Ley de Amparo: Monreal anticipa cambios en retroactividad y aprobación en San Lázaro en menos de 10 días
Ricardo Monreal adelantó que la Cámara de Diputados podría eliminar o modificar la retroactividad en la reforma a la Ley de Amparo. El proyecto, aprobado por el Senado, se votaría en San Lázaro en un plazo de ocho a diez días.

Por Mario Victorino
El senador Ricardo Monreal, figura clave en la negociación legislativa de la reforma a la Ley de Amparo, anticipó que la Cámara de Diputados podría modificar o eliminar la cláusula de retroactividad incluida en la minuta aprobada por el Senado. El ajuste responde a preocupaciones jurídicas y políticas sobre el alcance de los cambios en materia de protección constitucional.
La reforma, que ha generado debate entre juristas, académicos y organizaciones civiles, busca limitar el uso del juicio de amparo en casos que afecten obras estratégicas, decisiones administrativas y políticas públicas consideradas de interés nacional. Sin embargo, la inclusión de retroactividad en la aplicación de la nueva norma encendió alertas sobre su impacto en procesos ya concluidos o en curso.
Modificación en puerta y calendario legislativo
Monreal señaló que una vez que la minuta llegue a la Cámara de Diputados, se prevé un proceso de análisis y ajustes que podría durar entre ocho y diez días. El objetivo es afinar el texto legal para evitar conflictos constitucionales y garantizar que la reforma se mantenga dentro de los márgenes del Estado de derecho.
La retroactividad, tal como fue aprobada en el Senado, permitiría aplicar los nuevos criterios de amparo a casos anteriores, lo que podría afectar resoluciones judiciales firmes o en trámite. Diputados de distintas bancadas han expresado su intención de revisar ese punto específico, lo que abre la puerta a una modificación sustancial antes de su aprobación definitiva.
Contexto político y jurídico
La reforma a la Ley de Amparo forma parte de un paquete legislativo impulsado por el gobierno federal para blindar proyectos estratégicos como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y el sistema aeroportuario nacional. El argumento central es evitar que resoluciones judiciales individuales frenen obras de interés colectivo.
No obstante, expertos en derecho constitucional han advertido que limitar el alcance del amparo podría debilitar la protección de derechos fundamentales frente a actos de autoridad. La retroactividad, en particular, ha sido señalada como un riesgo para la seguridad jurídica y la independencia judicial.
Escenario en San Lázaro
Con la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados, se espera que el dictamen avance con rapidez una vez que se definan los ajustes. Monreal estimó que el proceso no se extenderá más allá de diez días, lo que podría colocar la votación final en la segunda semana de octubre.
La eventual aprobación de la reforma, con o sin retroactividad, marcará un precedente en la relación entre el Poder Judicial y el Legislativo, y podría ser objeto de controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.