Plan B hacia la Megaelección de 2027: Sheinbaum propone unificar revocación de mandato y recortar gastos legislativos
Megaelección 2027: Plan B de Sheinbaum llega al Senado. Propone adelantar revocación de mandato, recortar 15% al Congreso y topar sueldos de regidores.
Por Mario Victorino
El Senado de la República recibió formalmente la iniciativa de reforma electoral conocida como Plan B, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. De ser aprobada antes de la Semana Santa, como prevé la mayoría de Morena y sus aliados, México se encamina a una jornada electoral sin precedentes en 2027, donde convergerán la renovación del Congreso Federal, 17 gubernaturas, el Poder Judicial y el ejercicio de revocación de mandato.
Unificación de procesos y ajuste al calendario
Uno de los puntos más trascendentales del proyecto es la modificación a la consulta de revocación de mandato. La iniciativa plantea que este ejercicio pueda solicitarse una sola ocasión durante los tres meses posteriores al cierre del segundo o tercer año del periodo presidencial. Esto permitiría adelantar el proceso para que coincida con las elecciones intermedias de 2027, simplificando la logística y concentrando la participación ciudadana en una sola fecha masiva.
La presidenta Sheinbaum confirmó que la elección de jueces, magistrados y ministros también se mantendrá para el 2027. La intención, según explicó la mandataria, es aprovechar la estructura electoral de ese año para atender todos los pendientes democráticos de una vez, incluyendo filtros más estrictos para revisar los perfiles de los candidatos judiciales.
Austeridad republicana: Recortes al Senado y los Estados
El Plan B no solo es electoral, sino profundamente presupuestal. El documento propone un ajuste directo del 15 por ciento al presupuesto del Senado de la República respecto a lo aprobado en 2026. El argumento central es obligar a la élite política a entender que los cargos públicos son para servir al pueblo y no para beneficio de las cúpulas partidistas.
En el ámbito local, la reforma busca poner un freno al gasto de los congresos estatales, estableciendo que sus presupuestos anuales no podrán superar el 0.7 por ciento del total de los egresos de cada entidad. Además, se prohíbe de manera tajante la contratación de seguros de ahorro privados con recursos públicos para cualquier servidor de la nación.
Tope a regidores y ajustes en ayuntamientos
La iniciativa también pone la lupa en los municipios. Se propone que ningún presidente municipal, síndico o regidor perciba ingresos superiores a los establecidos oficialmente, eliminando bonos y beneficios adicionales. Asimismo, se plantea una reestructuración de los ayuntamientos para que tengan un máximo de 15 regidores, evitando que estas posiciones se utilicen como moneda de cambio o renta política.
Finalmente, los consejeros del INE y magistrados electorales también verán limitadas sus remuneraciones, las cuales no podrán ser mayores a las de la presidencia de la República. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, descartó un proceso vía rápida o fast track, asegurando que se dará tiempo para el debate, aunque la meta es tener la reforma lista antes del 30 de marzo.