Tensión en el Poder Judicial: Gobierno "amaga" a trabajadores en paro
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha tomado una medida drástica en medio de la creciente tensión por la reforma judicial: ha ordenado suspender el pago de sueldos a los trabajadores que se unan al paro de labores en contra de la reforma al Poder Judicial.
REDACCIÓN
Ciudad de México. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha tomado una medida drástica en medio de la creciente tensión por la reforma judicial: ha ordenado suspender el pago de sueldos a los trabajadores que se unan al paro de labores en contra de la reforma al Poder Judicial. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) envió un comunicado a la Secretaría de Gobernación y al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) con esta instrucción.
A pesar de esta acción, el presidente López Obrador ha tratado de rebajar la tensión y asegura que no habrá despidos. También ha llamado a los manifestantes a que recapaciten y se manifiesten libremente, pero aplicando el método de la autocrítica. Sin embargo, ha insistido en que la huelga es ilegal, tal como lo menciona Hacienda en su comunicado.
Más de 1,200 jueces y magistrados se han unido al paro parcial de los trabajadores del Poder Judicial en casi una veintena de Estados del país. El bloqueo de los tribunales en México complica aún más el acceso a la Justicia y lanza un órdago al Gobierno, que planea aprobar el dictamen de la reforma después del arranque de la nueva Legislatura, el próximo 1 de septiembre.
El Consejo de la Judicatura ha anunciado que mientras dure el paro, se mantendrá un régimen de servicios mínimos para atender los casos más urgentes. La portavoz de la JUFED, la jueza Juana Fuentes Velázquez, señaló que la reforma no solo es una amenaza para la justicia y la estabilidad del país, sino que nos encamina a una crisis constitucional sin precedentes.
Desde la Secretaría de Hacienda, se argumentan una serie de errores técnicos por parte del Consejo de la Judicatura al dar a conocer su decisión. Según el documento publicado por El Universal, el paro de labores no se hizo conforme a lo dispuesto en la ley, por lo que si un trabajador deja de asistir a su puesto, podría ser considerado como una “falta injustificada” y dejaría de percibir su salario. Hacienda también acusa al CJF de no conminar a los trabajadores públicos, sindicalizados o a los titulares de órganos jurisdiccionales a no “generar perjuicio grave a la sociedad con la suspensión indefinida de sus actividades”.
Esta tensión en el Poder Judicial sigue siendo motivo de preocupación para la sociedad y podría tener consecuencias significativas en el sistema de justicia mexicano. Mantendremos informados a nuestros lectores sobre los desarrollos en este conflicto.