FGE Puebla se deslinda: El polémico motivo por el que Tlaxcala debe resolver el crimen de Karina y Alexandro

Por Mario Victorino

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, a través de la funcionaria Idamis Pastor, presentó un informe detallado sobre las investigaciones realizadas en torno al secuestro y posterior homicidio de los jóvenes Karina y Alexandro. Pese a haber ejecutado más de 50 diligencias y acciones de inteligencia en territorio poblano, la institución subrayó que, por ley, la resolución del caso y la captura de los culpables recae en las autoridades del estado de Tlaxcala.

Contexto del Crimen: Crónica de una tragedia transfronteriza

La desaparición de Karina y Alexandro comenzó como una salida rutinaria en la ciudad de Puebla. Sin embargo, lo que parecía un trayecto seguro se transformó en una pesadilla que duró varios días y terminó cruzando la frontera estatal hacia Tlaxcala.

• El rapto en Puebla. De acuerdo con las investigaciones de la FGE, la pareja fue interceptada en territorio poblano por un grupo de sujetos armados. El móvil inicial, según los indicios recabados en las 50 acciones de investigación, apunta a un secuestro con fines de extorsión. Durante las primeras horas, los captores mantuvieron contacto con los familiares exigiendo una suma de dinero para su liberación.
• El cautiverio y la zona de silencio. Los análisis de geolocalización de los teléfonos celulares mostraron que las víctimas fueron trasladadas de una "casa de seguridad" en la zona norte de Puebla hacia el estado vecino. Fue en este trayecto donde la señal se perdió, justo en la franja fronteriza que divide a ambos estados, una zona conocida por su escasa vigilancia y alta incidencia de delitos de alto impacto.
• El hallazgo en Tlaxcala. Días después del reporte de desaparición, pobladores de un municipio en Tlaxcala alertaron sobre la presencia de dos cuerpos en un paraje solitario. Al llegar las autoridades de ese estado, confirmaron que se trataba de Karina y Alexandro. Los cuerpos presentaban huellas de violencia física y heridas por proyectil de arma de fuego, lo que sugiere que fueron ejecutados en el lugar del hallazgo o abandonados ahí poco después del crimen.

Acciones de investigación en Puebla

Desde que se reportó la desaparición y el posible secuestro de la pareja, la FGE Puebla activó protocolos de búsqueda inmediata. Idamis Pastor detalló que el despliegue incluyó:

• Análisis de cámaras de vigilancia: Seguimiento de la ruta que tomaron los jóvenes antes de perder el contacto.
• Entrevistas y cateos: Intervenciones en domicilios y zonas donde se presume estuvieron privados de su libertad inicialmente.
• Geolocalización: Rastreo de señales móviles que ubicaron a las víctimas en la zona colindante entre ambos estados.

A pesar de este robusto expediente, el hallazgo de los cuerpos en territorio de Tlaxcala cambió la competencia jurídica del caso. "Nosotros cumplimos con la fase inicial de búsqueda y recolección de indicios, pero el lugar del hallazgo determina quién debe liderar el proceso penal", explicó Pastor.

El conflicto de jurisdicción

El caso de Karina y Alexandro se ha convertido en un ejemplo de la complejidad que enfrentan las fiscalías en la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala. Según el marco legal mexicano, al haber sido encontrados los cuerpos en municipios tlaxcaltecas, es la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Tlaxcala la que debe integrar la carpeta de investigación por homicidio y feminicidio, utilizando las pruebas aportadas por Puebla.

Exigencia de las familias

La declaración de la FGE Puebla ha causado inquietud entre los familiares de las víctimas, quienes temen que el caso caiga en un "impasse" burocrático. La preocupación radica en que la falta de coordinación entre estados permita que los responsables escapen de la acción de la justicia.

Por su parte, Idamis Pastor enfatizó que Puebla no abandonará el acompañamiento a las víctimas, pero fue tajante al señalar que la PGJE Tlaxcala cuenta ya con los elementos necesarios para proceder con las órdenes de aprehensión correspondientes, toda vez que los hechos delictivos más graves se consumaron en su territorio.

Un llamado a la coordinación

Este caso reabre el debate sobre la necesidad de fiscalías metropolitanas o convenios de colaboración más ágiles que eviten que las fronteras estatales se conviertan en escudos para la impunidad de grupos dedicados al secuestro y la violencia de género en la región.