Del círculo político de Morena en Juchitán a una prisión federal

Por Mario Victorino

La detención de Miguel Sánchez Altamirano, presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, abrió un nuevo frente político y de seguridad para el gobierno estatal de Salomón Jara.

El edil morenista fue detenido el 23 de septiembre durante un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales y quedó sujeto a una orden de aprehensión por los presuntos delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que sus investigaciones lo relacionan con la estructura criminal conocida como Los Cromos, señalada por las autoridades como brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Oaxaca.

Junto con Sánchez Altamirano fue detenido Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, también requerido por los mismos delitos. De acuerdo con la información difundida por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, las investigaciones relacionan a la estructura con actividades como extorsión y cobro de piso a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio.

El caso adquirió una dimensión política debido a la trayectoria de Sánchez Altamirano dentro de Morena y a sus vínculos con figuras políticas de Oaxaca.

Miguel Sánchez y su ascenso dentro de Morena

Sánchez Altamirano construyó su carrera política en Juchitán y llegó a la presidencia municipal en 2022, después de que el entonces alcalde Emilio Montero Pérez solicitara licencia para incorporarse al gabinete de Salomón Jara. En ese momento, Sánchez era suplente de Montero y asumió la presidencia municipal.

Antes de llegar al cargo, Sánchez Altamirano había sido secretario particular de Montero. Posteriormente, Morena lo designó en 2024 como su candidato para buscar la continuidad en la presidencia municipal.

El propio registro de su trayectoria partidista muestra que el alcalde detenido se convirtió en una figura relevante de Morena en Juchitán: en marzo de 2024 fue designado como ganador de la encuesta interna para convertirse en el llamado “coordinador municipal de la 4T” y posteriormente obtuvo la candidatura para buscar la reelección.

Sánchez consiguió mantenerse al frente del municipio para el periodo 2025-2027.

Su trayectoria también lo colocó cerca de otros personajes relevantes de la política oaxaqueña. La Jornada reportó que era colaborador cercano del senador morenista Antonino Morales Toledo y de Emilio Montero, actualmente al frente del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.

La Fiscalía señala vínculos con “Los Cromos”

La detención no fue presentada por las autoridades como una investigación exclusivamente relacionada con un acto de corrupción municipal.

La Fiscalía de Oaxaca señaló que los trabajos de inteligencia establecieron un probable vínculo de Sánchez Altamirano con “Los Cromos” y sostuvo que el alcalde habría participado, fomentado o encubierto actividades delictivas en la región del Istmo de Tehuantepec.

Las acusaciones, sin embargo, forman parte de un proceso penal y deberán ser acreditadas ante las autoridades judiciales.

El gobierno federal informó además que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó el bloqueo de cuentas y la inmovilización de recursos de personas relacionadas con la investigación, como parte de las acciones para afectar la capacidad financiera de la estructura investigada.

Después de su captura, Sánchez Altamirano fue trasladado a un centro penitenciario federal fuera de Oaxaca. La Jornada informó que ingresó al Cefereso número 1, Altiplano, en el Estado de México.

El ataque contra Elvis Guerra puso el foco sobre Juchitán

La captura del alcalde ocurrió apenas unos días después del ataque armado contra la vivienda de Elvis Guerra, diseñador, poeta y artesano muxe de Juchitán que participó en la elaboración del atuendo utilizado por la presidenta Claudia Sheinbaum durante el Grito de Independencia del 15 de septiembre.

La noche del 18 de septiembre, dos personas que viajaban en motocicleta dispararon contra la fachada de su domicilio en Juchitán. La Fiscalía de Oaxaca informó posteriormente que había identificado a un hombre y una mujer como presuntos responsables y que la agresión derivó de un intento de extorsión.

Guerra había denunciado previamente amenazas y extorsiones relacionadas con la apertura de un salón de fiestas. Tras el ataque, hizo un llamado público a las autoridades para atender la violencia que, según denunció, afecta cotidianamente a habitantes y comerciantes de Juchitán.

El caso tuvo especial repercusión debido a que Guerra había cobrado notoriedad nacional apenas unos días antes por su participación en el vestido utilizado por Sheinbaum durante la ceremonia del Grito.

