Anticorrupción investiga posible filtración de datos en registro de celulares con CURP
Anticorrupción inició una investigación de oficio por presuntas filtraciones de datos tras el registro de celulares con CURP en México.
Por Mario Victorino
El registro obligatorio de líneas móviles con la Clave Única de Registro de Población (CURP), impulsado por el gobierno federal, generó preocupación tras reportes de una posible filtración de información personal de usuarios. Ante ello, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) abrió una investigación de oficio para esclarecer los hechos y garantizar la protección de datos sensibles.
Declaraciones oficiales
La titular de la dependencia, Raquel Buenrostro, declaró que la investigación se inició de manera inmediata:
“Iniciamos procedimientos de oficio, hacemos las indagatorias necesarias y, de confirmarse la vulneración, habrá sanciones ejemplares contra las empresas responsables.”
Buenrostro también adelantó que se trabaja en una reforma a la Ley Federal de Protección de Datos Personales, con el objetivo de establecer sanciones más estrictas contra instituciones privadas que incumplan con la protección de información.
Por su parte, Telcel, una de las compañías bajo investigación, aseguró que su sistema de registro utiliza códigos dinámicos vía SMS para garantizar que solo el titular de la línea pueda completar el proceso de vinculación.
Reacciones
Organizaciones civiles y especialistas en ciberseguridad advirtieron que la filtración de datos como la CURP podría derivar en fraudes de identidad y vulneraciones a la privacidad. Usuarios en redes sociales exigieron mayor transparencia y seguridad en el manejo de su información.
Acciones inmediatas
La SABG solicitó a las empresas de telefonía un informe detallado sobre sus protocolos de seguridad y anunció coordinación con el INAI para reforzar las investigaciones. El gobierno federal subrayó que este caso forma parte de una ofensiva más amplia contra vulneraciones en sistemas digitales que manejan información sensible.
Perspectivas
De confirmarse la filtración, las empresas podrían enfrentar sanciones económicas y administrativas. El gobierno, por su parte, tendría que replantear sus políticas de seguridad digital para recuperar la confianza ciudadana en el registro de celulares.