Revelan relación del chofer de Guadalupe Taddei con empresa que obtuvo contratos electorales millonarios

Por Mario Victorino

El entorno de Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), vuelve a quedar bajo cuestionamiento luego de que una investigación de Reforma revelara que su chofer, Jonathan Navarrete Torres, figura como apoderado legal de Corporativo Zeg, una empresa proveedora de materiales electorales que ha sido objeto de investigaciones por presuntas irregularidades.

De acuerdo con la información publicada el 19 de octubre de 2026, Navarrete Torres recibió un poder general para pleitos y cobranzas de la compañía el 28 de junio de 2023, casi dos años antes de incorporarse al equipo encargado de trasladar a Taddei.

El caso adquiere relevancia porque Corporativo Zeg también tuvo como representante legal a Jesús Octavio García González, quien durante la gestión de Taddei ocupó la Dirección de Administración del INE hasta abril de 2026. La coincidencia entre representantes empresariales y funcionarios vinculados con el organismo abre interrogantes sobre posibles conflictos de interés, los controles internos y la transparencia en la contratación de proveedores.

¿Quién es Jonathan Navarrete Torres, el chofer de Taddei?

Jonathan Navarrete Torres está adscrito como conductor de la consejera presidenta del INE. Según los registros citados en el reportaje, el 28 de junio de 2023 recibió de Corporativo Zeg un poder general para pleitos y cobranzas.

Este tipo de instrumento jurídico puede facultar a una persona para representar a una empresa ante autoridades y participar en procedimientos judiciales o administrativos, dentro de los alcances establecidos en el documento.

La fecha es un elemento central: la representación empresarial se habría otorgado antes de que Navarrete se incorporara al equipo de la presidenta del organismo electoral, en abril de 2025.

Sin embargo, la investigación también señaló que en su declaración patrimonial del 30 de junio de 2026 no reportó esa representación legal. El documento, de acuerdo con la información publicada, consignó como empleo anterior su trabajo como conductor de Mercedes-Benz.

Este dato plantea preguntas sobre el alcance de sus obligaciones de declaración, la vigencia del poder y si las áreas responsables del INE conocían esa relación empresarial. Para determinar si existió una omisión sancionable sería necesario revisar la normativa aplicable, el contenido íntegro de la declaración y la situación jurídica del mandato.

La aparición de su nombre en los registros mercantiles no demuestra por sí sola que haya intervenido en la asignación de contratos del INE ni que haya cometido alguna irregularidad.

Corporativo Zeg y Cajas Graf, bajo la lupa por contratos públicos

El reportaje también coloca en el centro a Corporativo Zeg y Cajas Graf, empresas vinculadas con el suministro de materiales electorales y que han recibido contratos de organismos públicos.

Ambas compañías han sido mencionadas en investigaciones y procedimientos relacionados con presuntas irregularidades. Entre los antecedentes reportados se encuentran indagatorias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), revisiones de la Auditoría Superior de la Federación y un expediente abierto por la entonces Comisión Federal de Competencia Económica por posibles prácticas monopólicas.

Estos antecedentes deben distinguirse de una resolución definitiva: una investigación o la apertura de un expediente no equivalen, por sí mismos, a una sentencia ni acreditan automáticamente la comisión de un delito.

La importancia del caso radica en que las empresas participan en un mercado relacionado con la organización de elecciones y el suministro de materiales utilizados por las autoridades electorales. Por ello, la asignación de contratos y las relaciones entre proveedores y funcionarios requieren controles que permitan prevenir conflictos de interés y garantizar condiciones de competencia.

El exdirector de Administración del INE que también representó a las empresas

Otro nombre relevante es el de Jesús Octavio García González, quien apareció como representante legal de Corporativo Zeg y Cajas Graf y posteriormente ocupó la Dirección de Administración del INE durante la presidencia de Guadalupe Taddei, hasta abril de 2026.

La coincidencia entre su trayectoria empresarial y su posterior responsabilidad administrativa en el organismo ya había generado cuestionamientos públicos sobre posibles conflictos de interés.

En febrero de 2026, una investigación periodística también puso el foco en los antecedentes de García González como representante de empresas proveedoras de materiales electorales. Otro reporte, publicado en abril, documentó contratos asignados a compañías relacionadas con él por parte de autoridades electorales estatales.

