Fortalecer la soberanía y la seguridad: el nuevo paradigma mexicano

Por Sofía González Torres

El panorama de seguridad pública y nacional en México ha sido un tema de constante debate y ajustes normativos. Las recientes reformas constitucionales y la creación de nuevas leyes en materia de seguridad pública apuntan a fortalecer la soberanía nacional y optimizar la lucha contra el crimen organizado. Este es un paso significativo en la consolidación de una estrategia de seguridad más efectiva y alineada con los intereses del país.

La reforma al Artículo 21 Constitucional ha dado pie a la creación de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública, un mecanismo que busca crear el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia para mejorar la coordinación entre las diversas entidades de seguridad del país. Con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a la cabeza, esta ley permite la interconexión de sistemas de inteligencia a nivel federal, estatal y municipal, así como con organismos privados bajo convenios específicos. Esta articulación facilitará el análisis de datos en tiempo real, la sistematización de bases criminalísticas y la generación de inteligencia para operativos más eficientes.

En paralelo, la nueva reforma a los artículos 40 y 19 de la Constitución, agrega el terrorismo al catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva, situación que pone foco a un término que coincide con el utilizado para designar a cárteles y que ha generado una fuerte polémica bilateral.

Para reafirmar la soberanía de México, la iniciativa propone que la Constitución señale expresamente la prohibición de cualquier intervención extranjera en asuntos de seguridad sin la autorización expresa del Estado, lo que se puede considerar una respuesta ante la creciente preocupación por la injerencia de agencias de seguridad extranjeras en territorio nacional, con pretexto de la lucha contra el narcotráfico y el tráfico de armas. Además, se establece que se aplicará la sanción máxima a extranjeros involucrados en estos delitos.

Desde una perspectiva diplomática, estas iniciativas constitucionales reconfiguran la relación con Estados Unidos en materia de seguridad bilateral. Si bien podrían generar tensiones con agencias norteamericanas, en realidad se ponen en claro las reglas para que la cooperación se fortalezca de manera más equilibrada, basada en el respeto mutuo y la colaboración dentro del marco legal mexicano.

A pesar de los desafíos, una vez aprobadas estas reformas representarán un avance en la profesionalización de las fuerzas de seguridad, el combate a la delincuencia, la inteligencia y sobre todo, el marco legal para la actuación de las fuerzas policiales nacionales y en cooperación con las extranjeras, poniendo como prioridad el resguardo de la soberanía.

Si se ejecutan adecuadamente, estos cambios pueden marcar un antes y un después en la política de seguridad del país, ofreciendo resultados tangibles en la disminución de la violencia y la mejora de la gobernabilidad.

México no sólo está estableciendo las bases para una estrategia de seguridad más eficaz, sino que también está enviando un mensaje claro al mundo: su soberanía y la seguridad de sus ciudadanos no son negociables.