Lemus denuncia destrozos, pero evita aclarar señalamientos de presunta tortura policial

Por Mario Victorino

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, evitó responder directamente a los señalamientos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre una presunta coordinación entre grupos violentos y autoridades policiales, en el contexto de las protestas contra la mala calidad del agua y las denuncias de abuso policial registradas en Guadalajara.

En un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario de Movimiento Ciudadano centró su discurso en la presencia de supuestos grupos externos y en los daños registrados durante la manifestación del domingo 18 de octubre. Sin embargo, no aclaró los cuestionamientos relacionados con la actuación de los policías durante las detenciones del 11 de octubre en Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador.

La intervención de la CNDH en el caso abrió un nuevo frente de presión para la administración estatal, luego de que manifestantes detenidos denunciaran golpes, amenazas, insultos y otras presuntas agresiones dentro del inmueble.

Mientras Lemus sostiene que su gobierno modificó los protocolos de seguridad para evitar nuevos enfrentamientos, las víctimas y sus representantes legales reclaman que se investigue a los policías involucrados y se determinen las posibles responsabilidades de los mandos.

Lemus acusa a grupos externos y evita responder a la CNDH

En su pronunciamiento, Lemus afirmó que existen intereses políticos que buscan generar confrontación y desestabilizar a Jalisco. También insistió en que algunos de los participantes violentos no serían habitantes del estado, una explicación que ha utilizado anteriormente al referirse a protestas que terminaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

“No podemos permitir que a través de la violencia, el caos y la desestabilización, intereses políticos busquen apoderarse de Jalisco”, expresó el gobernador.

El mandatario llamó a cerrar filas para impedir que grupos violentos ingresen a la entidad y sostuvo que los ciudadanos de Jalisco quieren vivir en paz.

Sin embargo, el mensaje no respondió de manera directa a los señalamientos de la CNDH sobre una posible coordinación entre manifestantes violentos y autoridades policiales, ni aclaró qué elementos sustentan la afirmación de que los participantes señalados provienen de fuera del estado.

La discusión es relevante porque la actuación de las corporaciones de seguridad durante las manifestaciones también está bajo cuestionamiento. La presencia de personas que pudieran haber cometido actos vandálicos no elimina la obligación de las autoridades de investigar cualquier abuso policial y garantizar el respeto a los derechos humanos.

CNDH pone bajo la lupa las detenciones y los presuntos abusos

La CNDH atrajo el caso de las presuntas torturas y agresiones denunciadas por personas detenidas durante la protesta del 11 de octubre frente a Casa Jalisco.

Entre los aspectos que requieren esclarecimiento se encuentra la actuación de los agentes que participaron en las detenciones y el trato que recibieron las personas trasladadas al inmueble.

El organismo nacional también expresó suspicacias por la ausencia de reclamos de familiares de los detenidos y de quejas presentadas por las propias personas afectadas hasta el momento al que se refería su pronunciamiento. Esa circunstancia, por sí sola, no demuestra que no hubiera agresiones ni permite descartar las denuncias.

La investigación deberá determinar qué ocurrió durante los arrestos, si se respetaron los procedimientos legales, qué agentes participaron y si existieron actos de violencia o intimidación.

La atracción del caso representa un paso para revisar los hechos desde el ámbito nacional, aunque no constituye una resolución definitiva sobre la responsabilidad de los policías o de los mandos del gobierno estatal.

Víctimas denuncian golpizas y amenazas dentro de Casa Jalisco

La abogada y activista Alejandra Cartagena, quien acompaña a la defensa de personas procesadas por los hechos, señaló que los testimonios recabados coinciden en describir agresiones físicas y amenazas durante la detención.

De acuerdo con Cartagena, algunas personas denunciaron que fueron fotografiadas reiteradamente por policías, que les quitaron identificaciones y que sus teléfonos celulares fueron retenidos o devueltos dañados.

“Los chicos fueron golpeados, todo el tiempo amenazados, se les tomó de manera reiterada fotografías por diferentes policías”, relató la abogada al describir los testimonios de los detenidos.

Cartagena sostuvo que las presuntas agresiones dejaron consecuencias físicas y emocionales en las personas afectadas, quienes también enfrentan temor ante lo ocurrido.

Uno de los testimonios corresponde a Alejandra Rivas, quien aseguró que fue trasladada por la fuerza a Casa Jalisco y golpeada por agentes después de llegar al inmueble.

La mujer relató que recibió golpes con una macana y que varios policías la insultaron mientras permanecía detenida.

“Fue una brutalidad con la que me trataron que yo no lo podía creer, quedé en estado de shock”, narró al recordar las agresiones que, según su versión, sufrió durante el operativo.

Su testimonio forma parte de las denuncias que deberán ser contrastadas con otras declaraciones, registros de las detenciones, posibles grabaciones y demás elementos de prueba.

Las acusaciones plantean preguntas sobre el uso de la fuerza, la supervisión de los agentes y las condiciones en que fueron mantenidas las personas arrestadas.

Señalan actuación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Rivas también cuestionó la actuación de personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), que, según su relato, ingresó al lugar donde estaban los detenidos y solicitó sus datos personales, pero no tomó una declaración detallada sobre las presuntas agresiones.

