El fin de los "Aguatenientes": Conagua va por 12 mil mdp de empresas irregulares
Conagua detecta adeudo de 12 mil mdp de empresas por uso ilegal del agua. La Ley de Aguas 2025 frena privilegios y recupera recursos para la nación.
Por Mario Victorino
CRÓNICA DE UN DESFALCO HÍDRICO: LA RUTA DE LOS 12 MIL MILLONES
La administración federal ha puesto en marcha una de las ofensivas financieras y administrativas más contundentes contra el acaparamiento de recursos naturales en la historia moderna de México. Tras la entrada en vigor de la Nueva Ley de Aguas en diciembre de 2025, la Comisión Nacional del Agua ha detectado un boquete fiscal de casi 12 mil millones de pesos derivado de adeudos y usos irregulares por parte de diversas corporaciones.
El titular de la Conagua, Efraín Morales López, advirtió que la política de tolerancia cero ha comenzado. Según el funcionario, aquellas entidades que no regularicen su situación enfrentarán no solo sanciones económicas, sino la cancelación definitiva de sus títulos de concesión. Esta medida busca frenar un esquema de lucro que, por décadas, permitió que recursos destinados originalmente al campo terminaran alimentando negocios privados de alto valor sin que el Estado recibiera la contraprestación correspondiente.
EL ESQUEMA DEL LUCRO AGRÍCOLA Y LOS PRIVILEGIOS DE LA ÉLITE
La investigación de la autoridad hídrica reveló que múltiples particulares utilizaban concesiones de uso agrícola, las cuales son gratuitas para fomentar la producción de alimentos, para vender el líquido a terceros de forma ilegal. Morales López señaló que se han realizado más de 7 mil inspecciones, resultando en la clausura de mil seis aprovechamientos que operaban fuera de los márgenes legales.
Uno de los casos más controvertidos presentados en el Palacio Nacional involucra a la familia del exgobernador de Querétaro, José Eduardo Calzada Rovirosa. Se detalló que el clan utilizaba derechos de agua de riego para abastecer desarrollos inmobiliarios de lujo y un club de polo con áreas verdes extensas, mientras las comunidades vecinas padecían escasez. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó este acto como una distorsión de la ley, señalando que el agua de la nación se convirtió en una mercancía para unos cuantos bajo el amparo de normativas anteriores.
JUSTICIA PARA EL NORTE: EL FIN DE LOS INTERMEDIARIOS EN BAJA CALIFORNIA
La nueva normativa también ha permitido desmantelar redes de intermediarios en el norte del país. Durante más de 20 años, municipios como Tijuana, Mexicali y Ensenada se vieron obligados a comprar agua a distritos de riego privados bajo la figura de transmisiones. Solo en el último lustro, el erario estatal pagó más de 531 millones de pesos a un grupo reducido de personas por un recurso que, por definición constitucional, pertenece a la nación.
En un movimiento calificado como un acto de justicia social, el Gobierno Federal comenzó este lunes la entrega directa de derechos de explotación a los ayuntamientos de la entidad, eliminando los costos de intermediación que asfixiaban las finanzas locales y garantizando que el presupuesto público se quede en beneficio de la gente y no en cuentas particulares.
CUENTAS PENDIENTES EN LA INDUSTRIA REFRESQUERA
La fiscalización alcanzó incluso a gigantes de la industria de bebidas. Aunque se omitió el nombre por procesos legales en curso, se reveló que una famosa refresquera adeuda 234 millones de pesos. La empresa cuenta con títulos sin medidores, sobreexplotación de pozos y acaparamiento de volúmenes que no son utilizados ni pagados. El titular de Conagua informó que la compañía ya se ha acercado a la institución para intentar regularizar su situación ante la inminente aplicación de la ley.
La presidenta Sheinbaum Pardo subrayó que el objetivo prioritario es erradicar los privilegios heredados de administraciones pasadas, donde el agua se comercializaba como un bien privado. La mandataria enfatizó que el cambio legislativo busca recuperar la rectoría del Estado sobre el vital líquido, garantizando que el presupuesto obtenido por estas regularizaciones se invierta íntegramente en obras de infraestructura para la ciudadanía.
Con una proyección de recaudación adicional de 6 mil millones de pesos para este 2026, el Gobierno Federal apuesta a que la Ley de Aguas sea el pilar que garantice el acceso universal y termine definitivamente con el mercado negro del recurso más valioso del país.