Acusa a Adela Micha de usar denuncias penales para evitar pagarle su liquidación

Por Mario Victorino

Suzanne Faugier Dracoulis, exasistente y colaboradora de Adela Micha durante 27 años, rompió el silencio desde el penal femenil de Santa Martha Acatitla, donde permanece en prisión preventiva. En un comunicado difundido el 26 de octubre, negó los delitos que se le imputan y acusó a la comunicadora de utilizar denuncias penales para presionarla después de que reclamó sus derechos laborales.

Bajo el título Justicia para Suzanne, la excolaboradora afirmó que su situación judicial comenzó después de que presentó una demanda laboral por despido injustificado. Según su versión, Micha la despidió el 18 de octubre de 2024 y le ofreció un acuerdo económico que consideró insuficiente, además de incluir una cláusula que le habría impedido trabajar en medios de comunicación durante cinco años.

Faugier aseguró que rechazó la propuesta y presentó la demanda laboral en noviembre de 2024. A partir de entonces, sostuvo, se iniciaron cuatro carpetas de investigación penal en su contra, que considera parte de una estrategia para obligarla a desistirse de su reclamación.

Las acusaciones forman parte de la versión de la excolaboradora y no constituyen hechos judicialmente acreditados. Por su parte, la defensa de Micha sostiene que existen documentos y peritajes que respaldan las investigaciones por presunta falsificación y fraude.

La disputa laboral y el supuesto intento de impedirle trabajar en medios

En su comunicado, Faugier recordó que durante casi tres décadas se desempeñó como asistente personal, coordinadora de invitados y productora en los proyectos de Micha. Afirmó que su relación con la periodista trascendió el ámbito profesional, pues también acompañó a la comunicadora y a su familia en situaciones personales.

La excolaboradora sostuvo que la propuesta de liquidación incluía una condición que le impediría trabajar en cualquier medio de comunicación durante cinco años. Según su relato, rechazó el convenio porque consideró que la compensación no correspondía al tiempo que trabajó para la periodista ni a sus derechos laborales.

Faugier señaló que el conflicto cambió de dimensión después de acudir a las instancias laborales. Aseguró que las denuncias penales posteriores tuvieron como propósito debilitar su posición en la disputa y evitar el pago de la liquidación que reclama.

También afirmó que el exdiputado y exsenador panista Roberto Gil Zuarth habría intervenido en las negociaciones por instrucciones de Micha. Según su versión, el político buscó presionarla para aceptar una compensación menor. Estas afirmaciones requieren corroboración independiente.

Faugier denuncia presuntas influencias para mantenerla en prisión

Uno de los señalamientos más delicados del documento se refiere a la prisión preventiva que enfrenta. Faugier acusó a Micha de presumir relaciones cercanas con autoridades de procuración e impartición de justicia de la Ciudad de México y sostuvo que esas presuntas conexiones habrían influido en las decisiones de su proceso.

En el escrito, la excolaboradora cuestionó que la comunicadora se presente públicamente como defensora de la justicia y de las mujeres, mientras que, según su acusación, habría recurrido a sus relaciones institucionales para mantenerla privada de la libertad.

Faugier argumentó que los delitos que enfrenta no están incluidos en el catálogo constitucional de prisión preventiva oficiosa y solicitó que se revisen las medidas cautelares para continuar el proceso en libertad. Sin embargo, la discusión sobre la procedencia de la prisión preventiva justificada depende de las circunstancias del caso y de las resoluciones judiciales correspondientes.

La exasistente también sostuvo que su madre, de 86 años, es una de las principales afectadas por su encarcelamiento. En el comunicado, cuestionó que la edad de Micha se hubiera utilizado como argumento dentro del litigio y aseguró que ella también enfrenta consecuencias familiares por el proceso.

Hasta el momento descrito en la información disponible, Micha no había respondido públicamente al comunicado del 26 de octubre.

Acusa un supuesto patrón contra exempleadas

Faugier afirmó que su caso no sería el primero en el que una excolaboradora de la periodista enfrenta consecuencias penales durante una disputa laboral. Como antecedente, mencionó a la contadora Aline Aguilar, quien, según su versión, habría permanecido varios meses en Santa Martha Acatitla.

