Cárteles controlan el sexoservicio en 70% del país
El crimen organizado domina el trabajo sexual en México con extorsión, violencia y redes de trata, operando en 70% del territorio nacional con protección de autoridades locales.
Por Mario Victorino
México enfrenta una crisis estructural en materia de derechos humanos: el control del sexoservicio por parte de cárteles en al menos 70% del país. Esta situación ha sido documentada por colectivos y redes de trabajadoras sexuales que denuncian un patrón sistemático de extorsión, desapariciones, feminicidios y transfeminicidios, especialmente en zonas urbanas, turísticas y fronterizas.
Las víctimas son obligadas a pagar “derecho de piso” semanal, con montos que oscilan entre 300 y 3,000 pesos. Quienes se niegan a pagar enfrentan amenazas, golpizas, detenciones arbitrarias o incluso asesinatos. La extorsión se extiende a migrantes, mujeres trans y defensoras de derechos humanos, quienes también denuncian colusión entre autoridades y grupos criminales.
🧠 Red criminal con rostro institucional
El crimen organizado ha infiltrado instituciones como ministerios públicos, policías municipales y agencias migratorias. En varias entidades, las denuncias por trata o extorsión han sido filtradas a los agresores por funcionarios públicos, lo que pone en riesgo la vida de las víctimas y de quienes las acompañan.
En alcaldías de la Ciudad de México como Cuauhtémoc, Iztapalapa y Venustiano Carranza, así como en estados como Veracruz, Jalisco, Quintana Roo, Chiapas y Chihuahua, se han documentado casos de agresiones, desapariciones y asesinatos. Cárteles como la Unión Tepito, el CJNG, el Tren de Aragua y remanentes de Los Zetas operan con impunidad, utilizando a trabajadoras sexuales como informantes, distribuidoras de droga o mercancía de trata.
🏙️ Gentrificación violenta y desplazamiento forzado
Además del control económico, los cárteles han comenzado a “limpiar” territorios con fines de gentrificación. En ciudades como Tapachula y Cancún, se han reportado asesinatos de hoteleros y quema de viviendas para tomar control de zonas estratégicas. Las trabajadoras sexuales son desplazadas o asesinadas para facilitar el desarrollo inmobiliario vinculado a intereses criminales.
En la frontera norte, la situación es crítica. Activistas han documentado la desaparición de al menos 25 trabajadoras sexuales en Chihuahua, mientras que en Tijuana y otras ciudades fronterizas, el crimen organizado ha establecido alianzas con tratantes internacionales para explotar a mujeres migrantes.