La presidenta posteriormente se comunicó con el diseñador, quien informó que la mandataria le aseguró que no habría impunidad en su caso y que se desplegaría un operativo federal en Juchitán.

¿El ataque contra Elvis Guerra provocó la caída del alcalde?

La coincidencia temporal entre ambos acontecimientos generó distintas lecturas políticas en Oaxaca.

El ataque ocurrió el 18 de septiembre y la detención de Sánchez Altamirano tuvo lugar el 23 de septiembre, cinco días después. Sin embargo, no existe hasta ahora una confirmación oficial de que ambos hechos formen parte de una misma investigación o que el ataque contra Guerra haya provocado directamente la captura del alcalde.

Por ello, cualquier relación causal entre ambos acontecimientos debe manejarse con cautela.

La acusación más directa provino del dirigente del Partido del Trabajo en Oaxaca, Benjamín Robles, quien sostuvo que el ataque contra Guerra hizo visible una situación que, según su versión, era conocida en la región y acusó al alcalde y al gobernador Salomón Jara de haber permitido la operación de grupos dedicados a la extorsión.

Estas declaraciones corresponden a una acusación política de un opositor y no constituyen por sí mismas una prueba de que el gobernador haya protegido al grupo criminal.

Salomón Jara se deslinda y afirma que no habrá impunidad

Tras conocerse la detención, Salomón Jara publicó un mensaje en el que afirmó que en Oaxaca “nadie estará por encima de la ley” y respaldó el trabajo de las instituciones federales y estatales que participaron en el operativo.

El gobernador sostuvo que la seguridad y la aplicación de la ley están por encima de cualquier interés y aseguró que no habrá excepciones.

Además, un día después de la captura, Jara informó que la Policía Estatal asumiría la seguridad pública en Juchitán y reconoció que existen investigaciones contra otros servidores públicos del ayuntamiento.

Esto representa un cambio relevante en el escenario municipal: el gobierno estatal tomó directamente el control de la seguridad mientras avanzan las investigaciones.

Un alcalde que llegó al poder con el respaldo de Morena

La trayectoria política de Sánchez Altamirano resulta relevante para dimensionar el impacto de su detención.

El edil no era un personaje ajeno a la estructura política de Morena en Oaxaca. Su llegada a la presidencia municipal ocurrió después de que Emilio Montero —entonces alcalde de Juchitán— dejara el cargo para incorporarse al gobierno de Salomón Jara.

Posteriormente, Morena respaldó a Sánchez para competir por la continuidad en el gobierno municipal. El partido lo presentó como ganador de su proceso interno y posteriormente consiguió la reelección para el periodo 2025-2027.

La Jornada también reportó que Sánchez era cercano a Antonino Morales y Emilio Montero, dos figuras relevantes de Morena en Oaxaca.

Por ello, su captura no sólo tiene consecuencias judiciales: también coloca bajo escrutinio las redes políticas construidas alrededor del gobierno municipal de Juchitán.

El caso que sacude al gobierno de Oaxaca

La detención de Miguel Sánchez Altamirano ocurre en un momento particularmente delicado para Juchitán, municipio estratégico del Istmo de Tehuantepec y escenario de denuncias recurrentes relacionadas con extorsión y violencia.

Las autoridades federales y estatales han presentado el operativo como parte de una investigación para desarticular una estructura criminal y han advertido que podrían producirse nuevas detenciones.

Al mismo tiempo, la Fiscalía ha señalado que investiga la posible participación de otros funcionarios municipales, mientras el gobierno de Oaxaca asumió las tareas de seguridad en el municipio.

Así, el caso de Miguel Sánchez Altamirano deja abiertas dos investigaciones paralelas: por un lado, la judicial, que deberá determinar su responsabilidad individual frente a las acusaciones de extorsión y delitos contra la seguridad del Estado; por otro, la política, relacionada con las redes de poder que permitieron su ascenso dentro de Morena y su permanencia al frente de Juchitán.

Por ahora, las autoridades han confirmado la detención, las acusaciones penales y los presuntos vínculos con “Los Cromos”. Las afirmaciones sobre una supuesta protección política por parte del gobernador Salomón Jara corresponden a señalamientos de opositores y no han sido acreditadas públicamente como hechos.