Los contratos millonarios del INE salpican a Lorenzo Córdova y al partido Somos
Sheinbaum vincula a Lorenzo Córdova y Somos con una presunta red de contratos electorales por 2 mil 740 millones de pesos bajo investigación.
Por Mario Victorino
La presidenta Claudia Sheinbaum vinculó al expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, y a integrantes del partido Somos, encabezado por Guadalupe Acosta Naranjo, con una presunta red de corrupción empresarial que habría obtenido contratos electorales por más de 2 mil 740 millones de pesos entre 2015 y 2025.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que las irregularidades en la contratación de materiales electorales no comenzaron con la llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE, sino que tienen antecedentes de varias décadas y se fortalecieron durante la gestión de Córdova, entre 2014 y 2023.
La investigación presentada por la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, identifica a los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas como los principales empresarios beneficiados por las adjudicaciones de materiales electorales en organismos públicos locales.
De acuerdo con el informe gubernamental, entre 2015 y 2023, empresas relacionadas con ambos empresarios obtuvieron contratos por 2 mil 94 millones de pesos en 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). A esa cantidad se sumaron otros 646.3 millones de pesos durante 2024 y 2025, correspondientes a contrataciones con 15 organismos estatales.
En conjunto, las operaciones señaladas ascienden a aproximadamente 2 mil 740.3 millones de pesos.
Simulaban competencia para quedarse con contratos electorales
Raquel Buenrostro expuso que las empresas investigadas presuntamente utilizaban un esquema para simular competencia en las licitaciones públicas y garantizar que compañías vinculadas con los mismos empresarios obtuvieran las adjudicaciones.
Entre las irregularidades detectadas mencionó el uso de prestanombres, posibles identidades suplantadas, domicilios y teléfonos compartidos, así como la participación de compañías que carecían de infraestructura, trabajadores y capacidad operativa para cumplir los contratos.
La investigación también identificó posibles operaciones de lavado de dinero y vínculos con empresas factureras, por lo que las autoridades buscan determinar quiénes fueron los beneficiarios finales de los recursos públicos.
La funcionaria reconstruyó los antecedentes de los empresarios y sus relaciones con antiguos funcionarios federales para explicar cómo se desarrolló la red de proveedores electorales.
De funcionarios del gobierno de Salinas a proveedores electorales
Según la reconstrucción presentada por Buenrostro, los hermanos Hernández Casillas trabajaron durante la década de los ochenta en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal (Renapo), dependiente de la Secretaría de Gobernación.
José Alfredo Hernández Casillas se desempeñó como secretario particular de Juan Carlos Padilla Aguilar, entonces director general del organismo, mientras que su hermano Raymundo Francisco trabajaba en el área de Recursos Financieros y Materiales.
Posteriormente, ambos llegaron al entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), donde también ocuparon cargos antes de abandonar el servicio público e incursionar en negocios relacionados con la fabricación y comercialización de materiales electorales.
Uno de los primeros antecedentes empresariales señalados fue Cartonera Plástica, compañía vinculada con José Alfredo Hernández Casillas que comenzó a participar como proveedora electoral en el Estado de México desde 1999.
En 2005 obtuvo un contrato por 63.7 millones de pesos del Instituto Electoral del Estado de México. La adjudicación estuvo rodeada de denuncias por presuntas irregularidades y sobornos, un episodio que derivó en la renuncia de siete consejeros electorales.
La investigación gubernamental sostiene que, con el paso de los años, los empresarios ampliaron sus operaciones mediante distintas compañías y extendieron su presencia a organismos electorales de diversas entidades.
Sheinbaum señala vínculos con el partido Somos
Uno de los elementos centrales de los señalamientos presidenciales es la relación de Juan Carlos Padilla Aguilar con el partido Somos, organización en la que también participan exintegrantes del INE.
Sheinbaum sostuvo que Padilla Aguilar, quien fue superior jerárquico de los hermanos Hernández Casillas durante su paso por el servicio público, posteriormente se incorporó al Frente Cívico Nacional, organización que antecedió al proyecto político de Somos.
En esa estructura participan Lorenzo Córdova, integrante de su Consejo Consultivo Ciudadano; Marco Antonio Baños, representante suplente del partido ante el INE, y Edmundo Jacobo Molina, titular de su Centro de Formación y Profesionalización Política.
La presidenta cuestionó que los antiguos funcionarios electorales pretendan deslindarse de las contrataciones realizadas por los organismos estatales, al recordar que la reforma electoral de 2014 trasladó al Consejo General del INE la facultad de designar a los consejeros de los OPLE.
Con ese argumento, responsabilizó políticamente a la integración del Consejo General encabezada por Córdova de explicar cómo se supervisaron los organismos que posteriormente adjudicaron los contratos investigados.
«Él dice: “No, no fui yo, fueron los organismos electorales”. Sí, pero ¿quién nombró a esos consejeros electorales? Tú y todos los consejeros del INE del 2014 al 2023», cuestionó Sheinbaum.
Gobierno busca que la investigación no se concentre en Guadalupe Taddei
La mandataria insistió en que las investigaciones deben abarcar las distintas etapas del sistema electoral y no limitarse a la administración de Guadalupe Taddei, quien dejó la presidencia del INE en medio de señalamientos por presuntas irregularidades en contrataciones.
«No nació ahí», afirmó Sheinbaum, al sostener que la red empresarial tiene antecedentes anteriores y que su crecimiento más importante ocurrió durante el periodo en que Lorenzo Córdova encabezó el organismo electoral.
La presidenta también subrayó que ningún funcionario debe quedar exento de rendir cuentas si se demuestra su participación en actos ilegales, independientemente de su cargo o del periodo en que haya trabajado en el servicio público.
La investigación deberá traducirse en responsabilidades concretas y no quedarse únicamente en señalamientos políticos. Para ello, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Fiscalía General de la República (FGR) deberán determinar si existen elementos para fincar responsabilidades administrativas o penales.
Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) continuará con las indagatorias sobre las operaciones de las compañías señaladas.
Mientras avanzan las investigaciones, los vínculos políticos y empresariales expuestos por el Gobierno federal colocan bajo escrutinio las contrataciones de materiales electorales realizadas durante distintas administraciones y el papel de quienes tuvieron responsabilidades en la supervisión del sistema electoral.