De una denuncia anónima a millones bajo sospecha: así comenzó el caso Gómez Mont

Por Mario Victorino

Una denuncia anónima presentada en noviembre de 2019 fue el punto de partida de la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra la conductora de televisión Inés Gómez Mont, señalada por su presunta participación en una red de lavado de dinero que habría desviado alrededor de 2 mil 450 millones de pesos de recursos públicos destinados al sistema penitenciario federal.

De acuerdo con el expediente ministerial consultado por El Financiero, la denuncia fue presentada el 7 de noviembre de 2019 e involucró directamente a 10 personas físicas y al menos ocho empresas que posteriormente fueron identificadas por las autoridades como compañías fantasma.

Las indagatorias apuntaron a un esquema de triangulación financiera mediante el cual presuntamente se desviaron recursos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), dependencia responsable de la administración de las prisiones federales.

El dinero habría sido dispersado a través de compañías que simulaban operaciones comerciales para ocultar el origen y destino de los recursos públicos, generar ganancias privadas y dificultar el rastreo de las transacciones.

Entre las empresas señaladas en el expediente aparecen Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética, Rancel, Comcelint, Gupea, Modemo, Tecnología e Innovación Arromlop e Ingeniería y Arquitectura Tangamanga.

Inés Gómez Mont habría recibido millones mediante empresas fantasma

Uno de los elementos que destacan en las investigaciones son los movimientos financieros registrados por Ingeniería y Arquitectura Tangamanga.

Según la FGR, esta compañía realizó 12 retiros que sumaron 7 millones 395 mil pesos a favor de Inés Gómez Mont Arena.

La conductora aparece también en otras operaciones atribuidas a empresas relacionadas con la presunta estructura de lavado de dinero.

En el caso de Gupea Construcciones, las autoridades identificaron 14 movimientos a su favor por un total de 6 millones 348 mil 816 pesos.

La hipótesis ministerial sostiene que estas compañías fueron utilizadas para simular operaciones y dispersar recursos provenientes de contratos públicos, con el propósito de ocultar el desvío de dinero del erario.

La investigación no se limita a los movimientos atribuidos a la conductora, pues también documenta transferencias a personas vinculadas con figuras políticas de Morena.

¿Qué relación tienen los hijos de Ricardo Monreal con el caso?

Uno de los apartados más delicados del expediente involucra a Ricardo Monreal Pérez y Elda Catalina Monreal Pérez, hijos del diputado federal de Morena Ricardo Monreal Ávila.

De acuerdo con los registros financieros citados por El Financiero, Ingeniería y Arquitectura Tangamanga realizó 42 transferencias a cuentas de Banamex y Banorte a nombre de Ricardo Monreal Pérez, por un monto acumulado de 2 millones 760 mil pesos.

Además, la misma empresa habría efectuado tres transferencias por 300 mil pesos en conjunto a una cuenta de BBVA Bancomer a nombre de Elda Catalina Monreal Pérez, quien fue candidata a la alcaldía Cuauhtémoc en 2024.

Los movimientos financieros también alcanzaron a Gupea Construcciones, que presuntamente realizó tres transferencias a Ricardo Monreal Pérez por un total de 75 mil pesos.

En conjunto, los registros mencionados en el expediente identifican transferencias por 3 millones 135 mil pesos a Ricardo Monreal Pérez y Elda Catalina Monreal Pérez.

Sin embargo, existe un punto fundamental que no está aclarado: las investigaciones citadas no explican el motivo de esos depósitos, no establecen si correspondían a operaciones legítimas y tampoco precisan si los hijos del legislador están bajo investigación.

La aparición de sus nombres en los registros financieros no constituye por sí misma una prueba de participación en el presunto esquema delictivo.

FGR solicitó tres órdenes de aprehensión contra Inés Gómez Mont

A partir de las investigaciones, la FGR solicitó tres órdenes de aprehensión contra Inés Gómez Mont.

Una de ellas está relacionada con los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, mientras que las otras dos corresponden a acusaciones por defraudación fiscal equiparada.

La Fiscalía sostiene que la conductora habría adquirido comprobantes fiscales que amparaban operaciones simuladas, mecanismo que presuntamente permitió justificar movimientos de dinero y evadir obligaciones tributarias.

El caso también está relacionado con el presunto desvío de recursos públicos que originalmente estaban destinados a servicios y operaciones del sistema penitenciario federal.

Las acusaciones deberán ser acreditadas ante las autoridades judiciales, por lo que los señalamientos contenidos en el expediente no representan una sentencia condenatoria.

Una denuncia anónima abrió una investigación de miles de millones

El expediente muestra cómo una denuncia presentada en 2019 derivó en una investigación financiera que involucra empresas presuntamente utilizadas para simular operaciones, transferencias millonarias y recursos públicos destinados a las cárceles federales.

También coloca bajo escrutinio los movimientos de dinero que terminaron en cuentas de personas relacionadas con el entorno político de Morena, aunque todavía no existe una explicación pública sobre esas operaciones.

La pregunta que permanece abierta es por qué empresas señaladas como fantasma transfirieron millones de pesos a Inés Gómez Mont y a los hijos de Ricardo Monreal, y qué justificación tuvieron esos movimientos.