Sheinbaum advierte: no se encubrirá a políticos ni funcionarios ligados al crimen organizado
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno no protegerá a ningún político, funcionario o militar que resulte vinculado con el crimen organizado. La declaración surge tras la admisión de culpabilidad de Ismael “El Mayo” Zambada en EE.UU., quien reveló décadas de sobornos a autoridades.
Por Mario Victorino
La declaración de culpabilidad de Ismael “El Mayo” Zambada ante la justicia estadounidense detonó una ola de cuestionamientos sobre la posible colusión entre autoridades mexicanas y el crimen organizado. El capo sinaloense reconoció haber financiado redes de corrupción que incluyeron pagos a políticos, militares y funcionarios públicos durante décadas.
Ante este escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fijó postura: ningún servidor público será protegido si se comprueba su vínculo con organizaciones delictivas. La mandataria subrayó que su administración no establece relaciones de complicidad con actores criminales y que cualquier investigación será atendida con transparencia.
🛡️ Sin excepciones: política, seguridad y fuerzas armadas bajo escrutinio
La advertencia incluye a integrantes del Ejército, la Marina, cuerpos policiales y funcionarios de todos los niveles. Aunque hasta el momento no se han presentado pruebas concretas contra servidores públicos federales, el gobierno federal dejó claro que no habrá tolerancia ni encubrimiento si surgen evidencias.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, respaldó esta postura al señalar que las investigaciones actuales no han implicado a militares ni políticos federales, pero que cualquier señalamiento será atendido en coordinación con las instituciones correspondientes.
🔍 ¿Qué implica esta postura?
La declaración presidencial marca un punto de inflexión en la narrativa oficial sobre crimen organizado y corrupción institucional. En sexenios anteriores, las acusaciones de colusión entre autoridades y cárteles fueron minimizadas o desestimadas. Ahora, el gobierno busca proyectar una imagen de ruptura con esas prácticas, en medio de presiones internacionales y demandas ciudadanas de justicia.
Además, la postura de Sheinbaum refuerza el compromiso de su administración con el combate al soborno, la impunidad y el uso político de las instituciones de seguridad. El mensaje es claro: si algún político, funcionario o militar aparece vinculado en una investigación seria, será procesado sin privilegios.