Ley de Aguas: campesinos y oposición acusan centralización y autoritarismo
La Ley de Aguas de Claudia Sheinbaum busca garantizar el derecho humano al agua y acabar con el acaparamiento. Actualmente está en discusión en la Cámara de Diputados, con oposición de campesinos y partidos políticos.
Por Mario Victorino
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la iniciativa de Ley General de Aguas, con la intención de transformar la gestión del recurso hídrico en México. La propuesta busca garantizar el acceso equitativo al agua, terminar con el acaparamiento por parte de grandes empresas y frenar el mercado negro que ha proliferado en varias regiones del país. Además, plantea ordenar las concesiones, reforzar la transparencia en su administración y prohibir prácticas contaminantes como las descargas industriales en ríos y acuíferos.
Sheinbaum ha insistido en que el agua debe ser considerada un derecho humano y no una mercancía, y que el Estado debe recuperar la rectoría sobre su distribución. “No puede seguir siendo un privilegio de unos cuantos, el agua es de todos y debe llegar a cada hogar”, afirmó en su presentación.
Estado actual del proceso legislativo
El dictamen de la Ley de Aguas ya fue entregado a la Cámara de Diputados y se encuentra en discusión en comisiones. El bloque oficialista (Morena, PVEM y PT) busca aprobarla antes de que concluya el periodo de sesiones de diciembre de 2025. Sin embargo, el debate se ha intensificado debido a las presiones de organizaciones campesinas y productivas que exigen modificaciones al texto.
La Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) han abierto mesas de negociación para atender las preocupaciones de los sectores inconformes, aunque el gobierno ha reiterado que la esencia de la reforma —acabar con el acaparamiento y garantizar acceso equitativo— no se modificará.
Declaraciones de los opositores
La iniciativa ha generado resistencia en distintos frentes. Organizaciones campesinas han advertido que la ley, tal como está planteada, podría afectar sus derechos adquiridos sobre pozos y concesiones. “No estamos en contra de que se regule el agua, pero esta ley amenaza con burocratizar aún más el acceso y dejar a los pequeños productores en desventaja frente a los grandes consorcios”, señaló la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas.
Por su parte, legisladores de oposición en la Cámara de Diputados han cuestionado la centralización de facultades en la Conagua. “Se corre el riesgo de que el agua se convierta en un instrumento político, administrado desde el centro y sin tomar en cuenta las realidades locales”, expresó un diputado del PAN.
El PRI también ha manifestado reservas, argumentando que la ley no garantiza mecanismos claros de financiamiento para infraestructura hídrica en comunidades rurales. “Sin inversión en redes de distribución y plantas de tratamiento, el derecho humano al agua quedará en el papel”, advirtió una legisladora priista.
Polémica y tensiones sociales
El debate se ha polarizado entre quienes ven la ley como un paso histórico hacia la justicia hídrica y quienes temen que se convierta en un instrumento de control político. Campesinos han amenazado con retomar bloqueos en carreteras y aduanas si no se atienden sus demandas, mientras que organizaciones civiles han pedido que se garantice la participación comunitaria en la gestión del agua.
La discusión en el Congreso será determinante para definir si la Ley de Aguas se aprueba en los próximos días o si se pospone para un nuevo periodo legislativo.