Javier Milei bloquea el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica
El presidente argentino Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia Pediátrica, argumentando alto costo fiscal y falta de fuentes claras de financiamiento. La oposición busca revertir la medida en el Congreso.
Por Mario Victorino
El presidente de Argentina, Javier Milei, oficializó el 10 de septiembre de 2025 el veto total a dos leyes aprobadas por el Congreso en agosto: la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia Pediátrica. Ambas iniciativas habían sido impulsadas por la oposición con el objetivo de reforzar el presupuesto de las universidades públicas y de hospitales pediátricos, en particular el Hospital Garrahan, así como mejorar las condiciones salariales del personal docente, no docente y de salud.
La decisión fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 647/2025 y sus anexos, con la firma del mandatario y de todo el gabinete nacional. El Ejecutivo justificó el rechazo alegando que las normas incrementaban de forma “desproporcionada” el gasto público sin detallar fuentes específicas de financiamiento, lo que —según la administración— ponía en riesgo el equilibrio fiscal, considerado el pilar central del plan económico.
Alcance de la Ley de Financiamiento Universitario
La norma vetada establecía un esquema de financiamiento progresivo para las universidades públicas, con un aumento de partidas destinado a:
- Paritarias para recomponer salarios de docentes y no docentes según la inflación.
- Actualización de gastos de funcionamiento de universidades y hospitales escuela.
- Fondos para infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas.
El texto preveía que el presupuesto para educación universitaria pasara del 1 % del PBI en 2026 al 1,5 % en 2031. Para el Gobierno, este compromiso de gasto carecía de respaldo real y podía derivar en emisión monetaria o recortes en otras áreas.
Contenido de la Ley de Emergencia Pediátrica
La segunda norma vetada declaraba la emergencia sanitaria en el área pediátrica, con foco en el Hospital Garrahan y otros centros de referencia. Sus puntos centrales incluían:
- Asignación prioritaria de partidas para insumos críticos, medicamentos, vacunas y mantenimiento de infraestructura.
- Recomposición salarial para personal asistencial y no asistencial, así como residentes de todas las especialidades.
- Exención del Impuesto a las Ganancias para horas extras y guardias en áreas críticas.
- Posibilidad de compras directas de insumos esenciales bajo mecanismos excepcionales.
Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la medida implicaba un gasto adicional de más de 115 mil millones de pesos anuales. El Ejecutivo sostuvo que este monto debía salir de reasignaciones internas del Ministerio de Salud, lo que afectaría otros programas vigentes.
Reacción política y próximos pasos
La oposición ya convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados para el 17 de septiembre con el objetivo de rechazar los vetos. Para lograrlo, necesitará una mayoría especial de dos tercios, algo que no alcanzó en la votación original. En paralelo, gremios universitarios y organizaciones de salud anunciaron paros, cortes de calles y movilizaciones frente al Congreso.
En el Senado, se prevé que el tema sea incorporado a la agenda del 18 de septiembre, junto con otros proyectos pendientes. La tensión se da en un contexto de fricciones entre el Gobierno y las provincias, y tras una derrota electoral del oficialismo en Buenos Aires.
Un debate de fondo
El doble veto reaviva la discusión sobre el financiamiento de la educación y la salud públicas en Argentina, así como sobre los límites del ajuste fiscal. Mientras el Gobierno defiende la necesidad de mantener el superávit y evitar gastos sin respaldo, sectores opositores y sociales advierten sobre el impacto de la medida en la calidad de los servicios y en la equidad de acceso.