Arrestos bajo toque de queda en Los Ángeles y despliegue de la Guardia Nacional en Texas
Arrestos masivos en Los Ángeles bajo toque de queda y despliegue de la Guardia Nacional en Texas. ¿Estrategia de seguridad o represión política?
Por Mario Victorino
Las protestas contra las redadas migratorias en Los Ángeles han escalado hasta el punto de que la policía ha comenzado a realizar arrestos masivos bajo el toque de queda impuesto por la alcaldesa Karen Bass. Mientras tanto, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha ordenado el despliegue de la Guardia Nacional, aumentando la tensión en la frontera y en las calles de las principales ciudades.
Los Ángeles: detenciones y militarización de la crisis
El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) ha intensificado los operativos nocturnos, deteniendo a manifestantes que desafían el toque de queda. La medida fue decretada para frenar el vandalismo y los saqueos que han acompañado las protestas contra las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Las imágenes de enfrentamientos entre policías y manifestantes han circulado ampliamente en redes sociales, mostrando el uso de gases lacrimógenos y tácticas de dispersión. La comunidad migrante ha denunciado que las detenciones son arbitrarias y que el gobierno de Trump está utilizando la crisis para justificar una mayor represión.
Texas refuerza seguridad con la Guardia Nacional
En un movimiento paralelo, el gobernador Greg Abbott ha desplegado miles de efectivos de la Guardia Nacional en Texas, argumentando que la medida busca garantizar la paz y el orden. Abbott ha advertido que cualquier acto de violencia será castigado con detenciones, y que las tropas emplearán todas las herramientas necesarias para mantener el control.
El presidente Donald Trump ha calificado las protestas en Los Ángeles como una "invasión de un enemigo extranjero", reforzando su discurso sobre la crisis migratoria y justificando el uso de fuerzas militares en las calles.
Impacto político y social
Las medidas adoptadas en Los Ángeles y Texas han generado un fuerte debate sobre el uso de la fuerza y la militarización de la crisis migratoria. Mientras algunos sectores defienden la necesidad de mantener el orden, otros denuncian que se trata de una estrategia para intimidar a la comunidad migrante y reforzar la agenda política de Trump.
El fiscal de California, Rob Bonta, ha presentado una demanda contra el gobierno federal, alegando que el despliegue militar viola la Décima Enmienda de la Constitución. La batalla legal podría definir el futuro de las protestas y la respuesta del gobierno ante la crisis migratoria.