La exasistente planteó que existiría un supuesto patrón para iniciar procesos penales contra trabajadoras y evitar el cumplimiento de obligaciones laborales. No obstante, esa interpretación corresponde a su denuncia y no permite concluir, sin pruebas adicionales, que ambos casos respondan a un mismo mecanismo.

Sus señalamientos colocan en el centro la necesidad de esclarecer las circunstancias de cada procedimiento, las pruebas presentadas por las partes y la relación entre los conflictos laborales y las investigaciones penales.

Señala presuntos pagos en efectivo y contratos con gobiernos

En su pronunciamiento, Faugier también hizo afirmaciones sobre el manejo administrativo y financiero de los proyectos en los que trabajó. Aseguró que figuraba como socia y administradora de la empresa Conducción de Telecomunicaciones por instrucciones de Micha.

Según su relato, esa estructura empresarial permitía que el nombre de la periodista no apareciera directamente en determinados contratos comerciales, de publicidad y asesoría con compañías privadas y entidades gubernamentales.

La excolaboradora afirmó que recibía grandes cantidades de dinero en efectivo provenientes de gobiernos estatales y utilizó la expresión “chayotes millonarios” para referirse a esos recursos. En ese contexto, mencionó directamente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien atribuyó presuntos envíos periódicos de dinero.

Se trata de acusaciones graves que no deben confundirse con hechos comprobados. Para establecer si existieron pagos irregulares, sería necesario conocer contratos, registros financieros, documentos fiscales y eventuales investigaciones de las autoridades competentes.

Faugier también acusó presuntas relaciones de influencia en el ámbito judicial capitalino. Sin embargo, el hecho de que una persona denuncie posibles vínculos entre particulares y funcionarios no demuestra por sí mismo que las decisiones judiciales hayan sido manipuladas.

¿Por qué está detenida Suzanne Faugier?

Faugier fue detenida el 4 de junio de 2026 en Morelos y trasladada al penal femenil de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México. Un juez de control la vinculó a proceso por el presunto delito de uso de documento falso.

De acuerdo con la acusación de la parte denunciante, la investigación se relaciona con documentos elaborados en 2019 que contenían firmas atribuidas a Adela Micha sin su autorización. Entre ellos figuran un contrato de mutuo con garantía hipotecaria por un millón de pesos y un pagaré por un millón 240 mil pesos.

La defensa de Micha, a cargo del despacho Coello Trejo y Asociados, sostiene que Faugier habría falsificado las firmas para adquirir compromisos de deuda que, en conjunto, superarían los 2 millones 240 mil pesos. Según la información difundida sobre el caso, peritajes en grafoscopía detectaron irregularidades en las firmas examinadas.

La vinculación a proceso significa que un juez consideró que existen elementos suficientes para continuar la investigación judicial; no equivale a una sentencia condenatoria ni acredita por sí sola la culpabilidad de la imputada.

Faugier niega haber falsificado documentos y sostiene que los movimientos administrativos que realizó contaban con la autorización de Micha.

La segunda investigación por presunta administración fraudulenta

Además del expediente relacionado con los documentos y las firmas, Faugier enfrenta una segunda investigación por presunta administración fraudulenta, iniciada en diciembre de 2024.

De acuerdo con la acusación, entre octubre de 2023 y junio de 2024 habría cobrado más de un millón de pesos sin conocimiento ni autorización de Micha. Los recursos estarían relacionados con pagos de terceros para gestionar entrevistas en el canal La Saga.

La defensa de la comunicadora sostiene que esos movimientos generaron un perjuicio económico. Faugier, por su parte, rechaza las imputaciones y afirma que las operaciones administrativas se realizaron con autorización de su entonces empleadora.

El caso enfrenta así dos versiones opuestas: la de una excolaboradora que denuncia represalias después de reclamar una liquidación y la de una periodista cuya defensa sostiene que existen elementos para investigar presuntas irregularidades financieras y documentales.

La resolución dependerá de las pruebas que presenten ambas partes y de las determinaciones de los tribunales. Mientras tanto, Faugier permanece en prisión preventiva y busca que se revisen las medidas cautelares para enfrentar el proceso en libertad.