Corrupción bajo la lupa: 517 denuncias contra funcionarios y 53 vinculados a proceso
En dos años, 53 servidores públicos fueron vinculados a proceso por corrupción; el gobierno reporta 4 mil 193 sanciones y 83.8 mil mdp protegidos.
Por Mario Victorino
La administración federal informó que 53 servidores públicos han sido vinculados a proceso penal por delitos relacionados con actos de corrupción durante los primeros dos años del actual gobierno, de acuerdo con el balance presentado por la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), Raquel Buenrostro.
Durante la conferencia realizada en Palacio Nacional, la funcionaria explicó que en este periodo se han presentado 517 denuncias contra servidores públicos ante la Fiscalía General de la República (FGR), de las cuales 53 derivaron en vinculaciones a proceso.
Buenrostro señaló que entre los delitos detectados se encuentran enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude y peculado.
La cifra forma parte de un informe sobre las acciones emprendidas por el gobierno federal en materia de prevención, investigación y sanción de posibles actos de corrupción.
Más de 4 mil servidores públicos fueron sancionados
Además de las denuncias penales, la Secretaría reportó 4 mil 193 servidores públicos sancionados administrativamente durante los dos primeros años de la administración.
De ese total, 3 mil 528 corresponden a faltas no graves, mientras que 665 fueron sancionados por faltas graves.
Entre las principales irregularidades detectadas aparecen el otorgamiento o autorización de pagos indebidos, la sustracción de información bajo responsabilidad de los funcionarios y la autorización de pagos por bienes o servicios que no fueron entregados.
También se identificaron compras consideradas injustificadas, falsificación de documentos, así como casos de hostigamiento y acoso sexual.
La separación entre sanciones administrativas y procesos penales es relevante: no todas las faltas administrativas constituyen delitos, aunque algunas conductas pueden generar simultáneamente responsabilidades administrativas y penales.
Mil 737 casos fueron enviados al Tribunal Federal
Buenrostro también informó que mil 737 servidores públicos fueron enviados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para continuar con los procedimientos correspondientes.
De esos expedientes, 87 ya habían sido notificados como sancionados, mientras que otros mil 650 permanecían en proceso al momento de presentar el informe.
El dato muestra que una parte importante de los procedimientos administrativos todavía no había concluido y que las resoluciones podían encontrarse en diferentes etapas.
Empresas y particulares también fueron sancionados
Las acciones de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno no se limitaron a funcionarios públicos.
De acuerdo con el informe, durante el periodo también fueron sancionadas 286 personas morales. De ellas, 222 recibieron inhabilitación acompañada de multa, mientras que 64 fueron sancionadas únicamente con multas.
Las sanciones económicas impuestas a estos particulares permitieron obtener 147.3 millones de pesos.
Entre las conductas detectadas se encuentra la presentación de documentación falsa, el incumplimiento de contratos y la falta de entrega de bienes o servicios en los tiempos y condiciones pactados.
También se identificaron casos en los que empresas habrían simulado contar con experiencia técnica, personal calificado, capacidad económica o infraestructura suficiente para cumplir con determinados contratos.
Otro de los problemas señalados fue el ocultamiento de conflictos de interés.
Millones en multas por manejo de datos personales
La funcionaria también reportó sanciones relacionadas con particulares que tienen bajo su responsabilidad datos personales.
En este rubro se han impuesto 118.5 millones de pesos en multas y se ha sancionado a 51 personas.
El dato se suma a los recursos obtenidos mediante las sanciones aplicadas a empresas y particulares por otras infracciones administrativas.
517 denuncias llegaron a la Fiscalía
Uno de los datos centrales del informe corresponde a las 517 denuncias presentadas contra servidores públicos ante la Fiscalía General de la República.
De ese universo, 53 servidores públicos fueron vinculados a proceso penal.
Buenrostro explicó que algunas faltas administrativas pueden constituir delitos, por lo que los expedientes no necesariamente terminan únicamente en procedimientos administrativos.
“Algunas faltas administrativas son delitos y van acompañados no sólo a tribunales para sanción administrativa, sino que se envían denuncias a la Fiscalía General de la República”.
Entre los delitos identificados en las investigaciones se encuentran el enriquecimiento ilícito, el uso ilícito de atribuciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude y peculado.
Una vinculación a proceso, cabe señalar, significa que un juez determinó que existen elementos para que una persona sea sometida a un proceso penal; no equivale por sí misma a una sentencia condenatoria.
Gobierno reporta protección de 83.8 mil millones de pesos
Además de las sanciones y denuncias, el gobierno federal destacó las acciones de prevención.
Según el informe presentado por Buenrostro, las medidas implementadas durante estos dos años permitieron proteger 83.8 mil millones de pesos.
La cifra se distribuye en diferentes áreas de la administración pública.
Los procesos de mejores compras representaron 29 mil millones de pesos; el seguimiento a la administración de contratos permitió identificar otros 42.2 mil millones de pesos; las sanciones representaron 4.8 mil millones, mientras que las medidas de eficiencia en la organización gubernamental alcanzaron 7.8 mil millones de pesos.
La Secretaría plantea estos recursos como dinero protegido mediante acciones preventivas para evitar pérdidas, sobrecostos o usos ineficientes dentro de la administración pública.
Las irregularidades que más se repiten
El balance presentado por la Secretaría muestra que las conductas investigadas abarcan diferentes momentos del funcionamiento gubernamental.
Entre servidores públicos aparecen casos relacionados con pagos indebidos, contratación o adquisición de bienes y servicios, manejo de información, falsificación documental y conductas de hostigamiento o acoso sexual.
En el caso de empresas y particulares, las irregularidades están principalmente relacionadas con documentación falsa, incumplimiento de contratos, simulación de capacidades técnicas o económicas y conflictos de interés.
La información presentada por Buenrostro coloca la prevención como uno de los principales componentes de la estrategia anticorrupción, con énfasis en compras gubernamentales, supervisión de contratos y reorganización administrativa.
El balance también muestra que una parte de los casos detectados trasciende el ámbito administrativo y llega a instancias penales cuando las autoridades consideran que existen elementos para investigar posibles delitos.
Con 517 denuncias presentadas ante la FGR y 53 vinculaciones a proceso, además de más de cuatro mil sanciones administrativas, el gobierno federal reportó los resultados de sus primeros dos años de acciones contra posibles actos de corrupción.
La efectividad final de estas medidas dependerá también de la conclusión de los procedimientos administrativos y judiciales que permanecen abiertos, así como de las resoluciones que determinen responsabilidades en cada expediente.