¿Protección a las audiencias o censura? La propuesta de Sheinbaum divide a expertos y medios
Sheinbaum negó que los nuevos lineamientos censuren a medios, mientras organizaciones y opositores alertan posibles riesgos a la libertad de expresión.
Por Mario Victorino
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las posibles sanciones contempladas en los nuevos lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias no estarán relacionadas con el contenido de los medios de comunicación ni con el trabajo de periodistas, sino con el incumplimiento de obligaciones administrativas, como la designación de un defensor de las audiencias.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria respondió a las críticas generadas tras la publicación de la propuesta elaborada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), actualmente sometida a consulta pública.
"No tiene nada que ver con censura", sostiene Sheinbaum
La presidenta insistió en que el objetivo de la propuesta es fortalecer el derecho de las audiencias a recibir información y no establecer mecanismos para controlar el trabajo periodístico.
"Esto tiene que quedar claro. Por fortuna está abierto a consulta pública para que puedan hacerse estas especificaciones, pero de ninguna manera tiene que ver con un comunicador, con sancionar a un comunicador o sancionar por el contenido de la comunicación".
Añadió que sería "absurdo" pensar que el Gobierno pretenda castigar a reporteros por sus publicaciones.
"No tiene nada que ver con censura, sino sencillamente con el derecho de las audiencias al derecho a la información. Ni con sancionar a un reportero, imagínense, sería absurdo".
¿Qué plantea la propuesta?
Los lineamientos establecen que todos los concesionarios de radio y televisión, públicos y privados, deberán contar con un defensor de las audiencias, encargado de atender quejas y observaciones del público.
Asimismo, cada concesionario deberá elaborar un código de ética que regule sus principios editoriales y el respeto a los derechos de las audiencias.
Sheinbaum subrayó que el Gobierno no nombrará a estos defensores, ya que esa responsabilidad corresponde exclusivamente a las empresas concesionarias.
¿Por qué serían las sanciones?
La mandataria explicó que las eventuales sanciones estarían dirigidas únicamente a los concesionarios que incumplan con estas obligaciones regulatorias.
Es decir, si un medio no designa un defensor de las audiencias o incumple con las disposiciones administrativas previstas en la regulación, podría ser sancionado.
Reiteró que no habrá castigos por opiniones, investigaciones periodísticas o contenidos informativos.
Las críticas de la oposición y organizaciones civiles
Pese a las aclaraciones del Gobierno federal, la propuesta ha generado preocupación entre partidos de oposición, concesionarios, especialistas en telecomunicaciones y organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
Diversos críticos sostienen que la redacción de algunos artículos es ambigua y podría permitir interpretaciones amplias sobre las facultades de la autoridad reguladora.
Entre los principales cuestionamientos destacan:
- Riesgo de autocensura. Organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa han advertido que la posibilidad de imponer sanciones regulatorias podría generar presión sobre medios de comunicación y favorecer la autocensura, especialmente en temas sensibles para el poder público.
- Facultades excesivas del regulador. Especialistas consideran que algunos lineamientos podrían otorgar a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones un margen de interpretación demasiado amplio para supervisar el cumplimiento de los códigos de ética y de los derechos de las audiencias.
- Posible afectación a la libertad editorial. La oposición ha señalado que, aunque el Gobierno asegura que no revisará contenidos, la existencia de sanciones administrativas podría influir indirectamente en las decisiones editoriales de las empresas de radio y televisión.
- Incertidumbre jurídica. Juristas han pedido precisar con mayor claridad los supuestos que darían lugar a sanciones para evitar discrecionalidad y brindar certeza tanto a concesionarios como a periodistas.
El Gobierno insiste en que no habrá censura
Frente a esos señalamientos, Sheinbaum reiteró que el proyecto continúa en consulta pública precisamente para incorporar observaciones y eliminar cualquier disposición que pueda prestarse a interpretaciones erróneas.
La presidenta sostuvo que el propósito de la regulación es garantizar que las audiencias cuenten con mecanismos para presentar inconformidades, sin intervenir en la línea editorial de los medios ni limitar el ejercicio periodístico.
Un debate que continuará
La discusión sobre los nuevos lineamientos se mantiene abierta y ha reactivado el debate sobre el equilibrio entre la protección de los derechos de las audiencias y la libertad de expresión.
Mientras el Gobierno sostiene que la figura del defensor de las audiencias fortalece la rendición de cuentas de los concesionarios, organizaciones civiles y representantes de medios insisten en que el texto debe modificarse para eliminar cualquier posibilidad de que las normas sean utilizadas como un mecanismo de presión o censura indirecta.