Broxel quería 4 mil 200 millones de Bancomext, pero Anticorrupción encontró adeudos y posibles conflictos de interés

Por Mario Victorino

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno frenó un crédito de 4 mil 200 millones de pesos que el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) contemplaba otorgar a Servicios Broxel, luego de que se identificaran presuntas irregularidades relacionadas con la situación financiera de la compañía, sus contratos y posibles conflictos de interés.

La operación financiera quedó bajo revisión ante los señalamientos sobre adeudos y anomalías en las relaciones contractuales de la empresa, lo que puso en duda las condiciones para autorizar un financiamiento de esa magnitud con recursos de la banca de desarrollo.

La decisión también vuelve a poner a Broxel en el centro de la atención pública, luego de que la compañía fuera identificada como proveedora de los monederos electrónicos entregados a legisladores de Morena en la Cámara de Diputados.

El monto del crédito, equivalente a 4 mil 200 millones de pesos, representa una operación relevante para una institución financiera pública como Bancomext, cuyo objetivo es impulsar el comercio exterior y apoyar el financiamiento de empresas mexicanas.

Broxel acumula contratos públicos por más de 32 mil millones de pesos

Uno de los argumentos centrales de la Secretaría Anticorrupción para cuestionar el financiamiento fue la dependencia de Broxel respecto de los contratos gubernamentales.

De acuerdo con el oficio, durante 2025 la compañía obtuvo contrataciones con dependencias de la Administración Pública Federal por montos que oscilaron entre 6 mil 928.7 y 9 mil 751 millones de pesos.

A esto se sumaron operaciones con el Gobierno de la Ciudad de México, cuyos montos se ubicaron entre mil 795 y 3 mil 591 millones de pesos.

En total, la empresa aparece relacionada con oportunidades y contratos gubernamentales por hasta 32 mil 296 millones de pesos, según información citada en las investigaciones periodísticas.

La dependencia advirtió que esta concentración de ingresos representa un riesgo, especialmente porque los procedimientos administrativos pendientes podrían derivar en sanciones e incluso impedir que Broxel participe en futuras licitaciones públicas.

Posible conflicto de interés entre Broxel y un funcionario de Hacienda

Otro de los puntos que encendieron las alertas fue un posible conflicto de interés relacionado con Karlo Gerardo Siliceo Valdespino, representante legal de Servicios Broxel, y Miguel Sergio Siliceo Valdespino, titular de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El oficio señala que ambos tienen parentesco por consanguinidad.

Además, Miguel Sergio Siliceo ocupó anteriormente un cargo directivo en Bancomext, entre 2019 y 2021, y cuenta con una licencia sin goce de sueldo.

Esta circunstancia llevó a la Secretaría Anticorrupción a cuestionar si existe un posible conflicto de interés que deba ser aclarado antes de autorizar recursos públicos a la compañía.

El documento no acredita que el funcionario haya intervenido directamente en la solicitud de crédito ni que el posible conflicto se haya materializado, pero sí lo identifica como un elemento que debe ser considerado por la institución financiera.

Broxel reconoce diferencias en contratos, pero sostiene que fueron técnicas

Antes de que la Secretaría Anticorrupción emitiera su advertencia, un representante legal de Broxel envió una comunicación a Nacional Financiera y Bancomext, fechada el 5 de noviembre.

En ella reconoció discrepancias relacionadas con bonificaciones y ofertas económicas de contratos anteriores, aunque sostuvo que se trataba de diferencias técnicas e interpretativas que habían sido atendidas.

La compañía afirmó que había desahogado los señalamientos y que no existían controversias derivadas de esas diferencias, aunque el cierre formal de los procedimientos ante la Secretaría Anticorrupción todavía estaba pendiente.

Pese a esa explicación, el oficio del 10 de noviembre mantuvo las observaciones sobre los recursos pendientes de devolución y los procedimientos administrativos en curso.

¿Qué sigue para el crédito de 4 mil 200 millones de pesos?

La intervención de la Secretaría Anticorrupción colocó un obstáculo institucional a la solicitud de financiamiento de Servicios Broxel.

La dependencia pidió que Bancomext no autorizara la operación al considerar que los riesgos financieros, contractuales y administrativos de la compañía podrían trasladarse a la banca pública.

La advertencia no equivale a una resolución definitiva sobre las responsabilidades de Broxel ni a una sanción de inhabilitación. Los procedimientos administrativos continúan en trámite.

Sin embargo, el caso deja una interrogante sobre los criterios utilizados por las instituciones de banca de desarrollo para evaluar solicitudes multimillonarias de empresas que mantienen contratos con el propio gobierno y, al mismo tiempo, enfrentan señalamientos por pagos pendientes y presuntas irregularidades.

Por ahora, los 4 mil 200 millones de pesos solicitados por Broxel quedaron bajo cuestionamiento, mientras la Secretaría Anticorrupción pidió proteger los recursos públicos y evitar que los riesgos de la compañía terminen siendo asumidos por el Estado.