México se encuentra entre los países y regiones que registran un descenso persistente en sus niveles de aguas subterráneas. Así lo advirtió la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en su informe “Estado de los Recursos Hídricos Mundiales 2025”, difundido el pasado 17 de septiembre.

A las 7:19 horas del jueves 19 de septiembre de 1985, la Ciudad de México dejó de ser la metrópoli que era. Un sismo de 8.1 sacudió el subsuelo del Pacífico y, en dos minutos, impactó la Unidad Tlatelolco, el Centro y la colonia Roma, principalmente, y derrumbó la idea de que el gobierno podía solo. De los escombros no solo salieron 10 mil muertos: salió la sociedad civil con estrategia y liderazgo.

El modelo de gestión del agua en México es insostenible. Sobreexplotación crónica de acuíferos, infraestructura envejecida, fugas, hundimientos diferenciales y falta de inversión robusta han abierto la puerta a un nuevo mercado ilícito: el tráfico de agua o huachicoleo, que ya es controlado por el crimen organizado.

Este es un caso de destrucción ambiental y de plena impunidad en el sur de la Ciudad de México. Lo cuestionable es que esto ocurre en casi todo el país. Las autoridades de los gobiernos están rebasados o coludidos con la corrupción, y por eso la impunidad sigue reinando.

El desastre del 6 de septiembre de 2021 en Tula, Hidalgo, debió ser una lección nacional. Pero a la fecha no lo ha sido.

Durante mucho tiempo imaginamos el cambio climático como una amenaza que llegaría en el futuro. Lo representamos mediante gráficas sobre el aumento de la temperatura, fotografías de glaciares distantes o pronósticos acerca de lo que podría ocurrir hacia la mitad del siglo. Esa forma de observarlo nos permitió mantenerlo lejos de nuestra vida cotidiana. Parecía grave, pero todavía remoto.