La cuestión central es si existieron mecanismos suficientes para identificar, declarar y gestionar posibles incompatibilidades entre actividades privadas anteriores y responsabilidades públicas posteriores. Para establecer si hubo una infracción se requiere conocer las funciones desempeñadas, las fechas de los vínculos empresariales, las decisiones en las que participó y las resoluciones de las instancias de control competentes.

Contratos millonarios en Oaxaca y Chihuahua

Entre los antecedentes mencionados en las investigaciones periodísticas figuran adjudicaciones realizadas por organismos electorales estatales antes de que algunas de sus funcionarias llegaran a ocupar cargos en el INE.

En Oaxaca, Corporativo Zeg recibió un contrato reportado por alrededor de 32 millones de pesos durante el periodo en que Iliana Araceli Hernández Gómez se desempeñaba como secretaria ejecutiva del instituto electoral local. Posteriormente, Hernández Gómez fue nombrada para ocupar una responsabilidad dentro de la estructura del INE.

En Chihuahua, Cajas Graf obtuvo en 2021 un contrato de aproximadamente 33.9 millones de pesos, cuando Claudia Arlett Espino encabezaba el organismo electoral estatal. Años después, Espino llegó a la Secretaría Ejecutiva del INE.

Estos antecedentes han alimentado las preguntas sobre las relaciones entre proveedores de materiales electorales y funcionarios que posteriormente coincidieron en la estructura nacional del instituto.

No obstante, las adjudicaciones deben analizarse a partir de los expedientes correspondientes: quiénes participaron en cada procedimiento, qué criterios se utilizaron, quién autorizó los contratos y si alguna autoridad determinó irregularidades. La existencia de contratos previos o de relaciones profesionales no acredita automáticamente una conducta ilegal.

La camioneta BMW blindada utilizada por Guadalupe Taddei

La investigación de Reforma también recuperó otro episodio relacionado con los recursos y los medios de transporte utilizados por la consejera presidenta.

Según el reportaje, entre finales de 2025 y abril de 2026 Taddei se trasladó en una camioneta BMW blindada que no pertenecía a la flota vehicular del INE.

La consejera presidenta explicó que el vehículo que tenía asignado, una Chevrolet Captiva, se había descompuesto y que la BMW era prestada. De acuerdo con la publicación, no quedó aclarado si el préstamo tenía alguna relación con la empresa proveedora señalada en la investigación.

Para esclarecer este punto sería necesario conocer quién era el propietario del vehículo, bajo qué condiciones se prestó y si existió alguna relación contractual o empresarial con proveedores del organismo. Sin esa información, no es posible establecer un vínculo directo entre el uso de la camioneta y la adjudicación de contratos.

Transparencia y posibles conflictos de interés en el INE

Los señalamientos colocan bajo escrutinio los controles de contratación, las declaraciones patrimoniales y los procedimientos para prevenir conflictos de interés dentro del organismo electoral.

El INE administra recursos públicos y tiene entre sus responsabilidades organizar procesos electorales con certeza, legalidad e imparcialidad. Por ello, las relaciones entre sus funcionarios, trabajadores y proveedores deben poder revisarse mediante documentación verificable y mecanismos institucionales de rendición de cuentas.

En este caso, las preguntas pendientes incluyen si el poder otorgado a Jonathan Navarrete Torres seguía vigente cuando se incorporó al equipo de Taddei; si la representación debía declararse conforme a las reglas aplicables; qué relación tuvo García González con las empresas durante su paso por el instituto y si las autoridades competentes han determinado alguna responsabilidad.

Hasta que se conozcan respuestas documentadas y, en su caso, resoluciones oficiales, los vínculos revelados deben entenderse como señalamientos que ameritan aclaración, no como prueba concluyente de corrupción.

La investigación vuelve a poner el foco en la relación entre empresas proveedoras de materiales electorales y personas que han ocupado puestos dentro de las instituciones responsables de organizar los comicios. El esclarecimiento dependerá de la revisión de los contratos, los registros mercantiles, las declaraciones patrimoniales y las actuaciones de los órganos de control.