Nuevas normas para el transporte de combustibles en México

REDACCIÓN


El Gobierno de México ha implementado nuevas disposiciones para regular el transporte de combustibles en todo el país, con el objetivo de combatir el robo de hidrocarburos, mejorar la trazabilidad de los productos energéticos y fortalecer la fiscalización en el sector. Entre los cambios más relevantes destaca la incorporación obligatoria de códigos QR en las unidades de transporte, así como nuevas exigencias en la documentación digital y física que acompaña cada traslado.

Estas medidas forman parte de una estrategia nacional para cerrar brechas en la cadena logística de combustibles, donde históricamente han operado redes de distribución informal, contrabando y huachicol.

¿Qué establece la nueva normativa?

Las autoridades han modificado el marco regulatorio aplicable a transportistas, distribuidores y comercializadores de combustibles, incluyendo gasolina, diésel, turbosina y gas LP. Los principales cambios son:

• Código QR obligatorio: Cada unidad de transporte debe portar un código QR visible que contenga información en tiempo real sobre el origen, destino, volumen, tipo de combustible y permisos asociados al traslado.
• Digitalización de documentos: Las cartas porte, facturas y permisos deben estar disponibles en formato digital, accesibles mediante el QR y verificables por autoridades en carretera.
• Validación en puntos de control: El código QR será escaneado en retenes, aduanas y estaciones de verificación para confirmar la legalidad del traslado.
• Registro en plataformas oficiales: Los transportistas deben registrar cada movimiento en el sistema de trazabilidad energética, vinculado al SAT y a la CRE.
• Sanciones por inconsistencias: Cualquier discrepancia entre el QR, la carga física y los documentos puede derivar en multas, decomisos o suspensión de permisos.

¿A quiénes afecta esta reforma?

La nueva normativa aplica a:

• Empresas transportistas de hidrocarburos.
• Distribuidores mayoristas y minoristas.
• Estaciones de servicio que reciben combustible por vía terrestre.
• Operadores logísticos que subcontratan transporte energético.
• Conductores de pipas, tractocamiones y unidades especializadas.

Incluso los traslados internos entre plantas o centros de distribución deben cumplir con los nuevos requisitos, sin excepción.

¿Por qué se implementa el código QR?

El uso de códigos QR busca resolver tres problemas estructurales:

• Falsificación de documentos: El QR permite verificar en tiempo real si los datos coinciden con los registros oficiales.
• Rutas clandestinas: Al rastrear cada unidad, se pueden detectar desvíos, paradas no autorizadas o rutas sospechosas.
• Control fiscal: El SAT podrá cruzar datos entre lo transportado y lo facturado, reduciendo la evasión y el lavado de dinero.

Además, se espera que esta medida facilite la interoperabilidad entre dependencias como la CRE, la SENER, la Guardia Nacional y la Agencia de Seguridad Energética.

¿Qué riesgos hay por incumplimiento?

Las sanciones por no cumplir con las nuevas normas incluyen:

• Multas que pueden superar los 500,000 pesos por unidad.
• Retención de vehículos en puntos de control.
• Cancelación de permisos de transporte o comercialización.
• Cierre temporal de estaciones de servicio.
• Denuncias penales por contrabando o falsificación.

Las autoridades han advertido que habrá operativos aleatorios y auditorías digitales para verificar el cumplimiento, especialmente en zonas con alta incidencia de robo de combustible.

¿Cuándo entran en vigor?

El calendario de implementación contempla:

• Octubre 2025: Inicio del registro obligatorio en la plataforma de trazabilidad.
• Noviembre 2025: Uso obligatorio del código QR en todas las unidades nuevas.
• Diciembre 2025: Aplicación total en unidades existentes, con periodo de gracia para adecuaciones técnicas.

Las empresas que no se adapten en tiempo y forma podrían quedar fuera del mercado formal de transporte energético.

Balance final

La incorporación de códigos QR en el transporte de combustibles representa un giro tecnológico y fiscal en la lucha contra el huachicol y la informalidad. Aunque implica inversiones y ajustes operativos para las empresas del sector, también abre la puerta a una mayor transparencia, seguridad y eficiencia en la cadena energética nacional. El reto será garantizar que la implementación no se convierta en una barrera burocrática, sino en una herramienta efectiva de control.