T-MEC. Desde la dependencia se sostiene que dicho órgano excedió sus atribuciones al pronunciarse sobre aspectos relacionados con posibles conductas delictivas y estándares no previstos en el tratado.
A pesar de ello, el conflicto continúa abierto y bajo observación internacional, en un contexto donde se pone en evidencia la compleja relación entre industria extractiva, derechos laborales y seguridad en regiones con presencia del crimen organizado.