Promover el voto no es proselitismo: el TEPJF da certeza al proceso judicial

Por Sofía González Torres

¿Cómo aseguramos que todas y todos sepamos cómo votar cuando se trata de una elección completamente nueva?
Esa fue la pregunta de fondo que llevó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a modificar, el pasado 9 de abril, los criterios emitidos por el INE para regular la promoción del voto en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación.

Por primera vez, la ciudadanía mexicana podrá elegir directamente a quienes integrarán uno de los tres poderes de la Unión: juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros. Este hecho marca un precedente en la historia democrática del país y, precisamente por su carácter inédito, requiere que las instituciones acerquen información clara, neutral y accesible sobre cómo participar.

Una elección sin antecedentes

A diferencia de los procesos electorales tradicionales, en esta elección no participan partidos compitiendo entre sí ni se promueven plataformas políticas. Se trata de un ejercicio ciudadano orientado a fortalecer la legitimidad del Poder Judicial a través del voto popular. Por ello, el marco normativo y comunicativo debe adaptarse a su naturaleza única.

La Sala Superior del TEPJF concluyó que restringir la promoción del voto exclusivamente al INE no estaba previsto expresamente por la ley, y que otras autoridades pueden contribuir —bajo reglas estrictas— a fomentar la participación. De este modo, se habilitó la intervención de los Poderes de la Unión, los gobiernos estatales, los organismos públicos locales electorales (OPLEs) y las y los servidores públicos, siempre con fines institucionales y educativos.

Informar, sin hacer campaña

La resolución deja en claro que informar no equivale a hacer proselitismo. La promoción permitida deberá centrarse exclusivamente en contenidos educativos: cómo se organiza la elección, qué cargos se votan, cómo se marca la boleta o dónde ubicar las casillas. Todo ello con mensajes institucionales, sin nombres, logotipos, eslóganes o elementos que puedan asociarse con personas o partidos. No está permitido realizar ningún acto de proselitismo ni manifestarse públicamente a favor o en contra de candidatura alguna. La participación de las instituciones tiene como límite la neutralidad, la imparcialidad y la equidad. Además, cualquier material deberá incluir una leyenda que indique expresamente su carácter informativo y educativo. Las candidaturas, por su parte, no pueden intervenir en la propaganda institucional.

Un esfuerzo conjunto

Distintas instancias han comenzado ya a poner en marcha estrategias informativas. La Secretaría de Gobernación, por ejemplo, ha incorporado una sección semanal sobre el proceso en la conferencia matutina. El Senado ha anunciado una campaña de difusión en redes sociales, medios oficiales y espacios públicos, y la Cámara de Diputados también se prepara para contribuir con mensajes orientados a la participación ciudadana.

Estas acciones no son accesorias: son esenciales. Porque ningún ejercicio democrático puede tener éxito si la ciudadanía no entiende cómo participar. Y en este caso, la novedad del proceso hace indispensable que se sumen esfuerzos para informar sin sesgo, sin protagonismos y sin confusiones.

Participar es ejercer el derecho a la justicia

Lo que está en juego no es menor. Se trata de decidir quiénes ocuparán cargos clave en la impartición de justicia. La elección del próximo 1 de junio es una oportunidad única para abrir el Poder Judicial a la mirada y decisión del pueblo, sin comprometer su autonomía ni su profesionalismo.

Para lograrlo, necesitamos una ciudadanía informada, y unas instituciones comprometidas con facilitar el acceso a esa información. La promoción del voto en este contexto no es una concesión: es parte del ejercicio democrático que da sentido al proceso.

Informar para participar. Participar para transformar.