La mujer dijo que esperaba tener la oportunidad de explicar los golpes y los insultos que denunciaba haber recibido, pero que el funcionario se limitó a preguntarle su nombre, edad y domicilio.

Su relato abre otra línea de cuestionamiento sobre la atención brindada a las personas detenidas y la forma en que se documentaron sus posibles quejas.

La actuación de la comisión estatal y el alcance de las diligencias que realizó deberán establecerse a partir de sus registros y de la información recabada por las autoridades competentes.

Segunda marcha contra el agua contaminada termina con destrozos

El domingo 18 de octubre, miles de personas participaron en una nueva movilización para exigir soluciones a los problemas de calidad y abastecimiento de agua en Jalisco, además de expresar su rechazo a la actuación del gobierno estatal.

La protesta terminó con daños en inmuebles públicos y mobiliario urbano. De acuerdo con el saldo preliminar difundido por el gobierno estatal, diez personas fueron detenidas y 15 policías resultaron con lesiones leves. Las autoridades estimaron en aproximadamente 15 millones de pesos los daños al Palacio de Gobierno y al mobiliario urbano.

Lemus aseguró que, en esta ocasión, el gobierno y los manifestantes pacíficos lograron evitar que los grupos violentos provocaran enfrentamientos generalizados.

El mandatario denunció la ruptura de tres puertas del Palacio de Gobierno, daños en vidrios, lanzamiento de piedras, destrucción de cámaras de seguridad y pintas en muros del Palacio y la Catedral de Guadalajara. También señaló que se lanzaron objetos explosivos contra las puertas del Congreso estatal y del Palacio de Justicia.

Estos hechos constituyen una línea de investigación distinta de las denuncias por presuntas agresiones policiales ocurridas una semana antes. La identificación de responsables por los daños no sustituye el esclarecimiento de la actuación de los agentes durante las detenciones del 11 de octubre.

Lemus reconoció previamente uso excesivo de la fuerza

Tras la primera protesta frente a Casa Jalisco, el gobernador reconoció públicamente que hubo uso excesivo de la fuerza y detenciones injustificadas por parte de elementos policiales, según las declaraciones difundidas el 13 de octubre.

El gobierno estatal había reportado 39 personas detenidas durante los enfrentamientos del 11 de octubre. Posteriormente, algunas de ellas enfrentaron procesos judiciales relacionados con los acontecimientos.

La abogada Alejandra Cartagena señaló que acompaña la defensa de seis personas vinculadas a proceso por estos hechos. La situación jurídica de cada detenido y las acusaciones que enfrenta deben distinguirse de las denuncias sobre el trato recibido durante su arresto.

El reconocimiento de excesos por parte del gobernador elevó las expectativas de que se investigara la actuación policial. No obstante, las víctimas reclaman que se esclarezcan los hechos, se identifique a los posibles responsables y se determinen las responsabilidades correspondientes.

La investigación también deberá establecer si existieron instrucciones de superiores, omisiones en la supervisión o fallas en los mecanismos de control de la fuerza pública.

Crece la disputa política alrededor de la CNDH

La intervención del organismo nacional ocurre en medio de una confrontación política por las protestas y la respuesta del gobierno de Jalisco.

De acuerdo con los señalamientos difundidos en el contexto del caso, cuentas en redes sociales identificadas por sus críticos como simpatizantes de Movimiento Ciudadano o automatizadas comenzaron a cuestionar a la CNDH antes de que avanzaran sus actuaciones. Sin una investigación específica sobre esas cuentas, no es posible establecer quién las controla ni afirmar que exista una operación coordinada del partido.

El conflicto político también se refleja en las diferencias entre el discurso del gobernador y los reclamos de los manifestantes. Mientras Lemus pone el acento en los daños materiales y la supuesta intervención de grupos externos, las víctimas y sus representantes piden que se esclarezcan las denuncias de violencia policial.

El desafío para las autoridades consiste en investigar ambos aspectos sin confundirlos: perseguir los posibles delitos cometidos durante las protestas y, al mismo tiempo, garantizar que los cuerpos de seguridad rindan cuentas por su actuación.

¿Qué sigue en la investigación contra policías de Jalisco?

La atracción del caso por parte de la CNDH coloca las denuncias de presuntas torturas en una instancia nacional de derechos humanos. El proceso deberá avanzar mediante la recopilación de testimonios, la revisión de registros oficiales y el análisis de las pruebas disponibles.

Entre las preguntas pendientes están qué ocurrió dentro de Casa Jalisco durante las detenciones, si las personas arrestadas tuvieron acceso efectivo a mecanismos para denunciar agresiones, qué actuaciones realizó la comisión estatal y si hubo responsabilidades individuales o de mando.

Hasta que las investigaciones concluyan, las denuncias deben tratarse como señalamientos que requieren esclarecimiento y no como responsabilidades ya acreditadas judicialmente.

La presión sobre el gobierno de Pablo Lemus continuará mientras las víctimas reclamen respuestas y la CNDH avance en la revisión de los hechos. El punto central será determinar si las autoridades garantizan una investigación efectiva, independiente y transparente sobre el uso de la fuerza durante las protestas de octubre.