Sheinbaum va por las cuentas del INE: pide auditar a sus últimos dos presidentes
Sheinbaum exige transparencia al próximo presidente del INE y plantea auditar las gestiones de Guadalupe Taddei y Lorenzo Córdova.
Por Mario Victorino
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió que el próximo titular del Instituto Nacional Electoral (INE) garantice la transparencia en el uso de los recursos públicos y planteó revisar las gestiones de Guadalupe Taddei y Lorenzo Córdova al frente del organismo.
La exigencia coloca nuevamente bajo el escrutinio público el manejo presupuestal de la autoridad electoral, responsable de organizar las elecciones federales y vigilar el cumplimiento de las reglas que rigen la competencia política en México.
Sheinbaum sostuvo que la renovación de la presidencia del INE debe acompañarse de una revisión de las cuentas y de mecanismos que permitan conocer cómo se ejercieron los recursos durante las administraciones anteriores.
El planteamiento abre el debate sobre la fiscalización del gasto electoral, la rendición de cuentas de los funcionarios y la necesidad de garantizar que el presupuesto destinado a las instituciones democráticas se utilice de manera eficiente.
Sheinbaum exige cuentas claras al próximo presidente del INE
La mandataria señaló que quien asuma la presidencia del instituto debe conducirse bajo principios de transparencia y responsabilidad en el ejercicio del presupuesto público.
La exigencia no se limita a la futura administración. También contempla revisar las gestiones encabezadas por Guadalupe Taddei, quien asumió la presidencia del INE en abril de 2023, y Lorenzo Córdova, quien dirigió el organismo de 2014 a 2023.
El objetivo de una auditoría sería examinar el manejo de los recursos, identificar posibles irregularidades, en caso de existir, y determinar si el gasto institucional se ajustó a las disposiciones legales.
Sin embargo, una revisión administrativa no implica por sí misma que se hayan cometido actos de corrupción. Cualquier señalamiento de esa naturaleza tendría que sustentarse en documentación, hallazgos verificables y los procedimientos correspondientes.
La propuesta también abre una discusión sobre el alcance de la fiscalización de los órganos autónomos y la importancia de que sus mecanismos de control funcionen sin interferencias políticas.
Las gestiones de Taddei y Córdova, bajo el foco de la revisión
La posibilidad de auditar las administraciones de Taddei y Córdova pone sobre la mesa dos periodos distintos en la conducción de la autoridad electoral.
Durante la presidencia de Córdova, el entonces Instituto Federal Electoral ya transformado en INE organizó procesos electorales federales y locales, además de asumir nuevas responsabilidades derivadas de la reforma político-electoral de 2014.
Su administración también estuvo marcada por las controversias sobre el presupuesto del instituto, las remuneraciones de sus consejeros y los enfrentamientos con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Tras concluir ese periodo, Guadalupe Taddei asumió la conducción del organismo en medio de las exigencias de austeridad impulsadas por Morena y de las diferencias sobre el costo de la organización electoral.
Su gestión ha enfrentado el desafío de mantener la operación del instituto, preparar procesos electorales y atender las discusiones sobre su presupuesto y estructura administrativa.
Una auditoría que abarque ambas administraciones tendría que establecer con claridad los periodos revisados, los rubros presupuestales examinados y los criterios utilizados para determinar si existieron irregularidades.
También sería necesario distinguir entre gastos legalmente autorizados, decisiones administrativas cuestionables y posibles faltas que ameriten investigaciones adicionales.
Transparencia del gasto, una exigencia para el organismo electoral
El presupuesto del INE financia actividades esenciales para la organización de elecciones, como la actualización del padrón electoral, la emisión de credenciales para votar, la instalación de casillas, la capacitación de funcionarios electorales y la fiscalización de partidos políticos.
También cubre gastos de operación, infraestructura tecnológica, personal y servicios necesarios para garantizar el funcionamiento del sistema electoral.
Por ello, conocer el destino de los recursos resulta relevante para evaluar la eficiencia del organismo y la calidad de los controles internos.
La transparencia presupuestal, además, permite que la ciudadanía conozca cuánto cuesta organizar elecciones, qué recursos se destinan a cada actividad y qué resultados se obtienen con el dinero público.
No obstante, una revisión de las cuentas del INE debe realizarse mediante procedimientos institucionales y con criterios verificables, independientemente de quién ocupe su presidencia.
La rendición de cuentas debe aplicarse tanto a los funcionarios en turno como a quienes concluyeron sus encargos, sin distinciones partidistas ni conclusiones anticipadas.
La independencia del INE, en el centro del debate
El llamado de Sheinbaum se produce en un contexto de discusión sobre el funcionamiento, el presupuesto y la estructura de las instituciones electorales.
Para el gobierno federal y Morena, la austeridad y la revisión del gasto público forman parte de sus argumentos para exigir mayor eficiencia en los organismos del Estado.
En contraste, las discusiones sobre posibles cambios en las autoridades electorales también han generado preocupaciones sobre la preservación de su autonomía y su capacidad para actuar con independencia del poder político.
En ese escenario, la fiscalización de las administraciones anteriores representa un asunto relevante tanto para la rendición de cuentas como para la credibilidad institucional.
Una revisión técnicamente sustentada podría contribuir a esclarecer el uso de los recursos públicos. En cambio, si las auditorías se convierten en instrumentos de confrontación política, podrían profundizar las diferencias entre el gobierno y las autoridades electorales.
El reto será garantizar que cualquier revisión se realice con criterios objetivos, resultados públicos y procedimientos que permitan a los funcionarios involucrados responder a las observaciones que eventualmente se formulen.
El desafío para la próxima presidencia del INE
Quien encabece el organismo tendrá la responsabilidad de mantener la organización de los procesos electorales y, al mismo tiempo, responder a las exigencias de transparencia y eficiencia presupuestal.
Esto supone fortalecer los controles administrativos, hacer accesible la información sobre el gasto y atender las observaciones de las instancias fiscalizadoras.
También implica preservar la confianza ciudadana en una institución cuya función central es garantizar que las elecciones se desarrollen conforme a la ley.
La propuesta de Sheinbaum coloca la revisión de las cuentas del INE en la agenda pública, pero el alcance real de una eventual auditoría dependerá de las decisiones institucionales que se adopten, los periodos que se determinen y los resultados que arrojen las revisiones.
Por ahora, el punto central es la exigencia presidencial de transparentar los recursos y revisar las gestiones de Taddei y Córdova. Para establecer si hubo irregularidades, será indispensable contar con auditorías y evidencia documental que respalden cualquier conclusión.