Sembrando Vida: talar para cobrar

En un ejido de la sierra de Los Tuxtlas, al sur de Veracruz, un campesino justifica con una frase corta por qué su parcela de 5 hectáreas quedó en rastrojo: “había plaga y estaba fuera de control”

masclaro.mx
today 19/11/2026

Por Alejandro Ramos Magaña

 

En un ejido de la sierra de Los Tuxtlas, al sur de Veracruz, un campesino justifica con una frase corta por qué su parcela de 5 hectáreas quedó en rastrojo: “había plaga y estaba fuera de control”. A unos metros, los tocones de cedro y caobilla aún humean. No es un caso aislado. Es el patrón que se repite en un recorrido por el sur de Veracruz, y que biólogos de la UNAM y la Universidad Veracruzana han documentado también en Bacalar, Quintana Roo; Calakmul, Campeche; Centla y Huimanguillo, Tabasco, y Dzilam de Bravo, Yucatán, entre otras regiones.

El origen, coinciden ejidatarios y científicos, no es la agricultura. Es un programa social: Sembrando Vida.

Implementado en 2019 como la gran apuesta de reforestación del gobierno federal, con la promesa de generar empleo permanente en el campo y recuperar la cobertura forestal, Sembrando Vida cumple siete años con una paradoja documentada en territorio: en diversas regiones, para poder reforestar, primero se deforesta.

El mecanismo es perverso y está incentivado por el propio diseño del programa. Para ingresar, la Secretaría de Bienestar exige al solicitante contar con 2.5 hectáreas disponibles. En la práctica, explican ejidatarios entrevistados durante una inspección en Acayucan y Catemaco, Veracruz, cientos de campesinos que no tenían tierra ociosa optaron por talar bosque o acahual, selva secundaria, para “liberar” la superficie y cumplir con el requisito. El objetivo: acceder al jornal mensual, que en 2026 asciende a 6,450 pesos, según las Reglas de Operación.

“Nos dicen que si no limpias, no entras. Entonces pues se limpia toda la parcela”, relata un ejidatario de 65 años que pidió el anonimato por temor a perder el apoyo. En su ejido, en el estado de Veracruz, con maquinaria pesada rentada entre varios beneficiarios, se desmontaron más de 50 hectáreas en una semana. No es una práctica oculta. Es una práctica normalizada ante la falta de supervisión.

Los propios técnicos del programa lo han advertido en informes internos, pero la supervisión es mínima. El modelo se basa en la autodeclaración del ejidatario y en visitas esporádicas de técnicos que, en promedio, deben atender a más de 150 sembradores cada uno.

De acuerdo con biólogos de la UNAM que realizan muestreos en la región de Los Tuxtlas y la selva Maya, este fenómeno constituye un cambio de uso de suelo ilegal. La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable prohíbe la eliminación de vegetación forestal sin autorización de cambio de uso de suelo. Sin embargo, en campo no hay autoridad que lo frene. “Estamos viendo una pérdida de hábitat de especies de mamíferos, aves y reptiles en territorios que son críticos. No es reforestación, es sustitución de selva diversa por monocultivo en hileras”, explica una investigadora que solicitó reservar su nombre por las investigaciones en curso en Campeche y Quintana Roo.

El problema se agrava con lo que se siembra. Sembrando Vida exige a los beneficiarios establecer un sistema agroforestal: árboles maderables como caoba, cedro, caobilla y pino, combinados con frutales como cítricos y aguacate, además de cultivos de ciclo corto como maíz y frijol.

El problema, alertan los especialistas, es que muchas de esas especies no son nativas de la región donde se imponen. Sembrar pino en selva baja, o aguacate en suelos de Los Tuxtlas, exige una alta tecnificación, riego y agroquímicos que el campesino no tiene por falta de recursos. El resultado es doble: agotamiento rápido del suelo y baja tasa de supervivencia de las plantas.

Datos oficiales de la Auditoría Superior de la Federación de 2023 ya habían advertido que la tasa de supervivencia de plantas reportada por Bienestar era de apenas 45% en algunas regiones del sureste. Es decir, de cada dos árboles plantados, uno muere.

En el recorrido, otro factor aparece de forma constante: el origen de las plantas. Ejidatarios de Veracruz y Tabasco aseguraron que las plántulas y semillas que reciben provienen de un vivero central ubicado en Tapachula, Chiapas. Este vivero ha sido señalado en diversas investigaciones periodísticas por su vínculo con el empresario Alfonso Romo, ex jefe de la Oficina de la Presidencia en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Este diversos ejercicios periodísticos se ha solicitado a la Secretaría de Bienestar los contratos de adquisición de plantas y semillas, pero la dependencia solo responde con informes muy generales sin datos precisos. La dependencia no ha hecho públicos los padrones de proveedores. De confirmarse una centralización de compras en un solo proveedor, se trataría de un modelo que contradice la idea original de producir en viveros comunitarios.

Durante su administración, López Obrador afirmó que Sembrando Vida estaba erradicando los cultivos de amapola y marihuana en el Triángulo Dorado, Durango, Sinaloa y Chihuahua, mediante la siembra agroforestal. Sin embargo, informes de la propia Secretaría de la Defensa Nacional y de organizaciones civiles muestran que el cultivo de sustancias ilícitas persistió durante todo el sexenio, y hasta la fecha. La población local, en muchos casos, no puede confrontar al crimen organizado que controla el territorio. La situación no ha mostrado cambios significativos en la actual administración de Claudia Sheinbaum.

Hay que poner el programa en contexto presupuestal. Para 2026, el gobierno federal proyectó un gasto de aproximadamente 987 mil millones de pesos para programas sociales, lo que representa alrededor de 2.5% del Producto Interno Bruto, según estimaciones de economistas con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Dentro de ese paquete, en el Anexo 16, destinado a mitigación y adaptación al cambio climático, se contemplan 212 mil 569 millones de pesos. Sembrando Vida es uno de los programas prioritarios de ese anexo, presentado como una acción climática.

Es decir, un programa que en campo genera deforestación es contabilizado a nivel presupuestal como una acción contra el cambio climático. Esa contradicción es la que denuncian los científicos.

La Secretaría de Bienestar reporta que el programa cuenta con más de 450,000 sembradores y abarca un millón 100,000 hectáreas. Son cifras oficiales que se repiten en cada informe. Pero no explican la calidad de esa hectárea. No es lo mismo una hectárea de selva mediana subperennifolia con 200 especies por hectárea, que una hectárea con 400 caobas en hilera y sin sotobosque. La primera captura carbono, retiene agua y alberga biodiversidad. La segunda es una plantación.

Tanto expertos como ejidatarios coinciden en un punto final: el programa no incorporó las técnicas ancestrales de producción de alimentos ni la biodiversidad existente. La milpa, la roza-tumba-quema controlada, el manejo de acahuales, fueron ignorados. Esta política ha generado un conflicto con las tradiciones de los pueblos originarios y comunidades indígenas, que ven sus sistemas de manejo reemplazados por un paquete tecnológico uniforme.

Hay terrenos cuya productividad se ve limitada por la aridez, mientras que otros experimentan una disminución significativa en su vida productiva en un lapso de 5 a 6 años si se les imponen especies no nativas sin manejo de suelo. Estos aspectos no aparecen en los discursos oficiales, pero los campesinos los conocen. Sin embargo, la necesidad económica los obliga a participar.

En el mediano plazo, la magnitud de las irregularidades asociadas a este modelo y las consecuencias de no intervenir en los ecocidios cometidos para acceder a los apoyos serán más evidentes. Con el cambio climático encima, con acuíferos como los del Valle de México en bancarrota hídrica según la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y con suelos cada vez más erosionados, los impactos serán más severos.

Sembrando Vida nació con una idea correcta: dar empleo y recuperar bosques. Siete años después, en el sur de Veracruz, la evidencia de campo muestra un programa desarticulado, sin un proyecto nacional integral que aborde los desafíos del sector agropecuario en lo económico, social e hídrico. Contribuye a la destrucción de la biodiversidad que dice proteger y fomenta la deforestación que dice combatir.